Pontevedra declara 'persona non grata' al consejero delegado de Ence con el voto en contra del PP

El Ayuntamiento de Pontevedra ha decalardo persona non grata al consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares. Lo ha hecho con el voto a favor de BNG y PSdeG -que conforman la coalición de gobierno- y en contra de PP y el edil no asdscrito, antes en Ciudadanos. De Colmenares había advertido en una reunión interna que transcendió a través de un vídeo de la posibilidad de “un susto medioambiental mayúsculo que puede afectar a las personas” si no realizaban inversiones, que condicionaba a la retirada de un artículo de la Ley de Cambio Climático del Gobierno central y a mantener la ubicación de la fábrica en la ría hasta 2073. Sus palabras motivaron la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. Ence afirmó que habían sido sacadas de contexto y que las instalaciones eran totalmente seguras.

El BNG también acusó al directivo de la celulosa de “dirigir y permitir un escrache violento” contra el alcalde de la ciudad, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, el pasado 11 de marzo. La protesta corrió a cargo de un grupo de trabajadores de la empresa y según el concejal del Bloque César Mosquera hubo “riesgo real para la integridad física” de Lores. Mosquera calificó aquellos hechos como “Ence borroka” y considera que “se pisaron todas las líneas rojas” al tener que salir los representantes municipales escoltados por la Policía Local.

El Partido Popular se desvinculó de la protesta, que consideró “de todo punto inaceptables”. Su portavoz, Rafa Domínguez, aseguró que su partido “defiende los puestos de trabajo” y que la declaración de persona non grata le parece “poco apropiada” ante una posible mesa de negociación en la que “él va a tener que estar sentado en ella”. La misma sesión del pleno aprobó una moción del ejecutivo local para “trabajar de manera conjunta para el traslado de la factoría de la ría, única forma de garantizar su viabilidad y el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

En 2016, Mariano Rajoy también fue declarado non grato por la corporación pontevedresa, después de que su gabinete -en funciones- blindase la concesión a la pastera hasta 2073.