Rueda se distancia del protocolo antiabortista de Vox tras decir que el plan “respeta los derechos de las mujeres”

La primera reacción del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuando le preguntaron su opinión sobre el protocolo antiabortista propuesto en Castilla y León fue la de asumir las declaraciones que había hecho su compañero de partido y jefe del Ejecutivo en la comunidad vecina, Alfonso Fernández Mañueco, para defender que las medidas -que Vox había concretado y pasaban por ofrecer a las mujeres escuchar el latido del feto- “respetan tanto los derechos de las mujeres como los de los sanitarios”. Eso ocurrió el pasado lunes. En la siguiente ocasión que se pronunció al respecto, Rueda tomó, sin embargo, distancia. Y volvió a alejarse este jueves.

En lo que de él depende como presidente de la Xunta, dijo, este tipo de medidas “bajo ningún concepto tienen cabida”. Rueda se ha alineado con los argumentos fijados esta semana por el PP con el avance de una polémica que le resulta especialmente incómoda por las sensibilidades que hay dentro de la formación. El máximo responsable del Gobierno gallego ha pasado a cargar las tintas contra el Ejecutivo central -“Parece que tenían muchas ganas de que fuera real”- y a escudarse en que no hay un protocolo aprobado. “No tiene sentido hablar de algo que no existe”, razona.

En Galicia, en donde la aplicación del derecho al aborto no ha estado exenta de problemas y fallos, está en vigor una ley -la primera aprobada después de lograr Alberto Núñez Feijóo por primera vez una mayoría absoluta en la comunidad- que establece una “red de apoyo a la mujer embarazada”. En el texto legal, nacido como una iniciativa del Foro Español de la Familia, una organización de posturas antiabortistas, se señala que el objetivo es “garantizar el derecho de la mujer gestante a culminar su embarazo” y a ser informada de “del derecho a la vida en formación desde la concepción”. Al amparo de la Xunta, los centros de Red Madre han obtenido en los últimos cuatro años una financiación pública de casi 300.000 euros en Galicia.