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Los profesionales de la salud mental cuestionan el plan de la Xunta que no frena la tasa de suicidios

Una consulta de salud mental

Luís Pardo

Santiago de Compostela —

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“El Parlamento de Galicia insta a la Xunta a mantener su compromiso con la atención a los problemas de salud mental procediendo a completar la implantación del Plan de Saúde Mental 2020-2024 y a realizar una evaluación de su cumplimiento”. Esta es la número 28 de las 40 propuestas de resolución para el debate sobre el estado de la Autonomía que el PP ha presentado este martes, Día Mundial de la Salud Mental, en el Parlamento de Galicia. En ella se solicita también que, una vez alcanzadas las conclusiones del plan vigente, se comience a redactar uno nuevo para el período 2025-2029 que “avance de una forma decidida en la prestación de atención psicológica en atención primaria”. Un objetivo en el que también insistía, a través de redes sociales, el presidente Alfonso Rueda.

Sin embargo, para el Movemento Galego pola Saúde Mental (MGSM), queda claro que el “plan poscovid” resultó “insuficiente” para alcanzar los propósitos fijados. “No se redujo el impacto de los problemas de salud mental ni las tasas de suicidio”, dice. Son dos cuestiones, junto a la del consumo de psicofármacos, en las que Galicia continúa en cabeza del Estado sin que se hayan registrado “avances”. Denuncian que la propuesta “estrella” de la Xunta para prevenir el suicidio juvenil es un programa para desarrollar en los centros escolares “que se anunció hace más de un año y a estas alturas de curso todavía no se inició, a la espera de reclutar profesionales voluntarios para desarrollar un programa piloto de investigación”.

El MGSM echa en falta un “modelo global” que “intervenga de forma integral” pero también “autocrítica” por parte de la Xunta, algo que redunda “en una presentación distorsionada de la naturaleza de los problemas”. Sin salir del Parlamento, citan un argumentario “esgrimido recientemente” por una diputada del PP para explicar el aumento de suicidios en Galicia. “Se debía”, dicen, “a que estos se producen con mayor frecuencia en municipios de menos de 10.000 habitantes”. Recuerdan que también se asocian al envejecimiento de la población, lo que supone “mezclar descripciones estadísticas con causas”.

El lema de la jornada, 'La salud mental es un derecho humano universal', choca, a su entender, con la falta de respuesta institucional. “Se vulnera el derecho de las personas con problemas de salud mental a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad” y no se solucionan los problemas relacionados con la vivienda. Por eso, vivir en un hospital psiquiátrico o en una residencia son prácticamente la única alternativa y las denuncias sobre el estado de los que optan por estas soluciones demuestran el “fracaso de las políticas sociales”.

El MGSM ha propuesto una auditoría sobre la situación de las personas que viven en residencias y la creación de una comisión de investigación en la cámara gallega para saber cuántos se vieron afectados por los llamados “planes de reubicación residencial”, una forma eufemística de referirse a la decisión de la Xunta de internar a pacientes psiquiátricos de menos de 65 años en residencias para mayores que no cuentan con personal especializado.

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