El TSXG le da un mes a la Xunta para cumplir las sentencias del decreto y Feijóo dice que ya lo hace
A la Justicia no le sirve la 'flexibilidad' de la Xunta. El Gobierno gallego decidió no recurrir las sentencias que ilegalizaron parte del denominado decreto del plurilingüismo y presentó una “versión mejorada” del texto supuestamente adaptada a la legalidad. Sobre el papel, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo atendió las exigencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pero este no considera lo mismo. Eso es, al menos, lo que estipula en un auto emitido a raíz del recurso contencioso administrativo interpuesto por CIG-Ensino y la Mesa pola Normalización Lingüística: la Xunta tiene el plazo “improrrogable” de un mes para cumplir con sus deberes.
Sobre todo, el alto tribunal señala que ya han pasado más de dos meses desde que dictaminó la ilegalidad parcial del decreto y no le “consta” que la sentencia fuera “ejecutada totalmente”. Esto quiere decir que los magistrados no tienen constancia de que la Consellería de Educación renunciara a condicionar el reparto de materias entre idiomas al resultado de una encuesta entre las familias del alumnado ni que eliminara la supuesta libertad de que niños y niñas hablen el idioma que consideren oportuno con independencia de la lengua en la que se imparta la materia. Visto el panorama, el TSXG dispone la “ejecución forzosa” del dictamen.
En este contexto, la Xunta aún tiene un plazo de cinco días para impugnar, por la vía del recurso de reposición, un auto en el que además es advertida de las posibles consecuencias de seguir obviando la sentencia. “Se podrán adoptar las medidas necesarias para lograr” la “efectividad” de la anulación de los artículos del decreto, subrayan, junto a la advertencia de que se “podrán imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a las que haya lugar”. Del mismo modo, el Tribunal se reserva la potestad de “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad que haya podido corresponder”, derivada de la actuación de Educación.
Feijóo insiste en su “respeto” a la Justicia, pero también en la encuesta
Apenas una hora después de que Mesa y CIG dieran a conocer en rueda de prensa el nuevo dictamen judicial, el propio Feijóo lo valoraba ante los periodistas al final de la reunión semanal de su Gobierno. En la línea de lo sucedido tras anteriores varapalos judiciales, el presidente se declara “absolutamente respetuoso con el Estado de Derecho y la Justicia”. “Aceptamos las sentencias, aceptamos los autos y las decisiones judiciales” y por eso la Consellaría de Educación “mirará ese auto y lo adecuará, conforme a lo que en ese auto se concrete, una vez asesorados con la Asesoría Jurídica”. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se empeña en no renunciar a su encuesta: “lo que entendemos que dice es que esa encuesta no puede ser vinculante” y desde la Xunta “simplemente preguntamos”.
Mientras desde San Caetano Feijóo raya la tentación de equiparar su encuesta con la situación política catalana, toda vez que le parece “una singularidad” que se ponga en tela de juicio “preguntar lo que opinan” las familias “cuando en otras comunidad se está discutiendo si tienen derecho a romper con la Constitución”, las entidades impulsoras del recurso, además de manifestar “alegría por la respuesta” del TSXG, instan, en palabras de Carlos Callón, a que la Xunta “no persista en su actuación chulescamente ilegal y canallescamente incívica. ”Llevamos años recordándole que tiene que cumplir con su deber de defender a nuestro idioma“ y él, censura, sigue ”riéndose de la Justicia“.
“Estamos ante un consejero de Educación que incumple sistemáticamente las resoluciones judiciales”, agrega Anxo Louzao, de CIG- Ensino, quien insta a Jesús Vázquez a abandonar la actitud de “desacato e insumisión permanente”. El TSXG, dice, “declaró ilegal el decreto en sus aspectos más fundamentales, nos vimos obligados a recurrir para que la Consellería acatara” y ahora, una vez “constatado que no cumple”, la Justicia “lo obliga a hacerlo” de nuevo. En conclusión, dice Louzao, lo que hace falta es derogar ya“ el decreto plurilingüe.
