Los vecinos de As Conchas piden a la Justicia que obligue a cumplir la sentencia por la contaminación de las macrogranjas
Hace más de un año que los tribunales les dieron la razón y seis meses desde que lo confirmó el Tribunal Supremo: los derechos fundamentales de los vecinos de As Conchas (Lobeira, Ourense) se ven vulnerados por la inacción de la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) con respecto a la degradación que la contaminación de las macrogranjas provoca en el embalse. Pero denuncian que nada ha cambiado, de modo que han decidido dar un paso más y presentar una demanda para la ejecución forzosa de la resolución judicial.
“Seguimos igual. Estamos como hace un año, cinco años o diez años”, dice Mercedes Álvarez, una de las residentes en As Conchas que promovió el procedimiento por vulneración de derechos fundamentales junto a varios de sus vecinos y con el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Han esperado unos meses, pero consideran que las administraciones han tenido tiempo ya de cumplir de forma voluntaria y no lo han hecho.
“Nuestro fin no es ganar una sentencia, sino recuperar el embalse, así que seguiremos peleando”, dice Álvarez. Mientras conversa por teléfono con elDiario.es sube una de las persianas de su vivienda, desde la que se ve el agua: “Aún esta mañana me decía mi hija que está todo todavía más verde [el color del que se tiñen las aguas con las proliferaciones de cianobacterias]”. Considera que la situación sigue “fatal”, como en la presa de Lindoso, aguas abajo, en territorio portugués, y como asegura que empieza a ocurrir en la de Salas, también en la provincia de Ourense. Este año cree que no han padecido tanto los malos olores, pero duda de si han sido menos intensos o es que “el ser humano se acostumbra”. Relata que sigue sin acercarse al agua: “Hace años que vivimos como si no tuviésemos un embalse ahí. Bueno, no, no vivimos como si no estuviese, vivimos con miedo a él”.
Mercedes Álvarez forma parte del grupo de vecinos que llevan años movilizándose para pedir que se ponga freno a una situación que hace que en el agua haya hasta 97 millones de bacterias peligrosas por litro. En el proceso judicial lograron que les diesen la razón y los tribunales -primero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y luego el Supremo- consideran que están vulnerados el derecho a la vida, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad, en relación con el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y con el derecho humano al agua.
La resolución responsabiliza a las administraciones públicas por no haber actuado en el caso de la contaminación de la ganadería industrial que afecta a la cuenca del río Limia y ordena a la Xunta y la CHMS -dependiente del Gobierno central- que adopten las medidas necesarias para detener la degradación ambiental de As Conchas y garantizar el abastecimiento de agua limpia y segura.
Nieves Noval, abogada de ClientEarth, señala a través de un comunicado que las administraciones han tenido oportunidad de cumplir la sentencia de forma voluntaria, pero no lo han hecho. Por ello se registra la petición ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que la haga cumplir. “Los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado”, señala.
Las organizaciones que se han implicado en el proceso indican que, hasta ahora, las únicas actuaciones comunicadas son el pago de las indemnizaciones que reconoce la sentencia, algunas inspecciones a explotaciones ganaderas y tomas de muestras para evaluar la calidad del agua. Consideran que esto es insuficiente para cumplir la sentencia y recalcan que, de hecho, no ha habido mejoría y se han seguido registrando episodios de proliferación de cianobacterias potencialmente tóxicas. Siguen la contaminación y los olores pestilentes y hay indicios de que la afectación se extiende aguas abajo, hasta Lindoso.
Medidas concretas
Lo que piden ahora es la ejecución de la sentencia, para lo que señalan que se deben poner en marcha medidas concretas por parte de las administraciones que ya se recogían en la decisión judicial, como estudios ambientales y sanitarios, programas permanentes de seguimiento de la calidad del agua, sistemas de información a la población, vigilancia de la contaminación y medidas para reducir la presión en la cuenca. Añaden que debería declararse A Limia zona vulnerable a la contaminación por nitratos, piden que se aplique una moratoria que impida abrir nuevas explotaciones ganaderas industriales o ampliar las existentes mientras no se resuelva el problema, sistemas reforzados de vigilancia de las aguas, protocolos de alerta rápida a la población y seguimiento de los episodios de cianobacterias, olores y otros impactos sobre la salud y el entorno.
También exigen plazos concretos y que se determinen responsables e indicadores objetivos de cumplimiento, además de que las administraciones informen periódicamente de las medidas adoptadas para que puedan verificarse los avances.
En las administraciones “se echan la culpa unos a otros”
La coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, avisa de que retrasar el cumplimiento de la sentencia “pone en peligro a la población de la zona y demuestra una gran falta de responsabilidad”. Por su parte, el director de CECU, David Sánchez, señala que la respuesta de las administraciones “no puede ser mirar para otro lado o echarse la culpa unos a otros”.
En junio, cuando estaba a punto de cumplirse un año desde la sentencia, la Confederación Hidrográfica señalaba a esta redacción que había puesto en marcha medidas de seguimiento de la calidad de las aguas y había intensificado la vigilancia sobre posibles vertidos y acumulaciones de purines. Señalaba a la Xunta, como administración responsable de autorizar las actividades contaminantes. Por su parte, en este tiempo el Gobierno gallego apenas se ha pronunciado sobre el asunto. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se limitó a lamentar que no estaba habiendo la “coordinación” que le gustaría con la CHMS. La Xunta sacó a exposición pública a mediados de agosto el decreto sobre la contaminación por nitratos que tiene pendiente. Varias organizaciones ecologistas lo han calificado ya como un “no-decreto” porque consideran que supone “enrocarse en negar” la contaminación de la ganadería industrial.