VÍDEO | Beiras, expulsado del Parlamento por increpar a un diputado del PP

El portavoz parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xosé Manuel Beiras, acabó expulsado del pleno del Parlamento gallego, tras un debate en el que la formación propuso el rescate del nuevo Hospital de Vigo, a través del pago de los 70 millones de euros que aportaron las concesionarias privadas, para evitar -dijo- el “peaje en la sombra” que esta instalación supone para las cuentas públicas gallegas. Hasta el año 2034 la Xunta deberá pagar más de 1.300 millones de euros en forma de canon anual.

En su segunda intervención, tras la réplica del popular Javier Dorado, Beiras se dirigió a los diputados del PP, a los que les dijo que “su derrota es inexorable, con Beiras o sin Beiras, por la ciudadanía que está harta de ustedes. Lo saben y por eso están amarrados ahí”. “Ustedes anteponen su enfeudamiento con los sátrapas que estafan a toda la ciudadanía del Estado español, esos corruptos, a sus deberes con los ciudadanos y ciudadanas que los votaron. Por eso se van a llevar un buen golpe y entre todos los echaremos del país”, concluyó. En ese momento, y encaminándose hacia el exterior del hemiciclo, increpó en su escaño al portavoz del PP, Miguel Tellado. El presidente de la cámara, Miguel Santalices, llamó a Beiras al orden y lo expulsó aplicando el artículo 108 del reglamento de la cámara (promover “desorden grave con su conducta”). El portavoz de AGE pierde durante 15 días sus derechos parlamentarios, por lo que en este tiempo se quedará sin la mitad de su salario y no podrá asistir a las sesiones de la cámara.

La expulsión de Beiras desvió y al mismo tiempo atrajo de forma sobresaliente la atención sobre el debate que acababa de producirse, en el que AGE realizó una propuesta detallada para el rescate de la gestión del hospital vigués, apostando por comprar la Sociedad Concesionaria Nuevo Hospital de Vigo, aportando los 70 millones que han pagado las empresas que la conforman (Puentes y Calzadas, Acciona, Veolia y Concessia Cartera), la cantidad que figura en el balance de la sociedad como diferencia entre el valor del activo y el valor del pasivo exigible. Según destacó Beiras, la propuesta es incluso generosa con estas empresas, pues existen numerosas razones que “justifican la anulación del contrato”, entre ellas los retrasos en el final de las obras (las empresas tenían que entregarla en 31 meses y tardaron 46).

El pago de esta cantidad evitaría un largo proceso judicial que a buen seguro se produciría en caso de anular el contrato y, además, busca evitar el “peaje en la sombra” que esta instalación supone para las cuentas públicas gallegas. Beiras recordó que el propio Consello de Contas, en un informe de 2012, alertaba de que el sistema de financiación del hospital de Vigo “comprometía las cuentas del Sergas”, pues hasta el año 2034 la Xunta deberá pagar más de 1.300 millones de euros en forma de canon. Hay que destacar que en el último año la deuda sanitaria de Galicia se ha incrementado en un 133%, pasando de los 176 millones de euros de diciembre de 2014 a los 411 millones de diciembre de 2015. En este 2016 la Xunta deberá pagarle a la empresa concesionaria del hospital de Vigo un total de 69 millones de euros, 42 por los plazos pendientes de la factura de la construcción del centro y otros 27 como canon por la prestación de servicios no clínicos. Las deficiencias en el servicio prestado en el área sanitario de Vigo llevaron a la calle a casi 200 mil personas el pasado mes de septiembre, en una de las mayores manifestaciones de los últimos años en la ciudad

Los casi 70 millones de euros que AGE propuso invertir corresponden a los 31.523.000 euros del capital social de la concesionaria más otros 38.004.303 de las aportaciones complementarias por vía de crédito que las empresas han realizado a la concesionaria. La propuesta de AGE incluso contempla el pago de unos intereses del 2,5% por el tiempo que ha mediado desde la inversión de los socios hasta su reembolso por la Xunta. Todos los grupos de la oposición (PSdeG-PSOE, BNG y Grupo Mixto) apoyaron la propuesta de AGE, frente al voto negativo del PP, con mayoría absoluta en la cámara.

En este 2016 (antes del mes de septiembre) la Comisión Europea estudiará la denuncia presentada por la Asociación Gallega de Defensa de la Sanidad Pública (AGDSP) por posibles ilegalidades en la adjudicación del Nuevo Hospital de Vigo por parte de la Xunta, empleando la fórmula de financiación pública-privado. Tras conocerse el inicio de la investigación europea José Emilio Santiago (AGDSP) destacaba que “si se abre un procedimiento de infracción, tenemos las bases puestas para exigir la reparación de la legalidad y para proceder a un rescate de la concesión” y que “lo mejor que podría hacer la Xunta sería rescatar el hospital para el sistema sanitario público, que no sería tan caro, pues la mayor parte de la financiación es pública”. Hace tan sólo un mes 300 médicos del propio hospital reclamaron, con el apoyo de la AGDSP, el rescate de la concesión del centro y la recuperación del proyecto original para superar los problemas que presentan las instalaciones bajo el modelo público-privado.