Amnistía urbanística: no es la letra, es la música

Agosto, mes tranquilo por excelencia, está resultando bastante más agitado de lo previsto. Se suceden en los medios de comunicación las propuestas salvadoras que han de solucionar, de un plumazo, todos los problemas de acceso a la vivienda que sufren nuestras islas. Conozco mejor que nadie -y no es falsa modestia- la magnitud del problema, su difícil solución y las perspectivas a futuro, que no resultan en absoluto halagüeñas. Tal es la sombra de esa cantidad de globos sonda lanzados desde Palma por el nuevo Govern que podría acabar con el cambio climático que niegan sus socios.

El miembro más mediático de dicho Govern, la consejera Marta Vidal, que amenaza con eclipsar a la propia Marga Prohens después de comerle todo el terreno de juego al portavoz y vicepresidente, Antoni Costa, combina con elegancia la denuncia furibunda y la liberación de globos sonda bien hinchados. Sorprende que en tan poco tiempo haya sido capaz de dar con la piedra filosofal de la vivienda: las amnistías.

Primero, una amnistía fiscal preventiva, cuya diferencia será imperceptible para los baleares de a pie, y que ya se ha ejecutado vía decreto-ley. Explicaban desde el Govern que el problema de vivienda se daba porque las familias no podían aceptar las herencias por su elevada carga fiscal... Pagar 7.000 € en impuestos por aceptar un patrimonio neto con un valor de casi un millón de euros no parece excesivo. Pero la realidad es obstinada: se renuncia a las herencias cuando estas tienen más deudas que activos y, por lo tanto, un valor neto negativo. Poco tiene que ver con los impuestos. Como nota al pie para los lectores más agudos, la supresión del impuesto de sucesiones también se aplica en herencias en las que no hay ni una vivienda. Ya veremos cómo cuadran una pérdida de ingresos cercana a los 100 millones de euros anuales… Además, que la solución al problema de vivienda sea esperar a la defunción de algún familiar con casa propia no parece una propuesta elegante ni generalizable.

En cualquier caso, la que me parece de verdad preocupante es la nueva propuesta de amnistía: una amnistía urbanística urbi et orbe. Anunciada el pasado fin de semana, es -a decir de sus impulsores- la panacea definitiva al problema de vivienda. Y quizás, solo quizás, no solo al problema de la vivienda.

Pese a que, según la Sra Vidal, no hay ni una línea escrita del texto legal que ha de sustentar la medida, ya nos ha llegado su funcionamiento básico: tras el mínimo greenwashing de unas obras de mejora de la eficiencia energética, todo edificio podrá legalizarse mediante el simple pago de dinero. Muy práctico, ¿no es cierto?

De golpe, centenares de construcciones ilegales pueden pasar a ser legales pagando. No deja de ser un impuesto de legalización urbanística de difícil justificación y que, como siempre, beneficiará a quien más tiene. De confirmarse esta medida, los propietarios de estos edificios ilegales verán como, de la noche a la mañana, el valor de sus propiedades fuera de ordenación se multiplica. Una nueva plusvalía generada vía decreto-ley que premiará de forma generosa a quien ha incumplido a sabiendas la ley.

¿Es este el tipo de incentivo que queremos promocionar? No se trata de la letra de la amnistía urbanística que, como nos explican, todavía no se ha redactado. No, señora Vidal: se trata de la música. Durante décadas estas islas han hecho un esfuerzo por dejar atrás las malas prácticas del pasado. Hemos desarrollado una conciencia medioambiental que nos obliga a proteger nuestra tierra. Tenemos un ordenamiento jurídico que debería ser igual para todos. Creíamos haber desterrado la cultura del pelotazo inmobiliario para siempre. Y llega usted y lamina todo esto. ¿Qué tiene que decirles a los propietarios que han obrado bien, que han actuado conforme a la ley, que han cumplido con las exigencias y normativas urbanísticas, obteniendo todas las licencias y permisos, y pagando por ello?

Usted está premiando todo lo contrario. Está favoreciendo y promocionando la ilegalidad, beneficiando a los infractores y, lo que es peor, deshaciendo décadas de trabajo de protección de nuestro territorio. Décadas de técnicos municipales comprobando proyectos y revisando licencias; décadas de inspectores de obras contrastando la realidad de dichos proyectos y su ajuste a las licencias concedidas; décadas de normativas orientadas a conseguir que las cosas se hagan bien, promovidas también por el partido al que usted representa. Todo salta por los aires con una palabra suya y, además, nos vende esta inminente catástrofe anunciada como progreso para nuestras islas.

El decreto-ley es un arma poderosa, pero algunas cosas deberían quedar por encima de él. Busque soluciones, que ese es el encargo que le han hecho, pero no dinamite un consenso de varias décadas respecto a nuestro modelo territorial. Comprendo su interés por tener una herramienta con la que tapar algunos de sus errores pasados, pero entienda que estará condicionando nuestro futuro y, sobre todo, la credibilidad presente y futura de nuestras instituciones. Le pido que recapacite y dé marcha atrás: entiendo lo tentador que puede ser apretar ese brillante botón rojo que enriquecerá a algunos, pero piense que ha sido una mayoría mucho mayor la que ha decidido hacer las cosas bien hasta hoy. Respete a los que han respetado la ley. Hacer lo contrario no es servir a estas islas ni a sus ciudadanos. Entienda que como consejera de ordenación del territorio le corresponde centrarse en la defensa de ese territorio y no quedarse únicamente en la parte de impartir órdenes.