El alcalde de Ibiza que había sido detenido por presunta corrupción urbanística queda en libertad provisional

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa ha dejado en libertad provisional a los cinco detenidos por la trama urbanística de Sant Josep, entre ellos el alcalde en funciones del municipio, Ángel Luis Guerrero.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), este jueves habían pasado a disposición judicial. Todos están siendo investigados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho.

Cabe recordar que la Guardia Civil registró este pasado martes el Ayuntamiento de Sant Josep, así como otros puntos de la isla, en un operativo que continúa bajo secreto judicial.

Además de Guerrero, fueron arrestados la letrada municipal de Urbanismo, dos abogados externos, así como un constructor y un aparejador, este último en Alicante. La operación investiga presuntas irregularidades en construcciones de Cala Bassa, es Cubells y Cala Vedella.

El abogado de Guerrero, Josep María Costa, ha explicado que su defendido se ha acogido a su derecho a no declarar, teniendo como única medida cautelar presentarse el día 1 de cada mes en los juzgados.

El letrado ha destacado también que existe una investigación sobre determinados expedientes administrativos que afectan al área de Urbanismo, por lo que se está frente a un posible delito contra la ordenación del territorio o, incluso, prevaricación por parte de alguno de los investigados.

Asimismo, Costa ha afirmado que este jueves han llevado a cabo todos los trámites necesarios para conseguir la libertad del alcalde en funciones, por lo que no ha consultado el expediente relativo al caso, y ha indicado que su cliente, al igual que el resto, se han negado a declarar “ejerciendo un derecho constitucional como es el derecho a la defensa y no hay defensa con un secreto de sumario”, siendo una práctica habitual.

Según han informado otros letrados, una de las abogadas detenidas, Carla García, tiene la prohibición de salir de España. Tanto ella como otra de las detenidas “están muy tranquilas con su actuación”.

Por su parte, Ricard Mesquida, abogado del constructor investigado, ha explicado que, al levantarse el secreto de sumario, van a estudiar exactamente de qué se trata el caso. “Mi cliente lo que hacía era actuar como constructor y las licencias se las encargaba a los arquitectos y al despacho jurídico de abogados”.

Según Mesquida, ahora se está “en el inicio”. “Antes de declarar, hay que conocer exactamente de qué se les acusa”, ha señalado en relación a la decisión de no responder al juez.

“Mi cliente construía, tenía muchos clientes y hay muchos proyectos y licencias. Todas siempre se han otorgado y puedo asegurar que no ha hecho ningún pago”, ha añadido.