El PP esquiva la “prioridad nacional” de Vox en Balears mientras blinda las ayudas sociales con requisitos de arraigo
El Govern balear del PP ha evitado alinearse explícitamente con la propuesta de “prioridad nacional” planteada esta semana por Vox en el Parlament y ha optado por defender las medidas ya pactadas con la formación de extrema derecha en las islas, basadas en criterios de residencia para acceder a prestaciones sociales, vivienda pública o ayudas. El Ejecutivo de Marga Prohens se ampara en un modelo que, en lugar de introducir diferencias explícitas entre ciudadanos españoles y extranjeros, vincula el acceso a los recursos públicos al arraigo y al cumplimiento de requisitos administrativos.
“Nosotros no vamos a contribuir a este debate. Nosotros vamos a decir lo que vamos a hacer y hemos hecho en Balears”, ha aseverado el portavoz y vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha precisado que el concepto que el Govern maneja en las islas “es muy claro”: “Vamos a exigir tres años de residencia legal en Balears para poder tener derecho a la renta social garantizada y vamos a seguir por esta vía”, ha recalcado, marcando distancias con el enfoque de Vox basado en la nacionalidad.
Si bien ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la Proposición No de Ley (PNL) registrada el pasado miércoles por la formación de extrema derecha, en la que los de Santiago Abascal plantean que los españoles tengan preferencia en ámbitos como la sanidad, la vivienda o las prestaciones públicas, el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha defendido que la intención del Govern es algo de “sentido común”, que es “priorizar a la gente de aquí”. “Y priorizar la gente aquí significa facilitar su vivienda con criterios de residencia”, ha incidido.
Como consecuencia de ello, ha avanzado que si la iniciativa de Vox -cuyos detalles ha asegurado no haber leído- está planteada en estos términos, el Govern “no tendrá inconveniente en votar a favor”. “En cambio, si está planteada en otros términos, no puedo dar una respuesta porque sinceramente no he leído la propuesta”, ha afirmado.
Por su parte, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, también ha eludido el debate conceptual planteado por Vox, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico se centra en medidas “efectivas” ya en marcha o que prevén impulsarse.
“Uno de los acuerdos que nosotros sí que tenemos con Vox, que es un acuerdo firmado y que seguramente se materializará en unas semanas, es exigir tres años de residencia legal, tanto para acceder a la renta social garantizada como para acceder a la renta de emancipación”, ha abundado, precisando que el requisito de la residencia también se exige para percibir otras rentas como el ingreso mínimo vital -para el que se piden tres años de residencia- o para poder acceder a una vivienda de carácter social -cinco años-.
“Lo que tenemos claro es que debemos poner orden en las prestaciones que debemos exigir y, evidentemente, con unos requisitos mínimos para poder acceder. Eso es lo que hemos hecho y nos quedamos con la practicidad y con las medidas que hemos impulsado desde el Govern”, ha añadido Fernández.
Además de exigir un mínimo de tres años de residencia legal ininterrumpida en Balears para poder obtener la renta social garantizada (Resoga), el acuerdo al que ha aludido la consellera contempla que los beneficiarios deberán aceptar ofertas de empleo y permanecer inscritos como demandantes de trabajo, con riesgo de perder la prestación en caso contrario. También se endurecerán los mecanismos de control, revisión y reintegro, reconfigurando el sistema de ayudas autonómicas, una modificación no es menor: altera el acceso a la principal red de protección social de la comunidad y redefine su lógica, introduciendo criterios más restrictivos que, según la propia exposición política de Vox, buscan frenar el “efecto llamada”.
Por su parte, el objetivo de la propuesta que Vox presentó el pasado miércoles pasa, según el texto, por “garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar” y priorizar a quienes “sostienen y conforman la comunidad nacional”. En rueda de prensa para anunciar la iniciativa, la portavoz parlamentaria del partido de extrema derecha, Manuela Cañadas, defendió que se trata de una medida “elemental”: “Los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos. Algo tan básico da vergüenza tener que pedirlo”, espetó.
La iniciativa replica el planteamiento que Vox defiende a nivel estatal. De hecho, la formación ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura, donde el PP ha aceptado incorporar este principio en el acceso a determinadas ayudas. “El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer allí se puede conseguir en Baleares y en el resto de España”, subrayó Cañadas.
El texto registrado va más allá de una declaración política y recoge medidas concretas como la repatriación de inmigrantes en situación irregular, la limitación del acceso al sistema sanitario público -salvo en casos de urgencia- o la reserva de ayudas sociales y vivienda para ciudadanos españoles. Asimismo, la PNL insta al Gobierno central a derogar recientes reformas en materia de extranjería y sanidad, al considerar que favorecen la regularización de inmigrantes y aumentan la presión sobre los servicios públicos.