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El Govern balear del PP no clausurará por ahora la macrogranja de Llucmajor (Mallorca) tras la difusión de imágenes inéditas grabadas entre los días 21 y 29 de abril y que muestran las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas de su interior. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado que la Administración “tiene que actuar con pruebas” y, de lo que por el momento dispone el Ejecutivo es de la información “que ha salido en prensa”. “No podemos actuar en base a una noticia”, ha incidido, a pesar de reconocer que el pasado mes de agosto ya se inspeccionó la explotación avícola a raíz de diversas denuncias interpuestas y que se detectaron varios incumplimientos graves que derivaron en los correspondientes procesos administrativos y la imposición de medidas cautelares.
Así lo ha puesto de manifiesto este martes tras la primicia publicada por elDiario.es en torno a la polémica macrogranja, que vuelve a estar bajo la lupa de organizaciones de protección medioambiental y animal a raíz de la revelación de la grave situación de las gallinas. “Lo que sí hacemos es actuar cuando vemos la noticia”, ha añadido el conseller, quien ha informado de que inspectores de su departamento y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han inspeccionado esta mañana la explotación avícola.
El conseller ha admitido que en octubre se denunció ante la Fiscalía la posible comisión por parte de los responsables de la granja de un delito ambiental. El Seprona visitó las instalaciones y realizó las correspondientes diligencias, pero el procedimiento fue archivado el pasado febrero. La última inspección, por parte del Govern, se hizo el pasado 27 de febrero. Los funcionarios de la Conselleria, ha asegurado Simonet, no vieron la situación que ahora han denunciado las entidades animalistas.
Simonet ha querido precisar que los expedientes administrativos que la empresa tenía abiertos hasta ahora estaban relacionados con la gestión de residuos o la calificación de los huevos, que comercializaban como camperos cuando realmente eran de jaula. “En el momento en el que se archiva la denuncia penal nosotros hemos vuelto a empezar con los expedientes y las multas administrativas que habíamos detectado”, ha apuntado.
Ahora, ha añadido, se deberá determinar si los hechos denunciados por los animalistas suponen una reincidencia en estos supuestos o son nuevos incumplimientos de la normativa, lo que determinará si se debe proseguir con el procedimiento administrativo o si se abre uno penal. En cualquier caso, Simonet ha expresado su cautela al ser preguntado por la posibilidad de decretar el cierre preventivo de la explotación avícola. “En este momento yo no puedo hablar de cerrar. Además, en un cierre hay que ver qué haces con los animales que hay ahí dentro”, ha expuesto.
Por el momento, ha apuntado, se deberán valorar las circunstancias que los inspectores y los agentes del Instituto Armado puedan corroborar durante su inspección de las instalaciones, de las que derivará si se trata de un asunto de salud pública o de maltrato animal. “Son diferentes motivos, no es lo mismo que los huevos sean un peligro para la salud pública, que esto ahora no lo podemos decir, lo tienen que ver los inspectores de Salud Pública, o si es un tema de bienestar animal”, ha manifestado. Con todo, ha puntualizado que la empresa comercializaba únicamente los huevos de las gallinas y no su carne.
Plan de “desescalada” para las gallinas
El conseller ha asegurado desconocer el número de gallinas que alberga la granja avícola de Llucmajor, pero ha puntualizado que, al datar la autorización de hace más de una década, no se atenía al límite de 40.000 que marca el decreto que actualmente se está tramitando en el Parlament. “Mientras tanto, estas gallinas lo que nosotros hemos dicho es que si tienen 130.000 gallinas y tienen que ser 40.000 no vamos a matar a 90.000 en un día. Entonces, se le propone a la empresa que vaya haciendo un plan de desescalada”, ha subrayado. Ese plan es el que la compañía ya ha presentado y que en un principio debería haber cumplido antes de que finalice este año, ha subrayado.
Las asociaciones de protección medioambiental y animal ARDE y Satya Animal han exigido “el cierre inmediato” de la macrogranja tras denunciar a la empresa Avícola Son Perot S.A. ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y de abandono animal por falta de supervisión veterinaria, como avanzó este periódico.
Las imágenes documentadas por ARDE y Satya Animal, avanzadas en primicia por elDiario.es, muestran cómo las gallinas camperas no tuvieron acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril. Todo ello ocurrió pese a que la empresa cuenta con el certificado de bienestar animal Welfair. El vídeo difundido muestra que los animales viven en condiciones penosas, ya que las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Por estos motivos, ARDE también ha iniciado una recogida de firmas para reivindicar el cierre de la macrogranja.
La misma empresa que proyectaba la macrogranja de Sineu
Simonet ha confirmado además que la empresa denunciada, Son Perot, es la misma que pretendía abrir una macrogranja en el municipio de Sineu, que Greenpeace calificó como “la más contaminante” de España y cuya construcción fue finalmente paralizada. El caso derivó en la aprobación de un decreto para regular estas explotaciones intensivas.
Pese a los antecedentes, el conseller ha asegurado, tal como recoge Europa Press, estar sorprendido por las imágenes difundidas dado que en el último mes, ha señalado, la empresa había presentado “todos los documentos administrativos que se le habían requerido”, el plan de reducción del número de animales de la granja y los planes de control sanitario. “Incluso los informes de la Guardia Civil que se hicieron en noviembre del año pasado constataban, por ejemplo, todo el problema que había con los residuos y que la empresa había actuado correctamente para minimizar su impacto en la zona”, ha señalado.
La oposición pide la comparecencia urgente de tres consellers
Por su parte, el PSIB-PSOE ha solicitado la comparecencia urgente en el Parlament tanto del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, como del titular de Territorio, José Luis Mateo -cuyo departamento es responsable de la tramitación ambiental-, para que expliquen las acciones tomadas contra la granja avícola, tal como ha señalado el portavoz adjunto del partido en la Cámara, Marc Pons. Asimismo, ha reclamado que el Govern adopte medidas contundentes contra la empresa como el “cierre inmediato” de las instalaciones, tal y como había pedido la formación en anteriores ocasiones.
Se trata, ha sostenido, de una explotación agraria “sin las correspondientes autorizaciones” y con el “conocimiento expreso” del conseller. “Él mismo ha reconocido que se hicieron unas inspecciones, que no tiene la valoración de impacto ambiental, que puso una sanción económica pero no clausuró la instalación”, ha apuntado. A su parecer, estos hechos son “de una gravedad enorme” y “no tienen justificación posible”. Por ello, ha dicho que solicitarán la comparecencia urgente de los dos consellers en el pleno del Parlament para que de cuenta de la actuación de sus departamentos en este caso.
La intención de los socialistas, ha dicho, es que ambos puedan explicar de primera mano sus decisiones y los motivos por los que “ha seguido permitiendo” la actividad de la granja avícola “pese a tener un informe que ponía de manifiesto que había una actividad que no podía estar en funcionamiento”. “Ha actuado lo mínimo posible para permitir que la actividad continuara y se ha limitado a una sanción económica cuando [Simonet] era conocedor de lo que estaba sucediendo”, ha señalado Pons, quien ha considerado que pesan “muchas dudas” sobre la forma de actuar de su Conselleria.
Podemos: “Es un auténtico escándalo sanitario y ético”
En esta línea, Unidas Podemos también ha exigido el cierre inmediato de la macrogranja. La diputada morada, Cristina Gómez, ha calificado la situación de “auténtico escándalo sanitario y ético” y ha anunciado el registro de una solicitud para que comparezcan de forma urgente Simonet y la consellera de Salud, Manuela García, para que den explicaciones ante lo que considera una “flagrante dejación de funciones por parte del Govern”. “Estamos hablando de una instalación donde miles de animales viven hacinados, sin acceso a la luz natural, entre cadáveres en descomposición y en un estado de insalubridad extremo que pone en riesgo la salud pública. Y todo esto con el aval de un certificado de bienestar animal. Es inaceptable”, ha denunciado.
La diputada ha recordado que las imágenes difundidas por la prensa y las organizaciones animalistas “son dignas de una película de terror, no de un espacio de producción alimentaria regulado por la administración balear”. Según Gómez, esta situación evidencia una falla estructural en los controles sanitarios y en el sistema de certificaciones, así como una preocupante complicidad institucional con las macrogranjas industriales. “No podemos permitir que en pleno 2025 sigamos tolerando modelos de producción basados en el maltrato animal sistemático, el deterioro medioambiental y el desprecio por la salud colectiva”, ha afirmado. “Esto no es solo un problema de bienestar animal, sino de modelo agroalimentario y de responsabilidad política”, ha añadido.
Las entidades, que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública y abandono animal por la ausencia de supervisión veterinaria, documentaron cómo las gallinas camperas no tuvieron acceso al exterior de las instalaciones entre los días 24 y 29 de abril. Además, lamentaron que, pese a todo, la empresa cuenta con el certificado de bienestar animal Welfair. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a elDiario.es que la denuncia se registró el miércoles 21 de mayo sobre las 9 de la mañana.
Las imágenes muestran que los animales se encuentran en condiciones penosas. Las gallinas vivas conviven con decenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición, incluso con esqueletos y otros animales, como ratas (vivas o envenenadas) y erizos. Las organizaciones, además, alertaron de que la presencia de otras especies en la granja puede conllevar “riesgo de transmisión de enfermedades a humanos”, como la salmonella (intoxicación alimentaria) o la leptospirosis (infección de la sangre), entre otras.
En este sentido, el informante anónimo que documentó la situación del interior de la granja explicó a elDiario.es que “nada más dar un paso, había ratas corriendo para arriba y abajo de las estructuras”. “Vi un cadáver y distinguí que era una rata únicamente por la cola”, añade. Según su testimonio, había extintores caducados y contenedores con cadáveres “en estado de putrefacción repletos de gusanos”.
“Foco de contagio” de enfermedades
Las asociaciones ARDE y Satya Animal presentaron un informe veterinario ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Balears, al cual accedió elDiario.es, en el cual el profesional señaló que en el interior de la granja existen “riesgos de bioseguridad tanto para los animales como para el personal y potencialmente para los consumidores”.
Entre estos riesgos, detalló la presencia de otros animales en las instalaciones, como “abundantes roedores” (alguno incluso con signos de estar enfermo), entre las aves y su alimento; cadáveres en diferentes estados de descomposición (tanto en el suelo de la nave como entre las aves vivas), lo que es “una fuente importante de contaminación” y falta de higiene de la granja, ya que “la mayoría de la superficie está cubierta de polvo, aves muertas y telarañas”.
Según el veterinario, hay defectos en el aislamiento de la nave “debido a los posibles desperfectos causados por los roedores” y se señalaba que el almacenaje de los huevos se encuentra en un lugar abierto donde pueden entrar las ratas, contaminando los productos. “Todo ello favorece la diseminación de enfermedades poniendo en riesgo la vida de las aves, los trabajadores y los consumidores de tales productos”, afirmaba el profesional, que añadía en su informe que se evidenciaba “una inadecuada limpieza” y, por lo tanto, una inadecuada “desinfección”.
Respecto a la presencia de animales enfermos, el veterinario destacaba en su informe que son un foco de contagio. Así, afirmaba que en varias ocasiones se ven imágenes de aves o roedores con signos de enfermedad. Algunas de las enfermedades infecciosas que podrían tener las aves son las bacterianas y víricas. Se destacaban las enfermedades zoonóticas, es decir, aquellas que se pueden transmitir de animales a humanos. Entre ellas, la peste aviar (influenza); la enfermedad de Newcastle (conocida como la pseudopeste aviar); la salmonelosis (intoxicación alimentaria) y la campilobacteriosis (provoca gastroenteritis).
Además, se señalaba la leptospirosis (puede afectar a diversos órganos como el hígado o el riñón y causar incluso la muerte si no es tratada a tiempo), ya que “una de las fuentes de contagio más comunes son los roedores”.
Así, el veterinario concluía en su informe que hay una falta de control “tanto por parte de los trabajadores como por parte del propietario de la explotación”, así como una falta de supervisión veterinaria hacia los animales y la higiene de la explotación. “Hay un riesgo hacia la integridad física, ya no solo de las aves que se encuentran dentro de las naves, sino para el personal y su entorno, así como para el consumidor de los productos”, detallaba el profesional.
Finalmente, el veterinario consideraba que se están incumpliendo dos principios básicos del sello Welfair de bienestar animal. En primer lugar, no se cumple el estado de buena salud de los animales, ya que debe de haber ausencia de lesiones, enfermedades y dolores. En segundo lugar, tampoco se cumple el principio de “comportamiento social adecuado”, lo que implica ausencia de conductas negativas —como peleas o desplazamientos de los animales—. “No se puede determinar el cumplimiento o no del resto de principios básicos de bienestar animal (respecto a la alimentación y zona de descanso), ni las etapas de transporte y sacrificio de los animales”, concluye el informe, en base al material audiovisual inspeccionado.
La versión de Avícola Son Perot
elDiario.es se puso en contacto este lunes con Avícola Son Perot, con el objetivo de contrastar la información que iba a ser publicada y recabar su versión, que este diario reprodujo en su totalidad:
“Avícola Son Perot reafirma su compromiso con el bienestar animal y la legalidad de sus instalaciones. Ante las recientes informaciones y contactos relacionados con una posible denuncia por parte de determinadas organizaciones sobre el estado de nuestras instalaciones en Llucmajor, desde Avícola Son Perot deseamos manifestar lo siguiente: Todas nuestras granjas, incluyendo la de Llucmajor, están sometidas a rigurosos controles internos y externos. En particular, contamos con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo. De hecho, el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, superándose con normalidad.
Asimismo, nuestras instalaciones reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa vigente. Por todo ello, entendemos que cualquier inquietud sobre el estado de nuestras granjas queda debidamente aclarada. Finalmente, informamos de que nuestro Departamento Jurídico permanece atento a cualquier posible publicación sobre este asunto y actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa“.
Fuentes de Avícola Son Perot S.A. añadieron que sus granjas están certificadas en bienestar animal, certificación vigente hasta noviembre del 2025. Precisamente el pasado 20 de mayo los responsables de AENOR, empresa certificadora del sello de bienestar animal Welfair, realizaron una inspección de renovación en el interior de la granja de Llucmajor que inicialmente fue positiva a falta de completar documentación, señalaron las mismas fuentes.
La empresa vende en grandes supermercados
Este diario contactó este lunes con los supermercados Mercadona, Eroski y Alcampo para consultarles sobre si tenían conocimiento de la información que iba a ser publicada, ya que las tres vendían hasta el momento los huevos de esta granja en Mallorca. Todas, excepto Alcampo —que atendió a este diario pero no dio una respuesta hasta este martes informando de la retirada de los huevos de sus cadenas—, respondieron oficialmente durante el mismo lunes.
Mercadona afirmó que Avícola Son Perot “es uno” de sus “15 proveedores de huevo, todos ellos certificados en Bienestar Animal”. “No tenemos constancia” de lo que se publica en este reportaje, se limitan a señalar las fuentes consultadas.
En cuanto a Eroski, la cadena aseguró que no tolerará “ningún incumplimiento en materia de bienestar animal o higiene sanitaria”. “Por eso, exigimos a todos nuestros proveedores el cumplimiento estricto de la normativa vigente y, en el caso de productos certificados, el cumplimiento de los estándares adicionales que acreditan los sellos correspondientes”, argumentó a este diario.
Respecto a la granja de Llucmajor, Eroski afirmó que “ha realizado auditorías periódicas a una muestra de sus granjas y centros de clasificación” en las que “no se han detectado las prácticas de higiene descritas”. “La granja mencionada dispone de la certificación Welfair de Bienestar Animal, expedida por AENOR”, señaló la cadena. En este sentido, comentó que “la última auditoría de bienestar animal se realizó el pasado 20 de mayo de 2025, sin que se detectaran incidencias que comprometieran la validez del certificado”.
No obstante, tras la información trasladada por elDiario.es, Eroski adelantó que había iniciado “una revisión inmediata” con su proveedor “para comprobar que se mantienen en todo momento las condiciones requeridas”. “Si se detectase alguna irregularidad, actuaremos con total firmeza, como ya hemos hecho en otras ocasiones, aplicando los protocolos establecidos para la suspensión de suministro”, concluyó.