La población de Balears no ha dejado de crecer en las últimas décadas, pasando de 702.122 habitantes en 2001 a 912.554 en 2021 en el caso de Mallorca; de 75.296 a 95.936 en el de Menorca; de 94.334 a 152.820 en el de Eivissa y de 6.875 a 11.708 en el de Formentera, según los datos del Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat).
Por primera vez en Balears, los futuros crecimientos urbanísticos están condicionados a la existencia de suficientes recursos hídricos, según consta en el plan hidrológico (2022-2027) aprobado este miércoles por el Consejo Balear del Agua. La admisión de este plan todavía tiene que pasar por el trámite de aprobación del Consell de Govern y del Consejo de Ministros, según informó este miércoles la Conselleria de Medio Ambiente.
El sector de la construcción se encuentra en un buen estado de salud en las islas. Las obras visadas en el primer semestre de 2022 están un 3% y un 5% por encima de las visadas durante el mismo período de 2021 y 2019, respectivamente, según los datos que presentó este miércoles el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB) en su sede de Eivissa. Esto supone para el sector recuperar los niveles previos a la pandemia de COVID-19 y representa la mayor cifra semestral de obras desde 2008.
En cuanto a los datos específicos de las Pitiüses, en los primeros seis meses del año se han construido 303 viviendas, lo que supone un 68% más que en el mismo periodo de 2019 (antes de la pandemia), de las cuales 92 corresponden a vivienda unifamiliar y 211 a edificios plurifamiliares. Durante la presente década se han construido una media de 606 viviendas anuales, una cifra superior a las 386 de media anual que se construyeron durante la década anterior, aunque muy inferiores todavía a las 1.699 de media anual que se construían durante la década de la burbuja inmobiliaria.
Paradójicamente, a finales de 2019 y durante los meses previos al inicio de la pandemia se produjo una pequeña bajada en el mercado de la compraventa, que rápidamente desapareció cuando se empezaron a relajar las restricciones después de la primera ola, explica a elDiario.es Jeffrey Fernández, delegado del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Eivissa y Formentera. “Consumidores extranjeros, pero también nacionales y locales, empezaron a demandar inmuebles que tuvieran plantas bajas, terrazas más amplias y espacios más abiertos al entorno”, asegura. Debido a las restricciones y los problemas económicos derivados de la COVID-19, acentuados por la guerra de Ucrania y la inflación, muchos inversores han puesto su mirada en España. “Y dentro de España, la estrella es Balears”, certifica Fernández.
En el caso de Eivissa y Formentera, los compradores consideran que la inversión representa un valor “seguro”, ya que los precios se mantienen o suben y si bajan, bajan muy poco. “El comprador extranjero representa un poco más de un 50%, mientras que el nacional y el local, en torno a un 30% y un 20%, respectivamente”, afirma. Principalmente, se compra una vivienda para tener una segunda residencia, sacarla al mercado del alquiler o hacer una reforma para venderla “en modo especulativo”. Una mirada rápida en diferentes portales de Internet indica que la mayoría de las viviendas que están a la venta en Eivissa son pisos de dos o tres habitaciones a un precio de entre 350.000 y 600.000 euros.
Para luchar contra la inflación, consecuencia de un contexto de guerra y crisis energética, el Banco Central Europeo (BCE) subió la semana pasada los tipos de interés 0,5 puntos, la primera subida en 11 años y la más importante de los últimos 22 años. Este aumento provoca en el mercado inmobiliario un encarecimiento en los préstamos y las hipotecas que incentiva el ahorro. Fernández, sin embargo, cree que su incidencia en las Pitiüses será limitada. “Efectivamente, (la subida de los tipos de interés) hace que mucha gente se plantee si comprar o no porque le va a subir mucho la cuota mensual de la hipoteca. Pero también es verdad que hay un perfil de cliente que está acelerando su decisión de compra, en previsión de que si suben más, puedan aprovechar los tipos de interés actuales”, analiza.
En el actual contexto de crisis climática y energética, hay arquitectos que ponen el foco en la necesidad de rehabilitar en lugar de construir nueva vivienda o, si se construye de cero, hacerlo bajo estándares que reduzcan la huella ecológica al mínimo. Laura García, arquitecta especializada en eficiencia energética en la edificación y diseñadora ‘Passive House’ (casas de bajo consumo energético) con más de ocho años de experiencia en Eivissa y Formentera, señala a elDiario.es que construir una casa o un edificio genera “mucho consumo de energía, emisiones de CO2 mientras se fabrican y transportan los materiales, así como residuos durante todo el proceso”.
Pese a que la normativa es cada vez más estricta en cuanto a eficiencia energética, García considera que “es mejor rehabilitar que construir, porque es muy difícil asegurar que estás construyendo de manera sostenible” debido a la dependencia de los combustibles fósiles y de los materiales críticos en el caso de las energías renovables. En un escenario de cambio climático y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, es importante diseñar el interior de las viviendas de manera diferente. Para que no necesiten “ni tanta calefacción ni tanta refrigeración”, insiste García, incidiendo en la idea de que la transición energética tiene que pasar, necesariamente, por consumir menos. Y eso incluye consumir menos territorio.
Es mejor rehabilitar que construir, porque es muy difícil asegurar que estás construyendo de manera sostenible
El conseller de Medio Ambiente del Govern balear, Miquel Mir, explicó este miércoles que con el nuevo plan hidrológico todos los municipios que quieran crecer deberán garantizar que pueden abastecer de agua a la población. Es decir, los ayuntamientos deberán presentar un informe de suficiencia hídrica, imprescindible para tramitar cambios en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o normas subsidiarias que impliquen crecimientos urbanísticos. La Dirección General de Recursos Hídricos, organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, solo informará favorablemente en caso de que el municipio cumpla con dos condicionantes: un consumo máximo de 250 litros por persona y día y un porcentaje máximo de fugas en las redes de suministro de agua del 25% en 2025 y del 17% en 2027.
En caso de que no se cumplieran estos dos requisitos, solo se podrá continuar con la tramitación si el municipio tiene aprobado un plan de gestión sostenible del agua que prevea conseguir dichos objetivos en un período máximo de seis años. Mir aseguró que, una vez superados los requisitos mínimos, “se examinará la viabilidad del crecimiento requerido”, es decir, que no supondría obtener automáticamente un informe favorable, señala la Conselleria de Medio Ambiente.
Alicia Morales, secretaria general de la Alianza por el Agua de Eivissa y Formentera, explica a elDiario.es que el consumo máximo de agua por habitante en las Balears se sitúa, en estos momentos, en 303 litros por persona al día y que, aunque se reduzca a 250, “es muy alto”, ya que en otros lugares el consumo no supera los 180 litros por persona al día. Neus Prats, vicepresidenta de la entidad ecologista GEN-GOB Eivissa, se muestra muy escéptica en cuanto al cumplimiento del tope máximo establecido y pone como ejemplo una realidad que asegura que estaría ocurriendo en determinadas villas de lujo del municipio de Sant Josep, donde en algunos jardines se gastan ocho camiones diarios de agua. “Hemos pedido que se pongan contadores en los pozos de suministro porque los datos del plan hidrológico sobre consumo (de agua) son absolutamente ficticios”, explica Prats a elDiario.es.
La Alianza por el Agua también pone el foco en las concesiones y autorizaciones de los pozos, de los cuales hay 4.976 y 289 contabilizados en Eivissa y Formentera, respectivamente. La asociación ha pedido una revisión de las concesiones en Eivissa porque, según explica en su documento de alegaciones presentado al proyecto del plan hidrológico, “la mayor parte se han autorizado para regadío, seguido del uso urbano” y sin embargo en las Illes Balears ha habido un paulatino abandono de la agricultura a favor de la actividad turística, como es el caso de los alquileres rurales y de lujo, una realidad que reconoce el propio plan redactado por el Govern. Con lo cual, muchas de las concesiones, antaño de uso agrícola, se estarían utilizando en la actualidad para el abastecimiento poblacional. Es por ello que la Alianza por el Agua pide, en los casos en los que el uso no fuese agrícola, que se disminuya el volumen concesionado para ajustarlo al de su actividad actual.
En cuanto al estado de las masas de agua de las Pitiüses, que se evalúa en uno de los anexos del plan hidrológico, las aguas subterráneas de Port de Sant Miquel, Santa Agnès, Pla de Sant Antoni, Roca Llisa, Cala Tarida, Porroig, Santa Gertrudis, Jesús, Serra Grossa y Formentera presentan un mal estado químico. Todas ellas, con la excepción de Port de Sant Miquel y Jesús, presentan además un mal estado cuantitativo, con un índice de explotación que supera el 100%, destacando negativamente Porroig (175%) por encima de todas ellas y a cuya lista habría que añadir las aguas subterráneas de Es Canar.
Esta cuestión, señala Morales, es uno de los aspectos que habría que mejorar con el nuevo plan, ya que “más de la mitad de las masas de agua subterránea de Eivissa están en mal estado, cuantitativa o cualitativamente”. Asimismo, pide una mejora en la reutilización y depuración, el consumo de agua desalada en lugar de agua de pozo (para mejorar la salud de los acuíferos) y una reducción de las pérdidas de la red de suministro. Entre los logros, destaca la construcción del anillo de las desaladoras de Santa Eulària, Eivissa y Sant Antoni que permite que llegue agua desalada a todos los municipios. Pese a ello, concluye, “no estamos ni mucho menos en una buena situación y menos con las previsiones climáticas que hay”.
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