Activistas de DDHH en “alerta” por la nueva propuesta de amnistía en El Salvador

Una treintena de organizaciones sociales de El Salvador se declararon este miércoles en “alerta” por la presentación y discusión en el Congreso de una nueva propuesta de ley que busca amnistiar los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).

De acuerdo con los activistas, el diputado Roberto Angulo, del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), presentó la referida propuesta el pasado 14 de octubre.

Angulo es considerado el principal promotor de una ley de amnistía aprobada en 1993 que impidió investigar y juzgar a los militares y guerrilleros vinculados con crímenes de guerra.

La Justicia del país centroamericano únicamente pudo reabrir casos, como el magnicidio de san Óscar Romero (1980) y la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), tras la anulación de la amnistía por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de julio de 2016.

El Presidente de la Fundación Comunicándonos, Óscar Pérez, dijo que los partidos que buscan aprobar esta propuesta, sobre la que está trabajando una subcomisión especial de la Asamblea Legislativa, son el PCN, Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

“La única palabra que reconocen (los diputados) para legislar es amnistía” y “hay un interés de aprobar este adefesio jurídico”, sostuvo durante una conferencia de prensa David Ortiz, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

Señaló que los diputados trabajan en este proyecto de ley, que da amnistía para los crímenes del conflicto armando con “artilugios jurídicos”, pese a la prohibición dictada por los jueces constitucionales de crear leyes similares a la anulada en 2016.

Los puntos más cuestionados de la llamada “propuesta Angulo” son la prescripción de los delitos con la creación de una lista de delitos a investigar que deberá crear el fiscal general, Raúl Melara.

Irene Gómez, de la organización Cristosal, añadió que las víctimas únicamente tendrían cuatro meses para proponer los delitos y no casos, que pueden contemplar más de un cargo.

Los imputados en procesos como el de la masacre de El Mozote enfrentan al menos doce cargos, mismos que fueron elevados a la categoría de crímenes de lesa humanidad.

Añadió que la nueva propuesta establece que las personas mayores de 65 años y las que padezcan enfermedades crónicas no podrán ser condenados a penas de prisión, sino que tendrán “medidas cautelares” y servicio de utilidad pública.

El “proyecto Angulo” también establece que los condenados por los crímenes de guerra no tendrán responsabilidad civil, lo que les quita la obligación de reparar materialmente a las víctimas.

Las organizaciones enviaron una copia de esta propuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que anteriormente rechazó una iniciativa similar y la señaló de ser una “amnistía de facto”.

Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de seis padres jesuitas y dos colaboradoras, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.