Francia y los límites de la libertad de expresión: ¿qué raperos han ido a la cárcel por sus versos?

Por las palabras “descuartizando como a Samuel Paty, sin empatía”, que hacía referencia al profesor decapitado en octubre después de haber enseñado las caricaturas de Mahoma, el rapero francés Maka fue condenado a 15 meses de prisión por apología del terrorismo el pasado noviembre. En el videoclip, grabado tan sólo dos semanas después del atentado, Maka rapea delante de un coche en llamas mientras sujeta un arsenal de cuchillos junto con otros compañeros. Durante el juicio, el rapero confesó “no haber tenido en cuenta todas las consecuencias” de sus actos. “El vídeo es violento, es cierto'', admitió. 

Otro rapero, Masta Ex, fue sancionado a un año de prisión con seis meses de suspensión de pena por mencionar los atentados de Bataclán en su videoclip Terrorista (2019). En la canción, el rapero canta “estoy en guerra, soy un yijadista” y hace referencia a los“soldados de Allah”. Una segunda sentencia, esta vez por llamar a “tomar las armas” contra el presidente Emmanuel Macron y el entonces ministro del interior, Christophe Castaner, le llevó de nuevo a la cárcel el año pasado por “provocación directa a un acto de terrorismo y amenaza de delito contra la autoridad pública”.

Sin embargo, condenas como las de Maka y Masta Ex son excepcionales, según expertos consultados por este diario. “Son casos muy evidentes en los que no hay ninguna duda de que el artista incita a la violencia reivindicando un acto terrorista”, cuenta Elena Gaju, abogada colegiada en París y en Barcelona. En Francia, la libertad de expresión y de creación artística es considerada un principio “intocable” y “uno de los derechos más preciados de la República”, apunta Henri Leclerc, abogado penalista y presidente de honor de la Liga de Derechos Humanos.

Henri Leclerc explica que en los últimos años varios artistas han sido sentenciados por rozar los límites de la libertad de expresión, mayoritariamente por comentarios racistas, discriminatorios o por incitar al odio y a la violencia. “La mayoría de casos difícilmente terminan en prisión” añade el letrado. Entre los artistas más polémicos figuran el humorista Dieudonné y el rapero Orelsan.

El cómico ha sido penado en repetidas ocasiones con multas por injurias racistas y antisemitas, así como por apología del terrorismo por la difusión en su perfil de Facebook de la frase“me siento Charlie Coulibaly” mezclando el nombre de la revista Charlie Hebdo con el apellido de uno de los terroristas involucrados en los atentados contra el semanario. El rapero Orelsan fue juzgado por incitación a la violencia contra las mujeres por cantar versos como “sueño con penetrarla para reventarle el abdomen” o “te voy a dejar en cuanto encuentre a una perra con mejor pedigrí” en un concierto en París en 2009. Tras ser condenado a una multa de 1.000 euros en su primer juicio, el Tribunal de Apelación le acabó absolviendo. La corte llegó a la conclusión que “sancionar estos versos” implicaría “censurar toda forma de creación inspirada por la infelicidad, la confusión y el sentimiento de abandono de una generación”. 

Esta semana, por ejemplo, se ha producido un caso opuesto al habitual y ha sido un rapero quien ha denunciado a una autoridad. El artista Médine se ha querellado contra una diputada del partido de Macron, Aurorge Bergé, por haberle tildado de “rapero islamista”. En uno de sus temas, el rapero hace referencia a “crucificar a los laïcards” (definición peyorativa de laico). Según explica Médine en el medio Mediapart, la diputada comete el error de descontextualizar la frase: “Hacerlo altera todo el sentido de la canción” que pretende ser “una sucesión de absurdos y contrariedades”.

La sentencia de Pablo Hasél a ojos de Francia

En las últimas semanas, los medios franceses se han hecho eco de la condena contra Pablo Hazél. El periodista Anthony Bellanger analizó el caso en su sección habitual en la radio pública FranceInter. “El rapero español #PabloHasel será encarcelado durante 9 meses, entre otras cosas por haber insultado a la corona” anticipaba el periodista a través de Twitter. En su crónica matinal, Anthony Bellanger consideraba “una buena noticia el hecho de que el Gobierno español haya prometido modificar la ley para evitar penas de prisión contra artistas que expresan su opinión en sus canciones” tal y como anunció la Moncloa. 

Para el jurista Henri Leclerc “la libertad de expresión tiene límites y se puede discutir cómo condenar ciertas apologías del terrorismo, pero ir a la cárcel por injurias a la Corona es aberrante e inadmisible. Lo considero un verdadero ataque a la libertad de expresión”, dice a elDiario.es. Gilles Toulemonde, profesor de derecho público en la Universidad de Lille, se pregunta qué ocurriría si Pablo Hasél hubiese sido juzgado en Francia, en vez de en España. “Seguramente se le acabaría multando, pero no encarcelando” valora a este diario. La letrada Elena Gaju también coincide en que “una condena de prisión por los hechos que ha cometido sería impensable en Francia”.

Francia suprimió la ofensa contra el jefe del Estado

En Francia, el delito de ofensa contra el jefe del Estado se eliminó hace ocho años a raíz de un caso polémico que acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo comenzó en agosto del 2008 en el municipio de Laval, al oeste del país. El entonces presidente Nicolas Sarkozy se encontraba de visita oficial en la localidad, cuando un vecino le mostró una pancarta con el mensaje“Casse toi pov’ con” (“Lárgate, pobre imbécil”). El cartel hacía referencia a un insulto que el propio Sarkozy formuló contra un agricultor que había rechazado saludarle en un acto público, meses atrás, y que en su momento tuvo mucha repercusión mediática. 

El hombre que enseñó la pancarta, Hervé Eon, fue arrestado, interrogado y posteriormente procesado por la Fiscalía por un delito de ofensa contra el jefe del Estado. Finalmente le condenaron a una multa de 30 euros. “Fue una pena simbólica” apunta la abogada Elena Gaju, “Sarkozy quiso marcar su autoridad”. No obstante, Hervé Eon decidió recurrir la sentencia y su caso pasó por el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo, hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En marzo de 2013, la corte europea dictaminó a favor de Hervé Eon y concluyó que Francia había vulnerado el Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protege la libertad de expresión. También consideró que sancionar a Eon por aquellos hechos era “desproporcionado” e “innecesario en una sociedad democrática”. Como consecuencia, Francia revisó su legislación y, en apenas cinco meses, la Asamblea Nacional suprimió el delito de ofensa al jefe del Estado para “adecuar la legislación francesa” a la sentencia de Estrasburgo. 

Para el profesor Gilles Toulemonde, la reforma llegó tarde. “Cada país tiene su forma de proteger al jefe del Estado, pero no somos quien para dar lecciones” valora este maestro. Esto no significa que todo esté permitido. “Siguen existiendo penas e infracciones por injurias y difamación, pero ahora el presidente francés está agrupado en la ley con el resto de autoridades públicas” cuenta Toulemonde. Según la ley actual, difamar contra el presidente se puede castigar con una multa de hasta 45.000 euros.