La guerra de las vacunas: ¿y ahora qué?

No ha pasado ni un año del inicio formal de la pandemia, en marzo pasado. Y ya hay vacunas que están comenzando a inmunizar a personas de países que han podido comprarlas o reservarlas. La UE apostó por una compra mancomunada con reparto equitativo en función de la población de cada país. Era una forma de reforzar la coordinación de unos países que al principio de la pandemia cerraron fronteras unilateralmente y se negaban a vender materiales sanitarios básicos a su vecino más afectado en aquellos días, Italia.

Pero en los últimos días la UE se ha visto en apuros al ver que los laboratorios encontraban problemas para cumplir con plazos y entregas en un momento en que la tercera ola está alcanzando cifras récord de contagios en algunos países europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha compartido a través de su cuenta personal de Twitter que este domingo se ha reunido con los responsables de diferentes empresas farmacéuticas con las que la Comisión Europea ha firmado Acuerdos de Compra Anticipada –BionNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac y Sanofi– con el objetivo de mejorar la respuesta ante futuras epidemias. Por eso, la Comisión han decidido poner en marcha lo que llama EU Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), un organismo que según señalan ayudará a “anticipar amenazas e identificar respuestas”. El objetivo, señalan, es también prepararse ante la aparición de las diferentes variantes del coronavirus, ya que “plantea la amenaza inminente de una eficacia reducida de las vacunas aprobadas recientemente”.

Guerra de vacunas

AstraZeneca comunicó el viernes 22 de enero que los problemas en su fábrica de Bélgica le impedían cumplir con los plazos de entrega una vez recibiera la autorización para comercializar la vacuna, prevista para el 29 de enero. A partir de ahí, la UE entró en pánico. El bloque comunitario había firmado en agosto un contrato por 870 millones de euros para la adquisición futura de 300 millones de dosis; incluso el Ejecutivo comunitario había adelantado 300 millones de euros para compartir los riesgos de la investigación y desarrollo de la vacuna y su producción.

Y, una semana antes de la fecha de aprobación, se mostró incapaz de cumplir con la UE mientras llevaba semanas cumpliendo con Reino Unido, país al que no avisó de posibles recortes en el suministro.

Cruce de acusaciones

La Comisión Europea reaccionó rápidamente, y alegó que los contratos firmados obligaban a AstraZeneca, y que las vacunas tendrían que llegar, ya fuera desde plantas de producción comunitarias o extracomunitarias, como las dos que tiene AstraZeneca en Reino Unido. Bruselas, además, deslizaba la sospecha de que mientras el laboratorio no enviaba vacunas fabricadas en Reino Unido, sí había vacunado a británicos con material fabricado en el continente.

El Ejecutivo comunitario, así, señalaba a AstraZeneca: por no cumplir el contrato, por primar a Reino Unido y, de paso, alimentaba una tensión con Londres, recién salido de la UE tras cuatro años de dificilísimas negociaciones. AstraZeneca y la UE mantuvieron dos reuniones infructuosas el lunes 25.

“Los mejores esfuerzos”

AstraZeneca no se mantuvo callada, e hizo un movimiento arriesgado el martes por la noche. Su consejero delegado, Pascal Soriot, dio una entrevista a varios medios europeos en las que aguaba el contrato firmado con la UE.  Soriot explicaba: “Hay muchas reacciones sobre las vacunas en la UE. Pero es complicado, no es cierto que desviemos la vacuna de Europa a otros países para sacar beneficio”.

“Nuestro acuerdo no es un compromiso contractual como tal, básicamente dijimos que íbamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos garantizar que vayamos a tener éxito”, decía Soriot: “Europa quería ser abastecida más o menos al mismo tiempo que el Reino Unido a pesar de que el contrato se firmó tres meses después. Dijimos que lo intentaríamos, pero no podemos comprometernos contractualmente porque tenemos 3 meses de retraso”.

Reunión en vilo

El miércoles estaba prevista una tercera reunión entre las dos partes. Pero el día amaneció viciado. Por un lado, Bruselas desmentía la tesis de Soriot: el contrato sí obligaba, más allá de “los mejores esfuerzos”, y para nada establecía subordinación a contratos previos, como el del Reino Unido.

Además, el órdago de AstraZeneca se redoblaba con un correo electrónico enviado a Bruselas por el que, “a causa de los múltiples asuntos abiertos”, comunicaba que no asistiría a la reunión prevista. La UE quería saber: qué ha pasado con las vacunas y qué va a pasar con ellas. Al otro lado, sin embargo, no había respuestas.

Después de publicarse el plantón, la farmacéutica rectificó y el propio Soriot asistió a la reunión por videoconferencia, que comenzó el miércoles a las 18.30 y se prolongó por unas tres horas.

A la salida de la reunión, la comisaria europea de Sanidad. Stella Kyriakides dio una de cal y varias de arena: “La reunión ha sido constructiva, nos hemos comprometido a encontrar una solución, pero AstraZeneca sigue sin explicar qué ha pasado con las vacunas y cuándo van a llegar y cuántas”.

Desafío de Bruselas

La Comisión Europea puso en marcha dos ofensivas para presionar a AstraZeneca. Por un lado, pidió públicamente a la compañía que le dejara hacer público el contrato, en tanto que consideraban que Soriot ya había vulnerado la confidencialidad al hablar de su contenido. Por otro lado, anunciaba un nuevo mecanismo de “transparencia” consistente en controlar las exportaciones de vacunas fabricadas en el espacio comunitario a terceros países, es decir, a Reino Unido.

La situación es tan extrema, que este jueves, en una carta enviada a cuatro jefes de Gobierno que expresaron quejas contra los ritmos de la Agencia Europea del Medicamento, entre ellos los de Austria y Grecia, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, abre la puerta a mayores medidas de intervención económica si siguen fallando las farmacéuticas, y habla de emplear el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE, una suerte de poderes de emergencia especiales, que dice: “Se podrá recurrir a medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieran dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía; en caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión”.

De momento, el Ejecutivo comunitario no ve necesario ir tan lejos.

Transparencia a golpe de tachón

El viernes a primera hora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en un medio alemán, los que siempre escoge para los anuncios importantes, que el Ejecutivo comunitario haría público el contrato con AstraZeneca tras haberlo censurado junto con la farmacéutica.

Y por fin se vio el contrato, el segundo, después del de Curevac, que se hacía público. Pero, en todo caso, con tachones para asuntos relevantes, como los económicos y los plazos de entrega, si bien algunos de esos tachones podían desenmascararse con Adobe. Otros, casualmente, no.

“El contrato publicado este viernes contiene partes tachadas que pertenecen a información confidencial, como detalles de facturas”, anunciaba Bruselas. Así, en el anexo de la página 40, no se pueden ver los volúmenes de entregas acordadas, por ejemplo, al ser una página tachada y posteriormente escaneada.

Eso sí, debajo de los tachones se ha podido descubrir una cifra: 870 millones de euros para 300 millones de dosis, incluyendo todos los costes, como ha adelantado Der Spiegel y ha confirmado elDiario.es. Así, si se descuentan los 336 millones de euros que adelantó la Comisión Europea, quedarían 534 millones pendientes. Si se dividen esos 534 millones entre las 300 millones de dosis, salen a pagar 1,78 euros por dosis.

La cifra que publicó (y borró) en Twitter una dirigente del Gobierno belga, Eva de Bleeker.

Patinazo diplomático con Reino Unido

Durante toda la semana, Bruselas ha señalado Reino Unido como el destino preferente de las vacunas de AstraZeneca. Y el viernes dio un órdago tan grande que tuvo que recular a medianoche.

Además de presentar el contrato con tachaduras que parecía reforzar las tesis de la Comisión Europea –el laboratorio debe usar todos los medios a su disposición, dentro y fuera de la UE, para satisfacer las entregas pactadas–, el Ejecutivo comunitario autorizó definitivamente la vacuna de AstraZeneca y adoptó medidas para exigir que las exportaciones de vacunas desde territorio comunitario estén sujetas a una autorización por parte de los Estados miembros. Adoptadas por el procedimiento de urgencia, Bruselas dispone que, hasta finales de marzo de 2021, las exportaciones de vacunas contra la COVID-19 fuera de la UE, como Reino Unido, estén sujetas a autorizaciones de exportación. Este régimen solo se aplica a las exportaciones de las empresas con las que la Unión Europea haya celebrado acuerdos de adquisición anticipada, como AstraZeneca.

Y entre esas medidas, la Comisión Europea decidió que esos controles también se apliquen en Irlanda del Norte. Como según el acuerdo del Brexit, todos los productos deberían exportarse desde la UE a Irlanda del Norte sin controles y ante el temor de Bruselas de que esa frontera pudiera usarse para eludir los controles de exportación, la Comisión Europea había decidido invocar el artículo 16 del Protocolo de Irlanda del Norte del Brexit, que permite que se anulen unilateralmente partes del acuerdo.

Una decisión que generó tanto malestar en Reino Unido e Irlanda del Norte que Bruselas terminó por recular este viernes por la noche para eliminar la mención del mecanismo de fronteras irlandés del artículo 16 del texto del reglamento de control de exportaciones: “La Comisión está adoptando una medida que exige que dichas exportaciones estén sujetas a una autorización de los Estados miembros. En el proceso de finalización de esta medida, la Comisión se asegurará de que el Protocolo de Irlanda con Irlanda del Norte no se vea afectado. La Comisión Europea no está activando la cláusula de salvaguarda. En caso de que se abuse de los tránsitos de vacunas y sustancias activas hacia terceros países para eludir los efectos del sistema de autorización, la UE considerará utilizar todos los instrumentos a su disposición”.

Una crisis diplomática que se acentúa por el hecho de que Reino Unido se resiste a dar plenas credenciales diplomáticas a la embajada de la UE en el país.

Pánico en las fronteras

Los nervios se traducen en que países como Portugal, con el que España tiene una comunicación permanente de frontera invisible por las relaciones humanas, sociales, comerciales y laborales a los dos lados; un país que preside el semestre de la UE, ha votado el jueves pasado un nuevo estado de emergencia, del 31 de enero al 14 de febrero, en el que se autoriza un cierre parcial de las fronteras y la contratación de profesionales sanitarios extranjeros y jubilados. Portugal se convierte en el sexto país comunitario en aplicar severas restricciones fronterizas, tras Dinamarca, Hungría, Austria, Finlandia y Bélgica.

En Portugal, los hospitales están saturados y la mayoría de las unidades de cuidados intensivos por encima del 90%, informa Efe. El país, con algo más de 10 millones de habitantes, acumula desde marzo 11.305 fallecidos y 668.951 positivos, y la curva continúa disparada.

Hace una semana se reunió un Consejo Europeo por videoconferencia marcado por el miedo a las variantes de la COVID-19. El centro de control de enfermedades (ECDC) señaló la importancia de aumentar los controles fronterizos, y el Ejecutivo comunitario recogió el guante y diseñó un mapa en el que incluía el rojo oscuro para señalar zonas como buena parte de España, donde los casos por 100.000 habitantes superan el número de 500. Las zonas rojo oscuro, según la Comisión Europea, deberían tener restringidos los viajes, salvo para aquellos esenciales, y deberían ir acompañados de cuarentenas y PCR.

Pero, aunque AstraZeneca resuelva sus problemas, la UE corra con la autorización de las vacunas y los países vacunen más rápido que nunca... Mientras la inmunidad no alcance a los países en vías de desarrollo y se extienda más allá de las fronteras de la UE, el virus seguirá siendo una amenaza.

¿Y a partir de ahora?

Es de esperar que el conflicto con AstraZeneca se desencalle de alguna manera. “AstraZeneca está trabajando con la UE a raíz de la aprobación de la vacuna para que comience la inmunización activa en todos los estados miembros”, decía este viernes por la noche el laboratorio. Pascal Soriot, director ejecutivo, hablaba del “compromiso inquebrantable de proporcionar esta vacuna que salva vidas a millones de europeos”.

La medida de ese compromiso se verificará si AstraZeneca es capaz de coger el ritmo de entregas previsto pronto, y no en diez semanas como vaticinaba el Gobierno alemán esta semana. Ante una situación similar desatada hace dos semanas con Pfizer, éste llegó a un acuerdo con Sanofi para que le ayudara a no perder la cadencia de entregas con la Unión Europea.

Según la información de ZDF, estas serían las cantidades de entrega a las que AstraZeneca se ha comprometido en el contrato y que están tachadas: de 30 a 40 millones para finales de 2020 –en el caso de que se hubiera aprobado en diciembre–; y de 80 a 100 millones en el primer trimestre de 2021.

Pero no todo pasa por el aumento de la fabricación de las vacunas autorizadas. El horizonte pasa por autorizar más vacunas y, también, por agilizar los ritmos de vacunación de los países. La Comisión Europea marcó el objetivo de tener vacunada al 70% de la población adulta en verano, algo que se antoja inviable salvo que se resuelvan rápidamente los actuales inconvenientes.

La Comisión Europea cuenta con 2 300 millones potenciales de dosis tras sellar acuerdos con seis empresas diferentes: BioNTech-Pfizer (hasta 600 millones de dosis); AstraZeneca (hasta 400 millones de dosis); Sanofi-GSK (hasta 300 millones de dosis); Johnson and Johnson (hasta 400 millones de dosis); CureVac (hasta 405 millones de dosis); Moderna (hasta 160 millones de dosis).

Además, la Comisión Europea ha mantenido conversaciones con Novavax y Valneva sobre la adquisición de hasta 200 y 60 millones de dosis, respectivamente. El Ejecutivo comunitario ha autorizado y comercializado las vacunas producidas por tres de estas empresas: BioNTech-Pfizer (21 de diciembre de 2020), Moderna (6 de enero de 2021) y AstraZeneca (29 de enero).

Es decir, quedan aún vacunas por autorizar y negociaciones por concluir con laboratorios que, como en el caso de Novavax, están siendo examinadas en Reino Unido para ser utilizarlas.