México condena la represión policial que despierta los peores fantasmas

Inés Amarelo y Lourdes Cruz

Cancún (México), 10 nov (EFE).- México condenó este martes, de manera unánime, la represión policial a balazos de una marcha feminista en Cancún que acabó con varios heridos, suceso que provocó la dimisión del jefe de la policía municipal y varios miembros imputados, pero que despierta los peores fantasmas del abuso policial y la violencia contra las mujeres en el país.

Escenas de policías con armas largas persiguiendo a manifestantes y disparando al aire en Cancún (estado de Quintana Roo) recorrieron la noche del lunes el país, trayendo recuerdos de las épocas más oscuras de esta nación.

La manifestación, frente al Palacio Municipal de la ciudad, fue convocada en un principio por la familia de la joven de 20 años Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, “Alexis”, desaparecida la semana pasada pero cuyo cuerpo fue encontrado el lunes.

Minutos después de los hechos, la alcaldesa de la ciudad, Mara Lezama, y el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, aseguraron en sus redes sociales no haber dado la orden de reprimir.

AUSENCIA DE RESPONSABILIDADES

Este martes, Lezama dio una improvisada conferencia tras una protesta de periodistas que reclamaron su derecho a informar y rechazaron los ataques de la policía, que hirió a varios periodistas.

En la conferencia, la alcaldesa habló de varios detenidos, sin concretar una cifra, que fueron liberados durante la noche y se refirió a la investigación iniciada a seis policías que continuará hasta que se esclarezcan los hechos.

Esta mañana, el director de Seguridad Pública de Benito Juárez (municipio de Cancún), Eduardo Santamaría, fue separado de su cargo mientras que el secretario general del Ayuntamiento, Isaac Janix dimitió del suyo.

Sin embargo no se aclaró de quién es la responsabilidad directa, pues en algunos estados -como Quintana Roo- la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, cuyo titular es Alberto Capella, controla toda la policía, incluida la municipal, a través del Mando Único.

Por esto la alcaldesa echó la culpa al Gobierno estatal y éste derivó la responsabilidad al jefe de policía.

La coordinadora del programa de género y profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Tatiana Revilla, cuestionó a Efe la procedencia de la orden de usar armas de fuego.

Revilla relacionó las acciones de la policía y la vulneración de los derechos humanos con el clima de militarización en el país, derivado de la creación de la Guardia Nacional (GN) por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora tiene mucho peso la GN y se ha demostrado que en los territorios de mayor militarización y más crimen organizado es donde más se violan los derechos humanos de las mujeres y donde hay más violencia contra las mujeres”, relató.

Organizaciones internacionales como ONU Mujeres o Amnistía Internacional (AI) condenaron la represión e instaron a las autoridades a llegar al fondo de los hechos.

ONU Mujeres México condenó el “uso de la fuerza” hacia las manifestantes que pedían “medidas para poner un alto a la violencia feminicida”.

Además, exhortó a una “debida investigación” y recordó la necesidad de implementar protocolos sensibles al género y de conformidad con leyes nacionales y compromisos internacionales.

Tanto AI como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México pidieron una investigación objetiva, “que evite la impunidad”.

El hartazgo ante las más de 10 mujeres asesinadas en México a diario según organizaciones civiles, los 724 feminicidios acumulados desde enero a nivel nacional y los 9 en Quintana Roo según cifras oficiales, parece llegar al límite.

Mientras, la lucha feminista y por los derechos humanos toma más fuerza en un país donde aumentan tanto los abusos policiales, como la violencia hacia las mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos y el medioambiente.

El 27 de septiembre, en Ciudad de México centenares de policías rodearon a un grupo de feministas que se manifestaban a favor de la legalización del aborto en todo el país.

El 4 de mayo policías en el estado de Jalisco detuvieron, violenta y presuntamente por no llevar mascarilla, al joven Giovanni López cuya muerte se conoció un mes después al difundirse el vídeo de la detención.

La impunidad en los feminicidios llega al 51,4 % y en homicidios dolosos al 89,6 %, según un estudio de la asociación Impunidad Cero publicado este mismo martes.

Para Revilla es imprescindible investigar este caso de abuso policial y garantizar que no se vuelva a repetir.