¿Hasta dónde quiere llegar el Gobierno español con el reconocimiento del Estado de Palestina?

Ya está hecho. Junto a Irlanda y Noruega, y adornado de la pompa y circunstancia propia de un hito histórico, el Gobierno español ha decidido reconocer a Palestina como Estado, con el respaldo presencial este miércoles en Madrid de cinco ministros de exteriores de países árabes (incluyendo el de la propia Palestina, Muhamad Mustafa, que también es primer ministro de la Autoridad Palestina) y del Secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica, miembros del Grupo de Contacto para Palestina. Queda así oficializado lo que de ningún modo debería ser el final de un proceso al que España ha tardado en sumarse, contando con que ya más de 140 países habían dado ese paso con anterioridad. Por el contrario, debería ser el punto de partida de un plan para lograr que su importancia simbólica tenga, también, relevancia operativa pensando, sobre todo, en cómo mejorar la suerte de los palestinos y en la posibilidad de que finalmente reine algún día la paz en la Palestina histórica (que incluye a Israel).

Con esa idea, mirando hacia adelante con perspectiva realista, es más sencillo identificar lo que el reconocimiento de Palestina no va a suponer. Ninguno de los tres países mencionados tiene peso suficiente en el escenario internacional para lograr lo que no han conseguido los más de 140 que ya lo hicieron antes, sea el cese de las hostilidades en Gaza (sin olvidar Cisjordania) o la entrada masiva de ayuda humanitaria en la Franja. Mucho menos es posible dar contenido real de inmediato a la desgastada fórmula de los dos Estados, dado que la estrategia de hechos consumados practicada por los sucesivos gobiernos israelíes desde hace décadas, con el explícito respaldo estadounidense y la pasividad de muchos otros, ya ha hecho inviable la existencia de un Estado palestino soberano, digno de tal nombre. Tampoco se dan las condiciones para la celebración de una nueva conferencia de paz, no solo por el resquemor que sienten los palestinos y el conjunto de los gobiernos árabes con lo ocurrido con el Proceso de Paz iniciado en Madrid en 1991, sino porque el actual gobierno israelí rechaza frontalmente la idea, encerrado en su supremacismo negacionista de cualquier derecho para los palestinos.

Eso no significa que la decisión de España se quede en el mero formalismo simbólico. Si así fuera no estaríamos ante la agresiva respuesta del gobierno israelí, haciendo gala de un matonismo que se explica por la sensación de impunidad de la que Tel Aviv ha gozado durante demasiado tiempo. En primer lugar, el paso dado por España es una muestra de que el poder de disuasión israelí está en franca decadencia en la medida en que sus clásicos ataques contra cualquier crítica a su comportamiento, calificándola de antijudía y promotora del terrorismo, ya no funcionan como antaño. Y eso, además de desnudar las vergüenzas de quien se empeña en autocalificarse como la única democracia de la región y en tener el ejército más moral del planeta, puede abrir una vía para que otros gobiernos terminen por sumarse pronto al reconocimiento de Palestina como Estado.

En todo caso, lo que queda por ver es hasta dónde quiere llegar el gobierno español a partir de aquí, sabiendo que, como ha amenazado abiertamente el ministro israelí de exteriores, “dañaremos a quien nos dañe”. De momento parece atrapado en su propio pronunciamiento de que el reconocimiento de Palestina no pretende castigar a nadie (Israel) ni premiar a nadie indeseable (Hamás). De otro modo, y a la espera de ver cuál va a ser la respuesta rotunda y coordinada que ya ha anunciado el ministro español de Exteriores para un momento todavía por concretar, no se explica que, por ejemplo, no se haya llamado ni siquiera a consultas a nuestra embajadora en Tel Aviv, cuando sí se ha hecho tras las inaceptables declaraciones del presidente argentino y cuando Israel ya lo hizo, al mismo tiempo que ya ha bloqueado la posibilidad de que los palestinos puedan ser atendidos en el consulado español en Jerusalén Este. También sorprende que el paso dado no vaya acompañado de la decisión de abrir de inmediato una embajada española en Ramala, a la espera de hacerlo algún día en Jerusalén.

Los siguientes pasos

En esa misma línea, también está en su mano prohibir la entrada de colonos en territorio español, bloquear las importaciones de productos fabricados en los asentamientos (todos ellos ilegales), sumarse a Sudáfrica en la causa interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia o eliminar la presencia de personal de seguridad israelí en los aeropuertos españoles. Y si se quiere ir más allá también se puede imitar al papa Francisco, rompiendo la regla que lleva a solicitar permiso cada vez que una delegación española quiere entrar en los territorios palestinos ocupados. De ese modo, con el añadido de la ruptura del bloqueo impuesto por Tel Aviv a Gaza, accediendo directamente a la Franja, se puede contribuir a empoderar a los palestinos y a mostrar la desnudez del rey (Israel) en su empeño por imponer su dictado al margen de la legalidad internacional.

Por supuesto, y dando por hecho que sumarse a la campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) queda hoy por hoy fuera de la realidad, también se puede establecer un verdadero embargo de armas y la prohibición del tránsito por territorio español de material de defensa con destino u origen en Israel, así como la suspensión de las relaciones comerciales (aunque para esto habría que actuar necesariamente en coordinación con el resto de los Veintisiete miembros de la Unión Europea).

En definitiva, una vez situados en el lado correcto de la historia y sin sacar los pies del suelo, son muchas las acciones que el gobierno español puede realizar. Solo falta voluntad política… y no dejarse amedrentar.

 

*Jesús A. Núñez Villaverde – Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)