Así ayuda un poderoso 'lobby' de EEUU a las petroleras a bloquear las medidas contra la crisis climática

Cuando Royal Dutch Shell publicó su informe medioambiental anual en abril, se jactaba de estar invirtiendo mucho en energías renovables. El gigante petrolero se había comprometido a instalar miles de puntos de recarga para vehículos eléctricos alrededor del mundo, para ayudar a compensar el daño causado por la quema de combustibles fósiles.

Ese mismo día, Shell publicó otro informe donde revelaba que su mayor donación a grupos de lobby político el año pasado había sido destinada al American Petroleum Institute (Instituto Estadounidense de Petróleo, API en inglés), una de las organizaciones empresariales más poderosas en EEUU, que dirige las relaciones del sector petrolero con el Congreso.

En contra de las declaraciones públicas de Shell a favor de los vehículos eléctricos, el director ejecutivo de API, Mike Sommers, se ha comprometido a rechazar las medidas medioambientales de Joe Biden, incluyendo su propuesta de financiar nuevos puntos de recarga en EEUU. Afirma que la “transición precipitada” a los vehículos eléctricos forma parte de una “acción gubernamental para limitar las opciones de transporte de los estadounidenses”.

Shell donó más de 10 millones de dólares (8,5 millones de euros) a API solamente el año pasado.

Y no es solo Shell. La mayoría de los grupos petroleros también son grandes financiadores, como ExxonMobil, Chevron y BP, aunque no han hecho públicas las contribuciones.

Presión entre bastidores

Los profundos vínculos financieros ponen de manifiesto el poder y la influencia de API a lo ancho del sector del petróleo y del gas, y su papel decisivo a la hora de colocar grandes obstáculos a las nuevas políticas y leyes sobre el clima, según describen los políticos.

Los críticos acusan a Shell y a otras grandes empresas petroleras de usar a API como escudo para el sector. Mientras las empresas hacen campañas publicitarias en las que afirman que se toman en serio la emergencia climática, el grupo trabaja entre bastidores en el Congreso para detener o debilitar la legislación medioambiental.

A comienzos de este año, un miembro del lobby de Exxon en Washington fue grabado en secreto por Greenpeace mientras describía a API como el “chivo expiatorio” del sector para desviar las críticas públicas y políticas de las empresas.

El senador Sheldon Whitehouse, un demócrata de Rhode Island y acérrimo crítico de las tácticas de relaciones públicas de las grandes empresas petroleras, acusa a API de “mentir a gran escala industrial” sobre la crisis climática para frenar la legislación para combatir el calentamiento global.

“Las grandes petroleras y API van muy unidos”, dice.

La influencia se debilita

Whitehouse sostiene que el sector del petróleo y del gas ahora reconoce que no es “socialmente aceptable” negar abiertamente el cambio climático, y que las empresas están bajo presión para decir que apoyan soluciones energéticas nuevas que sean menos dañinas para el medioambiente. Pero eso no significa que sus afirmaciones deban tomarse al pie de la letra.

“La pregunta de si son sinceros o si esto es simplemente ‘el cambio climático es una farsa 2.0’ por ahora no tiene respuesta”, agregó.

Shell ha defendido su financiación diciendo que, aunque no está “alineada” con algunas políticas de API, la empresa sigue participando en su junta directiva y en el comité ejecutivo para tener “un mayor impacto positivo” desde adentro. La petrolera afirmó a comienzos de este año que su influencia ha ayudado a que API, que representa cerca de 600 empresas perforadoras, refinerías y otros interesados tales como productores de plástico, apoyara finalmente los impuestos al carbono.

Con Biden en la Casa Blanca y la creciente toma de conciencia en la opinión pública sobre el calentamiento global, hay señales de que la influencia de API se debilita mientras sus propios miembros están divididos sobre cómo responder.

La empresa francesa Total abandonó el grupo a comienzos de este año por sus políticas climáticas. Exxon y Chevron se ven presionadas por las rebeliones de sus accionistas para que dejen de depender del petróleo. En diciembre, los principales ejecutivos a cargo de la energía limpia de Shell renunciaron por el ritmo de cambio de la empresa.

API también está lidiando con una cantidad creciente de demandas, encabezadas por el estado de Minnesota, que denuncia que el grupo estuvo en el corazón de una “campaña de desinformación” que lleva décadas en defensa de las grandes petroleras para negar la amenaza de los combustibles fósiles.

Contra el avance legislativo

Pero a pesar de las amenazas a la duradera influencia de API, Whitehouse argumenta que la organización empresarial representa la verdadera cara del sector. En vez de usar su gran poder para impulsar leyes energéticas respetuosas con el medioambiente, API sigue ejerciendo presión para demorar su avance con la bendición del sector petrolero.

“Su esfuerzo político en este momento es puramente negativo, en contra de una legislación medioambiental seria. Y muchos de ellos siguen financiando a negacionistas climáticos fraudulentos que han sido sus portavoces durante una década o más”, dice Whitehouse.

Desde la fundación de API en 1919, surgido de la cooperación entre el sector petrolero y el Gobierno estadounidense durante la Primera Guerra Mundial, ha evolucionado hasta convertirse en una importante fuerza política, con ingresos anuales cercanos a los 240 millones de dólares (203 millones de euros).

Los pesos pesados del sector

Su consejo de administración ha estado dominado por pesos pesados de las grandes petroleras, como Rex Tillerson, el director de Exxon que acabó siendo el secretario de Estado de Donald Trump, y Tofiq Al Gabsani, director de Saudi-Refining, filial del gigante estatal Aramco. Al Gabsani también estaba registrado como lobista del Gobierno saudí.

API también contrató a lobistas profesionales, como Philip Cooney, que llegó a ser el jefe de personal del Council on Environmental Quality (Consejo por la Calidad Medioambiental) hasta que se vio obligado a dimitir en 2005 tras haber manipulado las estimaciones climáticas gubernamentales para restar importancia a la evidencia científica y acentuar las dudas sobre el calentamiento global. Poco tiempo después, Cooney fue contratado por Exxon.

API empezó a funcionar cuando la realidad de la crisis climática se introdujo en los discursos públicos y políticos, y el sector se encontraba a la defensiva. El grupo empresarial, que afirmaba representar a empresas que generaban 10 millones de puestos de trabajo y cerca del 8% de la economía estadounidense, tuvo un papel central en el combate contra las nuevas normativas medioambientales.

En muchos casos, API estaba dispuesto para hacer el trabajo sucio del que las empresas particulares no querían ser responsables. En 1998, después de que los países firmaran el Protocolo de Kioto para ayudar a frenar las emisiones, API elaboró una campaña de desinformación multimillonaria para asegurarse de que “el cambio climático no sea un problema”. El plan decía que “logrará la victoria” cuando “el reconocimiento de las incertidumbres se vuelvan parte de la ‘sabiduría convencional”.

Campañas de desinformación

Parte de esto es la base de varias demandas contra API. La primera fue presentada el año pasado por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, que acusa al grupo de trabajar junto a ExxonMobil y Koch Industries para mentir sobre la magnitud de la crisis climática. La demanda alega que “documentos internos previamente desconocidos” demuestran que API y otros conocían bien los peligros desde hacía décadas, pero “ejecutaron campañas de relaciones públicas que no solamente eran falsas, sino también muy eficaces” para desacreditar la ciencia climática.

La ciudad de Hoboken en Nueva Jersey también ha demandado a API, alegando que participó en una conspiración al unirse y financiar a “organizaciones fachada” que hicieron “campañas publicitarias y mediáticas engañosas que promueven la desinformación y el negacionismo sobre el clima”.

Las demandas alegan que API financió a científicos conocidos por negar o restar importancia al cambio climático, y dio millones de dólares a organizaciones aparentemente independientes, como el Instituto Cato y el Instituto George C Marshall, que negaban o restaban importancia a la creciente crisis medioambiental.

“API ha sido miembro de al menos cinco organizaciones que han promovido la desinformación sobre los combustibles fósiles entre los consumidores”, alega Ellison en la denuncia de Minnesota. “Estas organizaciones fachada fueron creadas para proveer desinformación sobre el clima y representar fuentes aparentemente objetivas, cuando, en realidad, eran financiadas y controladas por ExxonMobil y otros vendedores de productos de combustibles fósiles”.

No siempre ha sido así

No siempre fue así. Cuando Terry Yosie se unió a API en 1988 como vicepresidente de salud y medioambiente, el grupo llevaba años financiando a científicos para que investigaran asuntos climáticos después de escuchar las repetidas advertencias. En 1979, API y sus miembros fundaron el Grupo de Trabajo para el Clima y la Energía con científicos de las empresas de petróleo y gas, para compartir sus investigaciones.

Yosie, que llegó a API de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental, EPA en inglés), controlaba un presupuesto de 15 millones de dólares (13 millones de euros), del cual destinaba una parte para que representantes de la EPA y otros especialistas impartieran talleres sobre el cambio climático.

“Los reuní con ejecutivos del sector petrolero del más alto nivel con el único propósito de asegurar que la industria comprendiera lo que pensaban otras partes interesadas importantes sobre el cambio climático, cómo veían la evolución y en qué información contaban”, dice.

Cuando Yosie se fue de API en 1992, creía que el grupo todavía se tomaba en serio abordar la evidencia creciente sobre el cambio climático. Pero un año más tarde, el grupo de trabajo fue disuelto mientras Exxon abandonaba uno de los mayores programas de investigación del sector para medir el cambio climático.

Yosie cree que, ante la verdadera dimensión del desastre en ciernes, API y las empresas petroleras huyeron despavoridas y optaron por seguir una agenda basada en el negacionismo climático.

“Cuando el tema del clima comenzó a desplazarse de la periferia al centro, creo que hubo una pérdida de confianza colectiva en todo el sector, un temor de que no podrían ganar el debate”, dice.

API y sus financiadores fundaron una organización fachada, engañosamente llamada Coalición Mundial por el Clima (GCC, en inglés), para hacer creer que la crisis climática era un engaño. A fines de los 90, el presidente de la GCC, William O’Keefe, también era el vicepresidente ejecutivo de API, un hombre que afirmó falsamente que “los científicos climáticos no dicen que quemar petróleo, gas y carbón esté calentando continuamente la Tierra”.

API y el GCC lideraron los ataques en contra del apoyo de Bill Clinton al Protocolo de Kioto con un “plan de comunicación sobre la ciencia climática global” que tergiversaba los hechos sobre el calentamiento global.

La relación entre API y las grandes empresas petroleras siguió siendo extraordinariamente estrecha en todo momento. El director ejecutivo de Exxon fue miembro del comité ejecutivo del grupo durante la mayor parte de las tres últimas décadas, y han trabajado juntos promoviendo el negacionismo de la crisis climática.

Los esfuerzos de API se centraron en el Congreso, donde lideró la oposición del sector a las políticas, tal como hicieron con las leyes sobre el comercio de derechos de emisión en 2009.

“La mayor parte de la financiación del Partido Republicano, y probablemente también otra cantidad considerable del dinero oscuro que hay detrás del partido, sale del sector de los combustibles fósiles”, dice Whitehouse. El año pasado, API aportó indirectamente cinco millones de dólares (4,25 millones de euros) al Senate Leadership Fund conservador (Fondo de Liderazgo del Senado) para respaldar candidaturas republicanas (muchos de los cuales cuestionan la ciencia climática), y campañas de miembros de las comisiones de energía de ambas cámaras del Congreso.

¿Un cambio de rumbo?

La creciente preocupación pública, y la salida de la Casa Blanca de Donald Trump, afín al petróleo, han cambiado el panorama para API. En marzo lanzó el Climate Action Framework (Marco de Trabajo para la Acción Climática), donde respalda por primera vez políticas como la fijación del precios del carbono. También declaró su apoyo al Acuerdo de París.

API ha dicho que el plan es “robusto”, pero otros han señalado la falta de detalles y su honestidad fue cuestionada cuando un representante de Exxon fue sorprendido por las cámaras a comienzos de este año diciendo que nunca se aplicará un impuesto al carbono y que el apoyo a esa medida fue una táctica de relaciones públicas para frenar medidas más serias.

Y entre la pérdida del apoyo de API por parte de Total y la renuncia de los ejecutivos de Shell por lo que consideraron un retraso de la empresa en relación con los combustibles verdes, hay señales de que las actitudes están cambiando dentro del propio sector.

Shell y BP han dicho que continuarán reconsiderando su apoyo a API. Shell dice que cuando esté en desacuerdo con las posiciones del API  “seguirá defendiendo su causa por cuenta”.

Sin embargo, Peter Frumhoff, director de ciencia y política en la Union of Concerned Scientists (Gremio de Científicos Preocupados), se muestra escéptico sobre un cambio de rumbo significativo.

“Creo que es justo decir que API y las grandes empresas que son sus miembros han tenido un objetivo ampliamente compartido, que es mantener el permiso social que tiene el sector para operar, para continuar extrayendo petróleo y gas todo el tiempo que puedan, de la forma más rentable posible”, dice.

Este artículo ha sido publicado como parte de Covering Climate Now, una colaboración mundial de medios para fortalecer la cobertura de las noticias sobre el clima.

Traducido por Ignacio Rial-Schies