La estrategia antiterrorista de EEUU en África financia la tortura
Justo antes de que sus torturadores lo empujaran desde una furgoneta al pavimento de una calle en Nairobi, estando casi inconsciente, a Abdi le advirtieron que había tenido suerte: “Hoy tenías que morir”.
El operativo de seguridad que lo detuvo era keniata, pero una investigación realizada por la Anganza Foundation for African Reporting sugiere que puede haber sido parte de una estrategia de contraterrorismo financiada por Estados Unidos en todo el continente africano. Esta estrategia está dejando un rastro de destrucción a su paso.
Desde que Kenia invadió Somalia en 2011 en un intento de desplazar al grupo islamista Al Shabaab, miles de somalíes que viven en Kenia, igual que Abdi, han sido detenidos; muchos por dudosas razones.
Las fuerzas de seguridad, especialmente la Fuerza de Defensa Keniata, que continúa recibiendo importante financiación estadounidense, y la unidad policial antiterrorista han sido acusadas de torturas y ejecuciones.
Aunque el relato de Abdi dificulta verificar el caso de forma independiente, los detalles coinciden con los de otros relatos recogidos por ONG locales, incluida la Unidad Médico-Legal Independiente, que registra incidentes de tortura y violencia policial en Kenia.
Abdi asegura que estaba saliendo de la universidad donde estudiaba en 2015 cuando un coche, transformado en unidad de tortura móvil, se detuvo a su lado. Desde dentro le apuntaron a la cara con un arma con silenciador.
Mientras lo arrestaban, los hombres, que se identificaron como policías, le dijeron a Abdi que hacía años que lo tenían vigilado. Sus interrogadores le explicaron que era sospechoso por vivir en una casa en las afueras de Eastleigh, un suburbio de Nairobi mayormente somalí. Le preguntaban una y otra vez: “¿Estás intentando reclutar para Al Shabaab?”
Abdi asegura que cuando no les gustaba una respuesta, le aplicaban una descarga eléctrica con un táser industrial para ganado. El hombre calcula que su calvario duró unas siete horas.
Desde ese día, Abdi sufre dolor crónico de espalda a causa de las descargas. Pero aun así, se considera afortunado. “De diez [personas] que se llevan, solo regresa una”, afirma.
“Kenia lo hace para complacer a otros países”
El doctor Abdallah Waititu tuvo menos suerte. No se le ha vuelto a ver desde que se fue de su trabajo la tarde del 4 de abril del año pasado. Este farmacéutico de 33 años de origen somalí, conocido como Duktur (“doctor”), era un pilar de la comunidad de Eastleigh hasta que desapareció.
“Nuestros amigos nos dicen que no nos preocupemos, que debe de estar vivo. Pero no lo creeré hasta que lo vea”, afirma su hermano Imran. La vida de la familia de Waititu cambió radicalmente. Sus tres esposas y cinco niños pequeños se han tenido que mudar a un piso más pequeño y sus hermanos trabajan horas extras para pagar el alquiler y la comida. Cada semana visitan comisarías y morgues.
La familia también está intentando denunciar al Gobierno para saber dónde está Waitutu. El Gobierno dice que no lo sabe.
En junio también desapareció Abdul Mwangi Karuri, otra importante figura de la mezquita y político en ciernes. Sus compañeros del Partido Democrático culpan a las autoridades.
El gobierno keniata, incluido el Centro Nacional de Contraterrorismo, no ha respondido las preguntas sobre ninguno de estos casos.
En Eastleigh, las historias de intimidaciones, arrestos, torturas y desapariciones se han vuelto comunes, pero Imran cree que “Kenia está haciendo esto para complacer a otros países. Cada secuestro le demuestra a los que ponen el dinero que lo están gastando bien”, denuncia.
Esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos
Desde hace años, Estados Unidos ha apoyado a algunos de los peores violadores de derechos humanos en el continente, una tendencia que los expertos advierten que puede empeorar con el presidente Donald Trump, que ha repetido que apoya las torturas contra sospechosos de terrorismo. Trump ya ha comenzado a cumplir sus promesas de campaña de reforzar aún más las acciones contra grupos terroristas.
Por todo el continente saltan a la vista las tensiones entre luchar contra el terrorismo y proteger los derechos humanos: en Nigeria, Estados Unidos está invirtiendo 38 millones de euros para combatir a Boko Haram, a pesar de que el propio Departamento de Estado descubrió que los servicios de seguridad nigerianos “han cometido asesinatos extrajudiciales, han torturado y han violado”.
En Sudán del Sur, la financiación estadounidense previa al estallido de la guerra civil de 2013 ayudó a entrenar y modernizar al Ejército, a pesar del uso extendido de niños soldados.
También está la Asociación Transahariana de Contraterrorismo, una de las más importantes iniciativas que desde 2005 ha destinado entre 85 y 151,5 millones de euros al año del Gobierno estadounidense a las fuerzas de seguridad y servicios judiciales de diez países del Sahel y Magreb: Argelia, Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí, Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal y Túnez. Muchos de ellos no han demostrado mucho respeto por la democracia y las libertades individuales.
Kenia es un ejemplo especialmente llamativo de este conflicto. En 2016, Estados Unidos apoyó al Ejército keniata con 113,8 millones de euros y a la policía con 7,6 millones de euros. Ese mismo año, Human Rights Watch registró 34 desapariciones forzadas en Nairobi y en el noreste de Kenia; todas ellas vinculadas con operaciones de contraterrorismo.
La prohibición de financiar a países que no cumplen
La Constitución estadounidense prohíbe financiar a países que violan los Derechos Humanos. Según la Ley Leahy, impulsada por el senador Patrick Leahy a fines de los años 90, “no se proveerá ayuda… a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero si el secretario de Estado tiene información creíble de que dicha unidad ha cometido violaciones graves a los derechos humanos”.
La elección de palabras ha sido la clave. Al especificar “ayuda a ninguna unidad”, la ley presupone que se puede financiar solo a los buenos policías, separándolos de los malos. Human Rights Watch asegura que este tecnicismo es lo que permite situaciones como la que se está dando en Kenia. Se han presentado solicitudes de información específica al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa y a la embajada estadounidense en Kenia sobre la financiación que aporta Estados Unidos a los servicios de seguridad keniatas, pero no ha habido ninguna respuesta.
El Comando Africano de Estados Unidos, responsable de las relaciones militares estadounidenses en el continente, sostiene que “generalmente se niega la ayuda económica en los casos en que hay información creíble de que los miembros o unidades de una fuerza de seguridad extranjera han cometido violaciones graves de derechos humanos”.
Mientras tanto, no queda claro si la “guerra contra el terrorismo” está funcionando en África. Los ataques se han cuadruplicado desde 2009, y los muertos han aumentado un 850%. Si bien el colapso de Libia ha sido determinante en el dramático aumento de las cifras, así como también lo ha sido la expansión del Estado Islámico, también se puede adjudicar parte de la culpa a los fracasos de los servicios de seguridad nacionales.
En 2014, el Instituto de Estudios de Seguridad habló con 95 miembros de grupos militares islamistas en Kenia para preguntarles por qué se habían radicalizado.
La mayoría de los miembros, que formaban parte de diferentes grupos, desde Al Shabaab al Consejo Republicano de Mombasa (MRC, por sus siglas en inglés), “hablaron de injusticias cometidas por las fuerzas de seguridad keniatas”, según explica Anneli Botha, investigadora del proyecto.
Algunos se quejaron: “A todos los musulmanes nos tratan como si fuéramos terroristas”, mientras que otros detallaron delitos específicos cometidos por la policía keniata.
A un año de su detención, Abdi asegura que el miedo no le permite caminar por las calles, pero dice sentirse enfadado y traicionado. “Me atacaron los que se supone que tienen que protegerme. Se supone que tienen que luchar contra el terrorismo, pero los terroristas son ellos”, señala.
Traducido por Lucía Balducci
