Los dos gobiernos de México: el legal y el narco
Todos los meses Antonio paga una tasa equivalente a 3 dólares diarios que le da derecho a conducir un taxi en esta ciudad situada a unos 300 kilómetros al sur de la frontera con Texas. El gobierno local no recauda este dinero; lo hacen los Zetas, un grupo de crimen organizado que es tan extremadamente violento que Antonio, como muchos otros lugareños, ni siquiera se atreve a pronunciar su nombre.
Nunca trabaja de noche ya que no es seguro salir a la calle. Durante el día tampoco hay mucha actividad. Los tiroteos son frecuentes y la mayoría de los lugareños solo sale a la calle cuando es estrictamente necesario.
Sin embargo, Antonio no culpa al crimen organizado de la anarquía que reina en Ciudad Victoria. Culpa a los políticos de México, y más concretamente al partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“El sentimiento generalizado es que la gente cree que el PRI es el culpable de todos los males que sufrimos”, explica Antonio, mientras espera que llegue un cliente en la parada de taxis de la plaza mayor: “A nadie, absolutamente a nadie, le gusta el PRI”.
Doce estados mexicanos celebran elecciones el próximo 5 de junio, entre ellos, Tamaulipas, cuyos votantes están sopesando una opción impensable hasta ahora: echar al PRI, que gobierna en este estado desde hace 86 años.
La popularidad del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, ha caído a mínimos históricos y los candidatos del PRI que se presentan a estos comicios en feudos del partido gobernante se enfrentan a candidatos advenedizos.
Los residentes, exasperados por la situación, afirman que quieren que su voto sirva para resolver problemas locales. En Tamaulipas esto no se traduce en la construcción de carreteras, pago de impuestos o escuelas; significa secuestros, extorsión y carreteras tan peligrosas que nadie en su sano juicio viajaría si no lo escoltan otros automóviles.
El PRI se está defendiendo con anuncios que atacan a sus adversarios y los acusan de tener vínculos con los grupos armados y con el tráfico de drogas.
El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, recientemente revocó las candidaturas de tres contendientes a la alcaldía de localidades en el estado que habían apoyado abiertamente la campaña del Partido Acción Nacional (PAN) alegando que “habían sido comprados y amenazados por criminales”.
Acusar a un candidato de complicidad con el crimen no es nada nuevo: dos exgobernadores del PRI, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, se enfrentan a cargos criminales en tribunales de Texas y la justicia de los Estados Unidos considera que son unos fugitivos. La fiscalía alega que Yarrison aceptó sobornos y permitió que el cártel del Golfo introdujera cocaína en Estados Unidos mientras que a Hernández lo acusan de conspirar para blanquear dinero. Los dos políticos niegan que estas acusaciones sean ciertas.
Controles ilegales, veto a la ayuda de emergencia...
El hecho de que el PRI acuse a sus adversarios de ser cómplices del crimen no deja de ser irónico y a la oposición no le pasa desapercibido.
Señalan que en el estado existe una segunda estructura de poder, paralela a la oficial: obligan a pagar por protección, establecen puntos de control ilegales en las carreteras e incluso prohíben la entrada de ayuda de emergencia en barrios pobres sacudidos por los huracanes.
“Tenemos dos gobiernos”, explica la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota durante un mitin del PAN en Tamaulipas. “Tenemos un gobierno de 9 de la mañana a 6 de la tarde y otro de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana. El primero fue elegido por los ciudadanos mientras que el segundo se impone con secuestros, extorsiones, desapariciones, balas y muertes”.
Tamaulipas tiene forma de siete abultado y está embutido en el extremo noreste del país. En el pasado, la industria del petróleo se asentaba en el estado pero en la actualidad esta zona solo produce corrupción y contrabando.
Los cárteles de la droga han operado en el estado durante décadas pero hasta los noventa nunca amenazaron a la población local o se metieron en política. Según tres candidatos a gobernadores de la oposición, todo se torció cuando los partidos locales pidieron la ayuda a los capos de los grupos de crimen organizado para conseguir la victoria en elecciones muy ajustadas.
“Los políticos les abrieron las puertas porque lo único que querían era ganar y estos bastardos empezaron a pedir”, indica Gustavo Cárdenas, un congresista que es el candidato del modesto Partido Movimiento Ciudadano. “Empezaron a pedir una participación de la gestión de los servicios públicos; contratos públicos, redes municipales de abastecimiento de agua, la policía de tráfico y la policía municipal. Muchos de los suyos todavía trabajan para las autoridades municipales”, subraya.
La inseguridad estalló en Tamaulipas en 2010, cuando el ala armada del cártel del Golfo, los Zetas, se enfrentó a sus jefes y terminaron con la pax mafiosi del estado con una espiral de violencia y de luchas intestinas por el control del territorio.
El volumen de atrocidades cometidas por estos grupos criminales es simplemente aterrador; han asesinado a miles de personas, han asaltado autobuses llenos de viajeros y los han masacrado, un cartel consiguió instalar un sistema de 120 cámaras de seguridad en la ciudad de Reynosa sin que las autoridades se opusieran, hombres armados invadiendo explotaciones agrícolas y secuestrando a todos los trabajadores. Se calcula que unos 3600 ranchos del estado están desocupados.
Asesinatos políticos
El derramamiento de sangre también ha salpicado a la clase política; en 2010 el candidato del PRI Rodolfo Torre Cantú (el hermano del actual gobernador) fue asesinado en la víspera de las elecciones. Se esperaba que ganase por una mayoría aplastante.
Todos los habitantes tienen una historia de violencia por contar.
En un mitin de Cárdenas celebrado en Ciudad Victoria, Fernanda, una estudiante de 18 años que prefirió no dar su apellido, explica que a principios de año su hermanastra, que estaba embarazada, y su cuñado fueron asesinados durante un tiroteo que tuvo lugar a las cinco de la tarde cerca de su escuela.
La impunidad es la norma y los medios de comunicación apenas hablan de la violencia. Los cárteles controlan a la mayor parte de los medios de comunicación del estado con amenazas y sobornos. Las redes sociales intentan llenar este vacío de información. En algunas ciudades, Twitter se incendia durante los tiroteos.
“De alguna forma, todavía censuramos”, indica Ramón Cantú Deándar, un candidato a alcalde en Nuevo Laredo, que se ha presentado como independiente y es el exdirector del periódico El Mañana. El propietario del periódico fue asesinado en 2004 y la redacción ha sido atacada en dos ocasiones con granadas y fusiles de asalto. El Mañana se vio obligado a dejar de informar sobre las bandas de crimen organizado.
La cobertura política tiende a favorecer al PRI. Tres periodistas locales reconocieron este hecho durante la campaña del PAN en la localidad petrolera de Tampico.
“El PRI siempre nos ha tratado muy bien”, explica uno de los periodistas. Reconoció que varios candidatos a la alcaldía le han dado dinero. Otro de los periodistas pregunta a the Guardian si le puede transmitir un mensaje al candidato del PAN, que estaba almorzando en el mismo acto: “Por favor, dile que tiene que velar por nosotros o los criticaremos”.
Un sondeo reciente realizado por Consulta Mitofsky da la victoria al candidato del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca. En sus mítines siempre luce botas de vaquero y se hace un sinfín de selfies con sus seguidores haciendo “cuernos” con las manos como es tradición en la Universidad de Texas. Habla sin embudos de problemas como la corrupción y la inseguridad.
En un mitin del PAN celebrado en la localidad petrolera de Tampico, Cabeza de Vaca subraya que “Tamaulipas es el estado con un mayor número de niños de entre 12 y 17 años imputados por delitos federales”.
“Si no hacemos nada al respeto, estos chicos se convertirán en la siguiente generación de sicarios, extorsionadores y secuestradores. Estamos condenando a nuestra sociedad”.
Tras el mitin, Cabeza de Vaca, que estudió en Texas, nos ofrece una entrevista, amenizada con nachos de carne y agua embotellada. El candidato pasa sin dificultad del inglés al español, si bien cuando habla de situaciones delicadas baja la voz y dice: “hablemos en inglés”.
“¿A qué peligro nos enfrentamos? Luchar contra un sistema que está en connivencia con el crimen organizado”, indica: “No estamos luchando contra el PRI. Luchamos contra el sistema. Hay más buenas personas que malas. Queremos reunir a todas las personas buenas”.
Cabeza de Vaca también ha levantado sospechas tras la compra de un apartamento en México DF que, según el periódico Reforma, está valorado en 2,5 millones de euros. Él asegura que el apartamento vale unos 700.000 euros y niega las acusaciones.
Sacos de frijoles para no votar a la oposición
Lo cierto es que a pesar de la retórica optimista de la oposición, la maquinaria del PRI sigue siendo muy robusta. Atiborra a los votantes más pobres con sacos de frijoles, arroz y aceite y alerta a aquellos que quieren votar a la oposición de la posible pérdida de las prestaciones sociales.
Fernanda, la estudiante cuya hermana murió en un tiroteo, afirma que unos militantes del PRI la amenazaron con quitarle la beca de estudios de 1.500 pesos mensuales si no trabaja para la campaña.
Los responsables de la campaña del candidato del PRI, Baltazar Hinojosa, no respondieron a las reiteradas solicitudes de entrevista.
En Ciudad Victoria, Juan Carrizales, que trabaja de limpiabotas, nos explica que va a votar al partido en el gobierno: “Trajeron muchos botes de betún”.
Cuando le preguntamos su opinión sobre otros problemas, como la corrupción y la inseguridad, nos muestra una tarjeta sindical con el logo del PRI: “siempre hemos apoyado al PRI”.
Traducción de Emma Reverter
