Algunos fragmentos ocultos de los archivos de Jeffrey Epstein que ha publicado el Departamento de Justicia de EEUU están saliendo a la luz. En algunos casos, se ha podido averiguar lo que estaba escrito tras los manchones negros usando técnicas de Photoshop. En otros, ha sido tan sencillo como copiar las partes tachadas de los documentos para pegarlas a continuación en un nuevo archivo de procesador de textos.
Varios textos a los que se les había suprimido el tachón negro comenzaron a circular el lunes por la noche. Uno de ellos es una prueba documental en un caso civil presentado en las Islas Vírgenes contra Darren K. Indyke y contra Richard D. Kahn, albaceas del patrimonio de Epstein. Las acusaciones de esa prueba documental (la segunda ampliación de la demanda en el pleito estatal contra Indyke y Kahn) ayudan a entender la manera en que Epstein y sus socios propiciaban el abuso sexual de menores.
En la sección 85, una parte que se ha ocultado y ahora visible de la prueba documental dice lo siguiente: “Entre septiembre de 2015 y junio de 2019, Indyke firmó (FAC) más de 400.000 dólares [unos 340.000 euros], pagaderos a jóvenes modelos y actrices incluida una exmodelo rusa que hasta mediados de 2019 recibió más de 380.000 dólares [unos 322.000 euros] a través de pagos mensuales de 8.333 dólares [unos 7.064 euros] durante un período de más de tres años y medio”.
La fiscalía de las Islas Vírgenes llegó en 2022 a un acuerdo para cerrar el caso civil por trata sexual contra el patrimonio de Epstein (fallecido en 2019), Indyke, y Kahn, por 105 millones de dólares [unos 89 millones de euros], además de la mitad de los ingresos obtenidos con la venta de Little Saint James, la isla donde residía Epstein y donde cometió muchos de sus delitos. El comunicado de prensa del Departamento de Justicia que anunció el acuerdo no incluía ningún reconocimiento de culpa.
El mismo bufete que defendió a Trump
Las autoridades federales no han acusado penalmente al abogado Indyke, que representó a Epstein durante décadas. El despacho de abogados Parlatore Law Group contrató a Indyke en 2022, antes de que el Departamento de Justicia resolviera sobre el caso Epstein. Es el mismo bufete que representa a Pete Hegseth, el actual secretario de Defensa de EEUU, y que antes defendió a Donald Trump cuando se descubrieron documentos gubernamentales confidenciales en su residencia de Florida.
The Guardian ha tratado de ponerse en contacto con Indyke y con el despacho Parlatore Law Group por teléfono y por correo electrónico, pero aún no ha obtenido respuesta.
Trump ha negado una y otra vez haber estado involucrado o tenido conocimiento de las actividades criminales de Epstein.
Otras partes del documento describen supuestos métodos con los que la empresa de Epstein ocultaba los delitos. “Los acusados también trataron de ocultar sus crímenes de trata y abuso sexuales pagando grandes sumas a los testigos participantes, incluyendo el pago de honorarios a los abogados y de las costas judiciales en litigios relacionados con estas conductas”, se lee en otro pasaje originalmente censurado.
“Epstein también amenazó con perjudicar a las víctimas y ayudó a difundir relatos negativos sobre ellas para dañar su credibilidad cuando intentaban hacer públicas sus historias de tráfico y abuso sexuales”, dice el texto ahora visible. “Epstein también ordenó a uno o más testigos de Epstein Enterprise que destruyeran las pruebas relevantes para los actuales procedimientos judiciales relacionados con los comportamientos criminales de trata sexual y abuso de los acusados”, añade.
Descuadres contables
Entre la sección 184 y la 192 del documento se describe el impuesto sobre la propiedad pagado por empresas creadas por Epstein y relativo a propiedades que no figuraban en el balance de dichas empresas. “El balance de Cypress a 31 de diciembre de 2018 no reflejaba ningún activo salvo efectivo por valor de 18.824 dólares [15.962 euros]. Además, Cypress solo declaró 301 dólares en gastos [225 euros] para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2018, a pesar de haber pagado 106.394,60 dólares [90.217,21 euros] en impuestos sobre la propiedad en Santa Fe el 6 de noviembre de 2018”, se lee en uno de los pasajes que habían sido tachados.
“Del mismo modo, en 2017, Cypress declaró como único activo efectivo por valor de 29.736 dólares [25.214,61 euros] y gastos de 150 dólares [127,19 euros], pese a haber pagado durante el año 2017 las cantidades de 55.770,41 dólares [47.290,47 euros] y 113.679,56 dólares [96.394,48 euros] en impuestos sobre la propiedad en Santa Fe”.
Promulgada en noviembre, la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein permite al Departamento de Justicia “retener cierta información, como datos personales de las víctimas y materiales que puedan poner en peligro la actual investigación federal”. No está claro de qué manera la información sobre las propiedades encaja en esa censura regulada por ley. The Guardian ha consultado al Departamento de Justicia al respecto. Aún no ha recibido respuesta.
Traducción de Francisco de Zárate