Fiscal Whitaker: elegido por Trump, azote de los demócratas e investigado por el FBI

Matthew Whitaker, el nuevo Fiscal General interino de Estados Unidos, construyó su carrera promoviendo demandas y querellas contra legisladores demócratas con fines políticos. En un caso que llevó a juicio, un informante pagado recibió instrucciones de llevar una grabadora escondida a una reunión de Alcohólicos Anónimos a la que asistió un senador estatal demócrata.

Analizando el historial de Whitaker y entrevistando a gente que lo conoció en los primeros años de su carrera en Iowa, nos encontramos con un abogado que ascendió hasta los más altos cargos del Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés), donde ahora es el funcionario judicial más importante del país, gracias a ser un hábil operador partidista. Además, Whitaker recibió durante años la fundamental ayuda de su poderoso patrocinador, Chuck Grassley, el senador republicano de Iowa.

La relación de Whitaker con Grassley, presidente de 85 años del Comité Judicial del Senado que supervisa directamente al DoJ, plantea importantes preguntas sobre si Grassley podría intentar proteger a Whitaker a pesar de la polémica por su nombramiento –que muchos consideran ilegal– por Donald Trump. Una cuestión que se plantea, por ejemplo, es si Grassley, como supervisor del DoJ, sería capaz de citar a Whitaker a testificar bajo juramento, exponiéndolo a preguntas de los demócratas.

“Matt es de Iowa como yo, lo conozco desde hace muchos años. Sé que trabajará duramente y nos hará sentir orgullosos”, afirmó Grassley en un comunicado después de que Whitaker fuera nombrado como reemplazo de Jeff Sessions tras la dimisión forzada del exsenador de Alabama. El año pasado, el senador publicó una foto en Instagram de ellos dos juntos compartiendo desayuno.

Muchos expertos en derecho, tanto progresistas como conservadores, han asegurado que el ascenso de Whitaker de jefe de gabinete de Sessions a Fiscal General interino viola la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, que establece que cualquier funcionario que dé informes de forma directa al presidente debe ser ratificado por el Senado.

Otros, incluida la líder demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, han reclamado que Whitaker se recuse de supervisar el trabajo del consejero especial Robert Mueller por sus críticas previas contra la investigación. También se ha cuestionado cuán cercana era la relación de Whitaker con Trump mientras era jefe de gabinete de Sessions, ya que algunos analistas han sugerido que Whitaker era “los ojos y los oídos” del Gobierno.

También se están analizando los comentarios que ha realizado Whitaker sobre que los jueces deberían ser todos cristianos. Además, supuestamente el FBI estaría investigando su trabajo como asesor de la junta directiva de una empresa que estafaba veteranos de guerra.

Hasta ahora, lo que menos se ha analizado es la forma en que este abogado de 49 años ha embestido persistentemente contra los demócratas a lo largo de su carrera, primero como Fiscal de los Estados Unidos en Iowa del 2004 al 2009, y luego como director de un grupo conservador llamado Fundación por la Responsabilidad y la Confianza Cívica (Fact, por sus siglas en inglés). El grupo le pagaba cientos de miles de dólares de salario y supuestamente estaría vinculado a una misteriosa empresa que le daba dinero a los conservadores hermanos Koch.

Steve Roberts, expresidente del partido republicano de Iowa, dijo a The Guardian que Whitaker se hizo conocido por sus ganas de competir contra poderosas autoridades demócratas por cargos estatales, lo cual le dio fama de “chivo expiatorio”. Roberts dijo que Whitaker, una estrella de fútbol americano en la universidad que compitió en el Rose Bowl, llamó la atención de Grassley y el senador hizo campaña en Iowa junto a Whitaker durante su fallido intento de convertirse en el tesorero del estado.

Cuando quedó vacante el cargo de Fiscal de Estados Unidos para el distrito sur de Iowa, Grassley recomendó a Whitaker ante el Gobierno de Bush, a pesar de que Whitaker tenía muy poca experiencia judicial. En un cuestionario del Senado, Whitaker escribió que sus principales experiencias previas para el cargo fueron dos casos de incumplimiento de contrato –uno relacionado con una tintorería y otro con una empresa de reformas del hogar– y un caso de difamación que se cerró con un acuerdo extrajudicial.

“Nadie obtiene un cargo aquí sin la aprobación de Grassley”, dijo Roberts a The Guardian, “así son las cosas”.

Ya siendo Fiscal de Estados Unidos, unos de los casos más conocidos que la oficina de Whitaker llevó a juicio fue una demanda de 2007 contra el popular senador estatal demócrata Matthew McCoy, declarado abiertamente homosexual. McCoy fue absuelto de la acusación de haber extorsionado a su socio comercial durante una disputa. En una entrevista con The Guardian, McCoy dijo que creía que Whitaker tomó medidas extraordinarias, y dudosas a nivel legal, para llevarlo a juicio.

La denuncia que presentó la oficina de Whitaker contra McCoy incluía horas de conversaciones grabadas, aportadas por un informante pagado que luego fue desacreditado durante el juicio. El juicio reveló que al informante le habían dado instrucciones para que grabara a McCoy durante una reunión de Alcohólicos Anónimos.

“Eso fue muy poco profesional”, afirmó McCoy. “Creo que pensaron que yo era un blanco fácil por ser un político en ascenso, un demócrata popular y además homosexual. Pensaron que me derrotarían. Y de alguna forma lo lograron, porque todo el juicio me costó muchísimo dinero, casi 90.000 euros, y me costó mi reputación en aquel momento. Hizo mucho daño a mi familia”.

Si bien el equipo de Whitaker fue informado una y otra vez por el equipo legal de McCoy de que no le habían pagado al informante, luego en el juicio se reveló que sí lo habían hecho. El juez calificó como “lamentable” ese “olvido” del equipo de Whitaker.

McCoy ha afirmado a The Guardian que ha logrado tener una carrera exitosa, pero la sombra de aquella denuncia lo persigue y le ha reducido las posibilidades de presentarse como candidato al Congreso o gobernador. “Al final, perdieron por ser básicamente mentirosos y tramposos”, señaló. “Matt Whitaker empujó la balanza de la justicia contra mí a pesar de que las pruebas indicaban lo contrario, y eso demuestra que no es una persona muy honesta”.

En informes recientes, el DoJ ha defendido aquel caso, diciendo que fue el resultado de una investigación legítima y que no tuvo motivaciones políticas.

Como Fiscal de Estados Unidos, Whitaker fue informado en 2008 sobre una operación de vigilancia contra manifestantes pacifistas de Iowa que duró nueve meses. Algunos críticos, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), afirmaron que la operación violó los derechos de las personas que fueron vigiladas. Cuando se descubrió el programa en 2010, Whitaker estaba trabajando en el sector privado y se negó a responder las preguntas del Registro Des Moines sobre si la operación había sido “excesiva”.

Cuando Barack Obama fue elegido, Whitaker dejó la oficina de Fiscal de Estados Unidos e intentó, sin éxito, presentarse como candidato a varios cargos públicos.

En 2014 se unió a Fact, un grupo activista que desafía a candidatos demócratas y que apoya causas judiciales republicanas, a veces alineándose con Grassley en el Comité. En un caso, Fact le pidió a la Comisión Federal Electoral que investigara al Comité Nacional Demócrata y a una asesora, alegando que ambos habían violado la ley federal cuando la asesora, Alexandra Chalupa, se reunió supuestamente con funcionarios ucranianos para obtener información sobre Trump durante la campaña de 2016. Grassley también intentó promover que el DoJ investigara la cuestión. Chalupa negó las irregularidades.

En otro caso, Whitaker pidió que el DoJ investigara a Sidney Blumenthal, un operador demócrata cercano a Hillary Clinton y objetivo de Grassley. Whitaker también solicitó una investigación sobre un candidato demócrata de California, Michael Eggman, pero el Comité Federal Electoral no encontró motivos para llevarla a cabo.

Aunque la denominación impositiva de Fact requiere que la organización no sea partidista, un informe de Newsweek concluyó que durante la participación de Whitaker, el grupo pidió investigaciones sobre 46 personas y organizaciones vinculadas con el partido demócrata y apenas unas pocas relacionadas al Partido Republicano.

Traducido por Lucía Balducci