El tribunal de la ONU pone a prueba el respaldo de EEUU y la Unión Europea a Israel ante la matanza en Gaza

La Justicia Internacional ha tardado sólo dos semanas en responder a la solicitud de Sudáfrica de dictar medidas cautelares para impedir el “genocidio” en Gaza, aunque la decisión adoptada este viernes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no ha contentado del todo ni al país africano ni a una parte de la comunidad internacional, que esperaba que el más alto tribunal de la ONU impusiera un alto el fuego en la Franja.

La corte con sede en La Haya ha aceptado la demanda presentada por Pretoria contra Israel por genocidio y se ha declarado competente para juzgar el caso, aunque pasará mucho más tiempo para que emita una sentencia definitiva y –tal y como ha admitido en su fallo– “la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza está en riesgo de deteriorarse aún más” antes de que llegue ese momento. Por ello, la CIJ ha dictaminado una serie de medidas cautelares para proteger a la población de Gaza hasta entonces, después de reconocer su derecho a ser protegidos de “actos de genocidio”.

La CIJ ha pedido a Israel “tomar todas las medidas que están en su poder para evitar actos” tipificados en el Convenio para la Prevención y el Castigo del Genocidio, texto en el que Sudáfrica basó su demanda, alegando que Israel lo ha incumplido en el transcurso de su ofensiva contra Gaza –que ha dejado más de 26.000 palestinos muertos, según los datos de las autoridades locales, que la ONU da por válidos–. 

Una “victoria para la justicia”

“Es una victoria para el derecho internacional, para los derechos humanos y, por encima de todo, para la justicia”, afirmó el viernes el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, cuyo país se ha ganado la simpatía no sólo de los palestinos sino de muchos otros que ven el histórico caso contra Israel en el marco de una lucha más amplia contra la opresión y el racismo. El mandatario dio la bienvenida a la decisión del tribunal y destacó que es vinculante para Israel: “Esperamos que Israel, como autoproclamada democracia que respeta el Estado de derecho, cumpla con las medidas dictaminadas por la CIJ”.

“Hoy Israel está frente a la comunidad internacional. Sus crímenes contra los palestinos han quedado al descubierto”, aseguró Ramaphosa. “Hemos calificado los ataques de Israel en Gaza de actos genocidas, actos por los que Israel debe rendir cuentas. Hoy la CIJ nos ha dado la razón”.

Para Sonia Boulos, profesora en la Universidad Antonio de Nebrija y experta en derecho internacional, la decisión del tribunal sienta las bases para ir más allá: “En primer lugar, ordenar medidas provisionales significa que enmarcar la violencia actual en Gaza como un genocidio es legalmente posible sobre la base de las pruebas aún parciales que existen sobre el terreno”. Explica a elDiario.es que también “pondría las acciones de Israel bajo el escrutinio de la corte y la comunidad internacional, especialmente en relación con la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria”. Y en el caso de los aliados de Israel, “se puede argumentar que los Estados miembros de la Convención sobre Genocidio tienen la obligación de no vender armas a un país al que la CIJ le ordena que se abstenga de actos o que impida actos que podrían equivaler a genocidio”. Eso podría afectar especialmente a Estados Unidos, que suministra en torno al 95% de las armas que Israel recibe del exterior.

Washington es de facto el principal obstáculo para que el fallo se aplique hasta sus últimas consecuencias, tal y como señala la abogada, que ha ejercido en la Asociación de Derechos Civiles en Israel: “Las medidas provisionales son jurídicamente vinculantes, lo que significa que el Consejo de Seguridad [de la ONU] puede intervenir para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, políticamente hablando, esta opción no es factible ya que Estados Unidos y otros miembros permanentes pueden utilizar su poder de veto”. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, el órgano ejecutivo de Naciones Unidas no ha podido aprobar una resolución contundente exigiendo un alto el fuego precisamente por el veto de EEUU, que ha seguido protegiendo a Israel de forma incondicional en todos los organismos internacionales.

Israel seguirá adelante con su ofensiva

Prueba de ello es que, este viernes, la Administración de Joe Biden ha vuelto a defender a Israel: “Seguimos creyendo que las acusaciones de genocidio son infundadas y queremos subrayar que la corte no llegó a ninguna conclusión sobre genocidio ni pidió en su fallo ningún alto el fuego”, dijo un portavoz del Departamento de Estado citado por la Agencia EFE. Mostrando su apreciación por la decisión de la CIJ, el portavoz aseguró que es “coherente” con la postura de EEUU de que Israel “tiene el derecho” a actuar para que los ataques de Hamás del 7 de octubre “no se repitan”. También destacó que el tribunal ha pedido la “liberación inmediata e incondicional” de todos los rehenes que fueron secuestrados ese día por los milicianos palestinos en las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza, una de las prioridades para Washington porque entre ellos había varios israelíes-estadounidenses.

El portavoz recordó que EEUU ya había pedido a Israel “tomar todas las medidas posibles para minimizar el daño a los civiles y aumentar el flujo de asistencia humanitaria”, al igual que ha hecho la CIJ.

Por su parte, Israel ya ha respondido de forma desafiante al máximo tribunal internacional, asegurando que seguirá adelante con su ofensiva en Gaza hasta “la victoria absoluta”. “Vamos a continuar a hacer lo que sea necesario para defender nuestro país y nuestra gente”, aseguró el viernes el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien celebró que la CIJ haya reconocido el derecho de Israel a defenderse. Sin embargo, Netanyahu rechazó el uso de la palabra “genocidio”: “La simple afirmación que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos no sólo es falsa sino que es indignante, y la voluntad del tribunal de discutirlo es una marca de vergüenza que no se borrará durante generaciones”.

Desde la Universidad de Tel Aviv, el profesor de la Facultad Buchmann de Derecho Aeyal Gross dice a elDiario.es que no cree que Israel opte por ignorar el fallo de la CIJ. “Puede decir que ya cumple con todo lo que le ha pedido (por ejemplo, permitir el acceso de ayuda humanitaria), demostrar que lo hace y, dentro de un mes, informar sobre ello” en el informe que el tribunal exige que le presente. Y, en el caso de que no cumpla lo dispuesto por la CIJ, Gross considera que esta no tiene muchas opciones: “El Consejo de Seguridad en teoría puede intentar imponerlo, pero teniendo en cuenta el veto estadounidense, dudo que eso ocurra”.

“La cuestión es si esto ayudará a cambiar de alguna forma la realidad sobre el terreno. La horrible situación humanitaria descrita por la CIJ debe terminar y parece que ese es el objetivo de la corte”, explica el experto en derecho internacional, quien reitera que Israel puede decir que hace “todo lo que está en su mano” para limitar el impacto de la guerra en la población civil.

Para adoptar su decisión, la CIJ ha tenido en cuenta las declaraciones de varios altos representantes de la ONU sobre la dramática situación humanitaria en Gaza, desde el colapso del sistema sanitario a la enorme destrucción y el desplazamiento masivo de civiles. La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, que ha sido la encargada de anunciar el veredicto, ha leído esas declaraciones y los datos recopilados por agencias de Naciones Unidas sobre las condiciones de vida en la Franja.

¿Qué hará la comunidad internacional?

A pesar de que el fallo de la CIJ no haya incluido el esperado alto el fuego, los palestinos han dado la bienvenida al veredicto, que confirma que “ningún Estado está por encima de la ley”, según un comunicado emitido desde la sede del Gobierno palestino en Ramalá. “Esta decisión pone fin a la cultura de crimen e impunidad de Israel, presente en décadas de ocupación, limpieza étnica, persecución y apartheid”. Además, Palestina ha hecho un llamamiento “a los gobiernos del mundo para que se comprometan a no ser cómplices en actos de genocidio y a trabajar para dejar de suministrar armas a Israel”, destacando que “están obligados a hacerlo”.

También el movimiento Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza desde 2007, ha pedido a la comunidad internacional “obligar al enemigo a implementar las decisiones de la corte y detener el actual crimen de genocidio contra el pueblo” palestino. El grupo islamista ha interpretado que la decisión de la CIJ conlleva “detener todas las formas de agresión contra nuestro pueblo palestino en Gaza”, aunque el cese de hostilidades no está incluido en las medidas provisionales dictadas por el tribunal.

Sudáfrica, los palestinos y la propia ONU apuntan a la comunidad internacional como único garante de que Israel cumpla las órdenes de la CIJ, dejando entrever su desconfianza en que el Estado hebreo lo haga por voluntad propia. Desde Nueva York, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha recordado que “las decisiones de la corte son vinculantes” y ha afirmado que Antonio Guterres “confía en que todas las partes acatarán la orden de la corte”. “De acuerdo con el estatuto de la corte, el Secretario General va a comunicar rápidamente las medidas cautelares ordenadas por la corte al Consejo de Seguridad”, ha informado.

La pelota está ahora en el tejado de los países más influyentes, tanto en el seno del Consejo de Seguridad como los que pueden ejercer presión sobre Israel, bien sea diplomática, económica o militar –sin ir más lejos, suspendiendo el envío de armas y municiones necesarias para continuar con la ofensiva contra Gaza–. La Unión Europea, en su primera reacción, se ha desmarcado y se ha limitado a decir que “espera el cumplimiento total, inmediato y efectivo” de las órdenes de la CIJ.