“Justicia para Alexis”, decía la hojita de papel que Wendy Galarza llevaba encima ese día. Lo recuerda escondiendo la cara tras un pequeño recuadro imaginario que dibuja con las manos. Era 9 de noviembre de 2020, y había asistido a una marcha de colectivos feministas y familiares en la ciudad mexicana de Cancún para exigir justicia por el asesinato de una joven conocida como Alexis. El suyo era un feminicidio más en un país en el que diez mujeres son asesinadas cada 24 horas, de media.
Alrededor de 1.000 personas se juntaron aquel día frente a la Fiscalía, rememora Galarza, de 30 años, en una entrevista con elDiario.es durante una visita a Madrid para dar a conocer su caso. “Había 'fuego', tanto de la gente enojada, como literal, con bolsas de basura a las que se había prendido fuego. Había pintadas en las paredes reclamando justicia. Pero no solo estaba el nombre de Alexis, sino el de muchas víctimas. En Cancún, ese fin de semana habían sido asesinadas tres mujeres”.
Se comenzó a correr la voz para avanzar hasta el ayuntamiento, el Palacio municipal. Una vez allí, en cuestión de minutos, había más fuego y más grafitis, cuenta la activista. Según describe Amnistía Internacional en un informe, algunos manifestantes lanzaron piedras y rompieron cristales, algunos hombres comenzaron a intentar derribar el recubrimiento de madera de la puerta, varios entraron en el interior del edificio.
Dos disparos
La Policía disolvió la protesta a tiros. La organización de derechos humanos señala que hombres con uniformes, en cuya espalda se podía leer Policía Municipal, dispararon pistolas semiautomáticas y rifles al aire, y algunas manifestantes aseguran que había agentes disparando en dirección de los asistentes. La gente salió corriendo y aunque los manifestantes se habían dispersado, los agentes los persiguieron, según describe la ONG.
“Al principio nos confundimos con petardos”, dice Galarza. “Cuando nos giramos para ver qué pasaba, la Policía venía directamente hacia nosotros. Todos empezamos a correr en shock, con pánico”. Intentó huir junto a su novio en su moto. “Un policía se puso delante tapando el paso, otro empezó a tirar de la moto y otro la pateó para tirarnos al suelo. Y ahí empezaron los golpes con los escudos, porras, varillas, incluso con ramas de árboles. Nos golpeaban y nos escupían. Nos insultaban y nos decían: '¿Querías desmadre? Ahí está tu desmadre'. Nos decían: 'Te vamos a dejar peor que a Alexis'”.
La activista feminista asegura que, en ese momento, no distinguió entre todos estos golpes y los disparos que recibió. “Me dispararon dos veces. Una en mi pierna, entró por el lado derecho y salió por el lado izquierdo. La otra, entra por mi glúteo y sale por mi vulva”. Hubo otras dos personas heridas por los disparos aquel día, los periodistas Cecilia Solís y Roberto Becerril.
“A lado, había unas chicas tiradas al suelo para que las balas no las alcanzaran. Fueron rodeadas por policías y empezaron también a golpearlas e insultarlas. A una de ellas, una chica trans, la insultaron con un tono muy tránsfobo. Agarraron un palo para pegarle en la cabeza, ella se apartó y golpearon a otra compañera, a la que le abren la cabeza”, recuerda Galarza.
“A otra compañera que les dijo que lo que estaban haciendo era ilegal, a manera de castigo, la separaron del grupo y abusaron sexualmente de ella. A otra chica que se resistió a ser detenida la torturaron sexualmente dentro del Palacio. A otro compañero, que grababa lo que estaba pasando, lo detuvieron y le hicieron una herida en la cabeza. Ahí agarraban al que corría menos rápido”. Según describe, integrantes de la Guardia Nacional [Policía federal] se ubicaron junto a la Policía Municipal y Policía del estado de Quintana Roo alrededor del edificio.
“No hemos tenido justicia”
Wendy Galarza temió por su vida, aunque asegura que lo primero que le asustó fue la posibilidad de que “hicieran desaparecer” a su novio. Cuenta que no descubrió las heridas de bala hasta bajarse de la moto y llegar a su casa. Se apresuró a buscar atención sanitaria. Dos días después, presentó una denuncia.
Durante muchos meses no pudo caminar bien y tenía que usar bastón. “Estoy medicada para el dolor y también tengo secuelas psicológicas, como el estrés postraumático. Cojo fuerza de lo que nos pasó para que no quede impune, como pasa con todos los casos en México”, dice.
Tras el 9 de noviembre, Galarza, que estudió Puericultura y trabajaba como niñera, tuvo que aparcar proyectos que tenía en marcha relacionados con la igualdad de género y los derechos de las profesionales del cuidado infantil. “Ahora soy una víctima del Estado. Me estoy dedicando al seguimiento de mi caso en lo legal y a la búsqueda de justicia, verdad y reparación integral, lo que consume todo mi tiempo”.
Junto a otras personas afectadas por la represión policial de las protestas, formó el Comité de Víctimas del 9N para reivindicar el derecho a manifestarse y buscar justicia. La actuación policial provocó indignación. El secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, dimitió. El jefe de la Policía Municipal, Eduardo Santamaría, fue cesado. De momento, no ha habido más responsables.
Según explica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el 30 de noviembre de 2020, la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo reconoció expresamente en una recomendación que la Policía Municipal hizo uso desproporcionado de la fuerza, perpetró detenciones arbitrarias y actos que pueden considerarse como tratos crueles. Dio seis meses a las autoridades para cumplirla, pero “todos los puntos recomendatorios salvo uno fueron incumplidos y dio por concluido el expediente de seguimiento”.
Las víctimas han denunciado que, durante el proceso para llevar sus casos a los tribunales, “la Fiscalía ha desaparecido evidencia, no garantizó la cadena de custodia, se ha negado a recibir evidencia aportada por las víctimas y, en general, han actuado sin debida diligencia en la integración de la carpeta de investigación. (...) Las responsabilidades de los altos mandos y de la Guardia Nacional no han sido debidamente investigadas”, dice la CMDPDH.
“En todo este año no hemos tenido justicia, no hemos tenido acceso a la verdad, no sabemos quién dio la orden ni quién disparó. Vamos a tener una audiencia el 26 de noviembre, pero no tenemos esperanzas de que esto avance porque las audiencias se posponen una y otra vez. Llevamos un año así. No hay avances. No hay detenidos”, dice Galarza. “Tampoco tenemos acceso a la reparación integral. Cuando intentaron hacer un dictamen de reparación me determinaron solo 8.000 pesos [300 euros] de reparación integral por todos los daños”.
La activista asegura que no espera “mucho” de la Justicia. “Estamos buscando otras formas. Para mí estar aquí y denunciar lo que pasa en México es reparar una parte. Porque estoy casi segura de que de allá no va a venir”.
“El movimiento feminista sufre criminalización”
Amnistía Internacional ha documentado múltiples casos en los que la Policía detiene arbitrariamente a mujeres manifestantes, las golpea y utiliza la violencia sexual contra ellas para castigarlas por participar en manifestaciones.
“Es muy peligroso que en México, un país que sufre una crisis de derechos humanos, se instale un patrón de represión de la protesta feminista. El Gobierno federal se puede desligar fácilmente porque los que están actuando son policías municipales y estatales”, dice Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. “Si este patrón se instala, estaremos ante una nueva forma de violencia contra las mujeres que legitima la causa de las protestas, que a todas luces es legítima”.
En este sentido, Galarza señala que el movimiento feminista “está sufriendo una criminalización en México que viene de una narrativa de arriba. El presidente dice que nacimos hace dos años, que somos un movimiento neoliberal y vamos contra él”.
“Este tipo de discursos hace permisible para la sociedad que cuando las mujeres salimos a las calles nos apunten y nos digan que somos revoltosas y violentas. Es permitir que se criminalice en general al movimiento cuando lo que queremos es denunciar que la violencia contra las mujeres está creciendo, es tangible, son números. Se manda también un mensaje a la sociedad a través de la impunidad. Si no hay justicia y no se castiga al feminicida se manda el mensaje de que no pasa nada si nos matan. Va a quedar como una cifra más”.
Solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios, según datos recogidos por un informe reciente de AI en el que denuncia las deficiencias en las investigaciones penales. ¿El movimiento feminista es cada vez mayor? “Sí”, dice Galarza. “Las mujeres estamos hartas y somos solidarias con la lucha de las mujeres que tenemos al lado, como las familias de las víctimas de feminicidio y desaparecidas. También, tenemos miedo de ser las siguientes víctimas. Del tomar las calles viene la represión”.