1,4 millones de euros para la asistencia jurídica gratuita en 2019

El consejero de Justicia, Conrado Escobar, junto con la directora general de Justicia e Interior, Cristina Maiso, ha anunciado este jueves la incorporación de formación especializada en delitos contra la libertad sexual y en la atención de menores dentro del turno de oficio. Estas declaraciones las ha realizado en la reunión de trabajo que ha mantenido con representantes de los Colegios Oficiales de Abogados y Procuradores de La Rioja y donde el Gobierno riojano ha ratificado su compromiso “para garantizar la asistencia jurídica gratuita de todos los riojanos”.

En concreto, el Ejecutivo regional va a destinar 1,4 millones de euros para la financiación en 2019 de la asistencia jurídica gratuita, “un servicio público esencial” tal como ha explicado Escobar “que garantiza que las personas puedan litigar en condiciones de igualdad con independencia de sus recursos económicos, de forma que las personas más desprotegidas puedan acceder a los servicios profesionales necesarios y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos”.

El importe se destina, fundamentalmente, a retribuir las actuaciones profesionales que lleven a cabo los abogados y procuradores colegiados relacionadas con el turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, violencia de género y gastos de infraestructuras justificados, cuando tengan como destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Actualmente hay 238 abogados adscritos al Turno de Oficio (128 hombres y 110 mujeres); 189 abogados adscritos a la Asistencia Letrada al Detenido (100 hombres y 89 mujeres); y 122 abogados adscritos al Turno de violencia de género (58 hombres y 64 mujeres).

Asistencia Jurídica Gratuita en la Rioja

En noviembre de 2017 el Gobierno de La Rioja aprobó un Decreto de Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita que regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita en La Rioja, de acuerdo con la normativa estatal, así como la organización y funcionamiento de los órganos que intervienen en el mismo, y el procedimiento para compensar económicamente las actuaciones profesionales de los abogados y procuradores. Por tanto, con esta norma se protege y mejora el derecho a la tutela judicial efectiva; garantiza el adecuado acceso a la justicia para aquellos que tengan mayores dificultades; y compensa económicamente y de forma adecuada, a los abogados y procuradores.

Puede ser solicitada por ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España; nacionales de Estados miembros de la UE, asociaciones de utilidad pública y fundaciones, siempre y cuando cumplan con unos determinados requisitos. En concreto, la ley establece que los recursos e ingresos económicos brutos por cualquier concepto de la unidad familiar (cónyuge o pareja de hecho e hijos menores) no deben superar las siguientes cantidades; Unidad familiar 1 persona: 2 veces IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), 12.908,06 euros; Unidad familiar 2 o 3 personas: 2,5 veces IPREM, 16.135,08 euros; y Unidad familiar 4 o más personas: 3 veces IPREM, 19.362,09 euros.

También se tendrán en cuenta los activos financieros y el patrimonio que pueda existir. Si se superan estos umbrales se podrá conceder excepcionalmente en atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo. No obstante, en ningún caso los recursos o ingresos de la unidad familiar podrán exceder en cinco veces el IPREM, es decir, 32.270,16 euros.

En las mismas condiciones se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a personas con discapacidad. Además, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica, cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Igualmente se concederá este beneficio a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran ayuda de otras personas, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos. En este sentido, también se concederá justicia gratuita a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social.

Balance de actividad Asistencia Jurídica Gratuita en 2018

El balance de este servicio en 2018 revela que el número total de solicitudes recibidas fue de 3.545, lo que supone un aumento de 349 solicitudes con respecto al año anterior. En relación con la naturaleza de las solicitudes: 1.946 corresponden al Orden Penal (54,90%); 1.254 al Orden Civil (35,34%); 146 al Orden Social (4,12%); 83 al Orden al Contencioso-Administrativo (2,35%) y 116 han sido de carácter administrativo (3,29%).