Cáritas detecta que el Ingreso Mínimo Vital no ha reducido la pobreza en La Rioja

Un año después de su entrada en vigor, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) “no ha contribuido a reducir la pobreza en la región”. Así se desprende de los datos de una encuesta sobre el IMV realizada a 518 usuarios de Cáritas La Rioja. La mayoría de las personas atendidas por la entidad social pertenecen a los 36.000 riojanos incluidos en la franja social inferior al umbral de la pobreza. Sin embargo, del total de los encuestados, a solo un 24,52% les había sido concedida esta ayuda. Además, el 36% no había solicitado la prestación por desconocimiento o por no cumplir alguno de los “restrictivos” criterios al encontrarse en situación irregular, ser menor de 25 años o mayor de 65, o bien trabajar a jornada parcial o estar en ERTE.

Para realizar este estudio, desarrollado entre abril y mayo de este año, Cáritas La Rioja solicitó su colaboración a 1.119 personas atendidas en su Centro Unificado de Reparto de Alimentos y a 85 personas a quienes un equipo de voluntarios de Cáritas ayudó a tramitar la solicitud del IMV. De ellas, finalmente 518 respondieron a las preguntas. “Un elevado porcentaje de las 127 personas encuestadas a las que se les ha concedido el IMV percibe una asignación menor a lo que les corresponde en los baremos aprobados en la ley, por lo que son personas que seguimos atendiendo en nuestros programas de necesidades básicas”, ha explicado Caridad Garijo, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes en Cáritas La Rioja.

“El 86% de las personas encuestadas han respondido a la pregunta sobre la cantidad que perciben y hemos podido constatar que la mayoría reciben menos dinero de lo esperado en un comienzo, una media de 237 euros menos. Solo seis personas (5,5%) han coincidido en su respuesta con la cifra que debían percibir según los cálculos previos. Además, un 7% de las personas que reciben el IMV continúan completando su prestación recibiendo también la renta de ciudadanía”, ha detallado Garijo.

En el momento de contestar la encuesta, el 36% de los solicitantes seguían esperando una respuesta de la Administración. Según los datos, el tiempo promedio de estudio es de 217,25 días. “Una de las preocupaciones del Gobierno ha sido facilitar el acceso a la prestación para que llegue lo más rápidamente, lo que ha motivado varias modificaciones del decreto ley durante estos meses, pero este objetivo no se ha logrado. En abril, un tercio de las solicitudes continuaba en estudio. Así lo señalan tanto nuestros datos como los facilitados por la comunidad autónoma. Estos retrasos en las resoluciones están impidiendo que se logre el objetivo de atender las situaciones de necesidad de las familias vulnerables”, ha afirmado la responsable de Comunicación Cristiana de Bienes.

Sobre las solicitudes ya resueltas, ha señalado: “Al 25% de los encuestados que han solicitado el IMV les ha sido denegado y a uno de cada cinco de ellos les ha sido resuelta como inadmitida, la mayoría de las veces porque en el 2019 superaron el nivel de renta o bien porque superan el patrimonio por, por ejemplo, tener un terreno en su pueblo no cultivado. Estos criterios restrictivos, actualmente, están dejando fuera a colectivos que precisan la prestación para su subsistencia. No obstante, no contamos en todos los casos con información certera sobre los motivos de la denegación ya que ha sido difícil obtenerla”.

Perfil de los demandantes

Las 127 unidades de convivencia que perciben el IMV integran a 471 miembros de los que 252 son adultos y 219, menores. “Cuando analizamos el tipo de hogar, la proporción de hogares con menores, con uno o más adultos, también es ligeramente más elevado entre los que están recibiendo el IMV (76%) que en el total de solicitudes (63%). Además, el 20% de las personas cuya solicitud ha sido aceptada pasaron automáticamente de cobrar la Renta de Ciudadanía al IMV”, ha contado Caridad Garijo.

“El 77% de las personas que han respondido a nuestra encuesta son mujeres, y cuando nos limitamos a los que reciben el IMV el porcentaje de mujeres se eleva al 83%”, ha detallado la responsable del Área de Comunicación Cristiana de Bienes.

Cambios propuestos por Cáritas

Como viene subrayando Cáritas, el IMV es una política clave para las personas en situación de pobreza y exclusión social. “Sin embargo, los datos reales del IMV en La Rioja nos demuestran que las medidas tomadas por el Estado español no son suficientes para reducir la tasa de pobreza en nuestro país, que ocupa el sexto puesto en la Unión Europea. Como viene subrayando Cáritas, el IMV es una política clave para las personas en situación de pobreza y exclusión social, pero resulta imprescindible incorporar en la norma las modificaciones necesarias para que la garantía de rentas mínimas sea efectiva”, ha señalado Garijo.

Por ello Cáritas ve necesario acometer estos cambios:

– Con relación a la cobertura: debe incorporar a las personas que están actualmente excluidas del IMV, como son los jóvenes entre 18 y 22 (salvo excepciones) y las personas en situación administrativas irregular o familias con algún miembro en esta situación, además de reducir la extensión de las unidades de convivencia a la familia nuclear.

– Con relación a las condiciones de acceso: para la solicitud de esta cobertura es necesario simplificar la tramitación y facilitar que las personas puedan hacer con asesoramiento y de manera presencial. Debe modificarse el artículo 25, suprimiendo las inadmisiones a trámite, reduciendo los tiempos a 3 meses –en una prestación de urgencia por carecer de ingresos, la celeridad en los tiempos es esencial—; motivar, conforme exige la ley, las denegaciones; e incorporar la asistencia jurídica gratuita para las reclamaciones previas. La situación de vulnerabilidad económica que genera la necesidad de acceder al IMV debe ser la del momento actual, por lo cual las excepciones contempladas para los años 2020 y 2021 deben ser la norma general.

– Sobre la suficiencia: el IMV es claramente insuficiente en su cuantía y está pensando como un sistema formado por el IMV como suelo mínimo y complementado por las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas. En este sentido, es imprescindible que las CCAA mantengan sus rentas mínimas, haciéndolas complementarias con el IMV.