CCOO recurrirá la decisión judicial

El Juzgado de lo Penal Número Dos, de Logroño, con el informe favorable del fiscal riojano, ha acordado sustituir esta pena por una multa de 8.760 euros, por trabajos en beneficio de la comunidad y por la participación de dos ellos en un curso de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de riesgos laborales.

“Estamos en desacuerdo total con el auto”, afirmó Ollero, quien cree también que el informe del fiscal es “un desacierto absoluto”.

“No entendemos que el fiscal, que debe velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo y con el que hemos firmado recientemente un acuerdo en este sentido, haya informado a favor de la sustitución de estas penas”, dijo.

El ecuatoriano Juan Carlos Vallejo, de 20 años, falleció en agosto de 2003 cuando se encontraba pintando una instalación industrial de los tres condenados (padre y dos hijos), tras haber sido contratado sin estar dado de alta en la Seguridad Social ni tener permiso de trabajo.

El cadáver fue encontrado por uno de los hijos, que había entrado en el edificio para coger algunos de los embutidos que estaban almacenados allí y, en un primer momento, dijo que el muerto era un ladrón, según afirmaron los guardias civiles que declararon como testigos en el juicio.

La condena de los tres empresarios (Tomás, Javier y Miguel Ángel Amutio) generó un movimiento de solidaridad en Baños de Río Tobía, pueblo donde se produjeron los hechos, muchos de cuyos ciudadanos, encabezados por su alcalde, reclamaron el indulto, solicitud que también fue apoyada por el presidente riojano, Pedro Sanz.

La petición de indulto fue rechazada por sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales y finalmente denegada por el Consejo de Ministros del 29 de junio de 2007.

“Ni por la naturaleza de los hechos, ni por las circunstancias personales de los reos, ni por la conducta de los delincuentes puede justificarse esta conmutación de la condena”, afirmó Ollero.

Para el líder sindical riojano el razonamiento del auto es “indignante en pleno siglo XXI, por cuanto que apela a la condición de empresarios de los condenados y a la de inmigrante sin papeles del fallecido para justificar la sustitución de las penas”

“Aceptar estos argumentos es tanto como aceptar que hay una justicia para empresarios más favorable y otra más perjudicial para trabajadores, para pobres y emigrantes. El mensaje que lanza no ayuda a dignificar las condiciones laborales, ni a luchar para erradicar los accidentes, ni a mejorar la imagen de la Justicia ante los ciudadanos”, dijo.

Para Ollero, el resumen del mensaje que se transmite con este auto es que “sale muy barato delinquir contra los trabajadores y, especialmente si quien delinque es un empresario y lo hace contra un trabajador inmigrante”.

Por último, el secretario general de CC.OO. afirmó que es paradójico que los empresarios se negasen a abonar en un principio los 150.000 de euros de indemnización a la familia del fallecido, alegando sus dificultades económicas, aunque finalmente lo hicieron, y que ahora hayan aceptado pagar 8.760 euros cada uno.