Conflicto laboral en la Biblioteca de La Rioja

El pasado 9 de enero diecinueve trabajadores de la Biblioteca de La Rioja presentaron una solicitud de intervención al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, en el que denunciaban estar sufriendo una situación “de conflicto continuo” con la directora de este centro. Éste ha concluido que el conflicto ha derivado en “una situación muy deteriorada” y que “tiene una gran magnitud debido al número de trabajadores afectados y a los problemas de salud que está generando”.

El Servicio de Prevención ha llevado a cabo durante dos meses entrevistas a la totalidad de los denunciantes, pruebas de carácter psicológico, recopilación de documentación y evaluación de riesgos psicosociales en el centro de trabajo. El motivo principal, dice su resolución, “parecen ser los comportamientos y actitudes de la directora hacia gran parte de los empleados, variando en cantidad y en intensidad en diferentes trabajadores”.

Este tipo de comportamiento, prosigue, “no se considera adecuado en un ambiente laboral pero adquiere mayor importancia cuando se debe dirigir un grupo, ya que puede indicar déficits en las habilidades sociales que suponen mayor problema cuando se requieren unas habilidades sociales compatibles con el liderazgo”.

Este órgano considera “extremadamente difícil” llevar a cabo un proceso de mediación, ya que “el grado de afectación de algunos trabajadores es importante y no hay voluntariedad para una mediación” por parte de nadie. Por estos motivos recomienda adoptar medidas dentro del ámbito de la gestión de personal con la mayor premura posible, para lo que da una serie de consideraciones pero ninguna solución efectiva.

Entre los detalles que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales da de este conflicto laboral se encuentra que, tras la firma de los diecinueve trabajadores, “se ha producido un fenómeno de cohesión grupal que ha adquirido fuerza y que tiene como consecuencia la pérdida de la directora como figura de autoridad y se ve muy limitada su toma de decisiones”. La situación adquiere mayor gravedad al ser los puestos de trabajo de las personas más implicadas los más cercanos a la dirección y los que exigen un contacto continuo con la misma. Según los correos electrónicos aportados en la investigación, el trabajo entre la máxima dirigente de la biblioteca y estos puestos es muy difícil de retomar en condiciones de normalidad.

Además, explica el informe elaborado por Administración Pública y Hacienda, “se ha producido una polarización de posturas y actitudes entre los trabajadores en relación al conflicto, que se traduce en malestar generalizado entre los mismos, por lo que habría que realizar una intervención dirigida a los trabajadores, tanto en el ámbito laboral (clarificación de funciones por parte de estamentos superiores a la biblioteca), como en el relacional”.

Por último, la única recomendación directa aportada es “establecer unas pautas de comportamiento adecuado en el medio laboral, especificando unos códigos de conducta compatibles con un entorno saludable de trabajo, no permitiendo conductas que impliquen intimidación manifiesta, bloqueo comunicacional y desprestigio personal y/o profesional”.

Desde el Sindicato STAR han considerado esta situación como “insostenible” y sobre las medidas que ha tomado la Administración al respecto, han declarado que las ven “claramente insuficientes”. En el aspecto relacional, señalaron ayer en un comunicado, “las medidas a adoptar tendrían que centrarse principalmente en el foco del problema y no diluirlo en la aplicación a la generalidad de los trabajadores”. En este punto, apuntaron, “cabe preguntarse si, dado que esta trabajadora está en comisión de servicios, no sería conveniente realizar por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales una evaluación de riesgos en los centros de trabajo anteriores donde ha ejercido puestos de mando”.

“La naturaleza de los hechos, la duración en el tiempo y la gran cantidad de trabajadores afectados (como así se recoge en las conclusiones) exige de la Administración la intervención inmediata para adoptar medidas las disciplinarias oportunas y no únicamente quedarse en ofrecer la formación en pautas de comunicación y relación”, concluyeron.