Educación discute con las comunidades la LOMCE, una ley que la mayoría rechaza
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha convocado este jueves a las comunidades autónomas a una sesión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Educación para discutir la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que la mayoría quiere que se suspenda el próximo curso.
Además, se tratarán otras cuestiones como la elaboración de un Plan de Convivencia Escolar o del Plan de Conectividad de Centros Escolares, así como la implantación del Programa para la Financiación de Libros de Texto y Material Didáctico o la presentación del primer Mapa de Empleabilidad de FP en España, según han adelantado a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación.
Precisamente, respecto al Programa para la Financiación de Libros de Texto y Material Didáctico --que contará con 51 millones de euros repartidos entre las CC.AA. para los años 2015 y 2016, con 24 millones cada año para las comunidades, más tres millones para Ceuta y Melilla-- se establecerán los criterios de reparto de estas ayudas que llegarán a las familias con menos recursos y familias numerosas el próximo mes de septiembre que, según indicó el ministro, se “rebañarán” de los Presupuestos de 2015.
En cuanto a la elaboración de un Plan de Convivencia Escolar, que permitirá la elaboración de protocolos y planes de buenas prácticas con el fin de luchar de forma determinante contra el acoso escolar y la violencia en las aulas, el ministro propondrá a las CC.AA. la creación de un Sello de Convivencia Escolar que premie aquellos planes de convivencia de centros que destaquen por su calidad, además de poner en marcha una web con recursos formativos y materiales de apoyo para profesores y centros.
El ministro también propondrá la elaboración del Libro Blanco de la Función Docente elaborado conjuntamente entre el Ministerio, representantes de las CC.AA., sindicatos y expertos que abarcará la definición de las competencias docentes, el acceso a la función docente, la formación del profesorado y el reconocimiento social de su función, entre otras aspectos.
Otra de las cuestiones a tratar será el Plan de Conectividad de Centros Escolares, que cuenta con un presupuesto de 330 millones de euros para dotar a todos los centros de sistemas de conexión ultrarrápida a Internet. Parte de este presupuesto se abonará directamente a las CC.AA. y otra parte será utilizada por la entidad Red.es en contrataciones de servicios y suministros de Internet, según indica Educación.
Además, Méndez de Vigo presentará a las CC.AA. el primer Mapa de Empleabilidad de FP en España que busca convertirse en “un elemento fundamental de ayuda para conseguir una mayor empleabilidad de los jóvenes” que estudien Formación Profesional en España, al tiempo que se presentarán las medidas de apoyo a la FP Básica, que incluyen una financiación de 608 millones de euros en el período 2014-2017 para su implantación en todo el territorio, y 257 millones para 2016.
Asimismo, se abordará el desarrollo de un Plan de Medidas para la Vida Activa y Saludable durante la jornada escolar para favorecer una vida activa y saludable; y un Plan de Fomento del Aprendizaje de Lenguas Extranjeras que está dotado, para 2016, con un presupuesto de 173 millones de euros que incluye los programas Erasmus Plus, Erasmus.es y diferentes programas de aprendizaje de lenguas extranjeras en España como, por ejemplo, los campamentos de inmersión lingüística.
La mayoría de las CC.AA. piden paralizar la LOMCE
Méndez de Vigo, a diferencia de su antecesor, José Ignacio Wert, va a tener enfrente a una mayoría de comunidades contrarias a la LOMCE --doce de diecisiete-- después del cambio de signo de varios gobiernos autonómicos tras las elecciones del pasado 24 de mayo. La mayoría de los nuevos consejeros quieren que el ministro paralice la implantación pese a que el calendario de aplicación de la misma se encuentra en el articulado de la ley orgánica. El curso que viene continúa en 2º, 4º y 6º de Primaria, 2º y 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y se realiza por primera vez la evaluación final de Primaria.
El titular de Educación ya ha dicho que la norma se va a aplicar conforme a este calendario. No obstante, la semana pasada, reconoció en una entrevista que no se puede implantar “de la misma manera” en todas las comunidades autónomas y añadió que “con la ley en la mano, se puede ser más flexible”.
Plante a Wert en la última sectorial
En la última Conferencia Sectorial de Educación, celebrada el pasado 20 de abril, cinco consejeros de Educación --de Cataluña, País Vasco, Canarias, Andalucía y Asturias-- se levantaron de la mesa nada más comenzar la reunión como protesta a los proyectos de decretos de las evaluaciones finales de la LOMCE y de becas, que se iban a discutir en ese encuentro.
Antes de ese incidente, ya alertaron de que el calendario era “imposible” de cumplir. Ahora, que han pasado de ser cinco a doce las comunidades autónomas contrarias a la ley, pedirán al nuevo ministro la paralización el curso que viene.
En alguna comunidad se ha aprobado incluso alguna iniciativa en este sentido. La Asamblea de Extremadura, por ejemplo, la semana pasada dio luz verde a una propuesta de Podemos, con el apoyo del PSOE, para instar al Gobierno regional a retrasar y suspender la implantación de la ley educativa.
Retraso en los curriculos
Según los datos del Ministerio de Educación, todavía hay cinco comunidades autónomas que no han aprobado sus propios decretos de desarrollo de los currículos de ESO y Bachillerato pese a que la ley comienza a implantarse en estas dos etapas en septiembre.
En concreto, Andalucía, Canarias, Cataluña, Murcia y País Vasco no han publicado su normativa para ESO y Bachillerato y, de ellas, País Vasco no lo ha hecho aún con Primaria, de manera que lleva un año de retraso --la LOMCE comenzó a implantarse en 1º, 3º y 5º de Primaria y 1º de FP Básica el curso pasado--.
Un informe de la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), que analiza cómo cada comunidad autónoma ha aplicado la LOMCE el curso pasado, pone de manifiesto que las “prisas” del ministerio por implantar la ley están generando problemas en las administraciones educativas para adaptar sus normativas, desconcierto y desorganización en los centros, problemas en el alumnado, familias y profesorado, pues este último tiene que aplicar los cambios de la normativa educativa “sin tiempo para asumirlos y prepararlos”.
En los cursos en los que se comenzó a aplicar la ley en 2014-2015, tanto en Primaria (1º, 3º y 5º) como en 1º de FP Básica, en muchos casos comenzaron el curso sin la normativa requerida. Se han dado distintas situaciones en las comunidades autónomas a lo largo del mencionado curso: unas comenzaron con nuevos desarrollos normativos, otras con los antiguos e incluso algunas, pese a haber aprobado los nuevos decretos, utilizaron libros de texto del currículo anterior.
Respecto a la prueba censal de 3º de Primaria para la detección precoz de problemas, las comunidades han respondido también de manera diversa a la hora de ponerla en marcha a finales del curso pasado. Andalucía y Asturias no la hicieron, mientras otras, como País Vasco y Canarias, la aplicaron pero con carácter muestral y no censal.
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