El Consejo de Transparencia ha recibido once reclamaciones de La Rioja

El Consejo de Transparencia ha recibido hasta la fecha 235 reclamaciones que afectan a las comunidades autónomas en esta materia. El reparto de reclamaciones por comunidades queda así: Cantabria (42), Castilla-La Mancha (38) y Asturias (25). Los ciudadanos del resto de territorios han reclamado menos, Extremadura (15), La Rioja (11), Ceuta (12) y Melilla (4).

De todas la reclamaciones, 147 se han tramitado, porque corresponden a comunidades autónomas que han firmado convenio y, por tanto, las atiende y resuelve el Consejo de Transparencia estatal. Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y las ciudades de Ceuta y Melilla son las que han firmado un convenio con el Consejo de Transparencia estatal para que atienda las reclamaciones que afectan a sus Administraciones territoriales, decisión que también adoptará próximamente la Comunidad de Madrid con la firma del correspondiente convenio.

Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco Región de Murcia son, en cambio, las comunidades que han creado su propio organismo independiente de transparencia y el resto han encargado esta competencia a organismos que ya existían -Galicia (Valedor do Pobo), Castilla y León (Procurador del Común) e Islas Baleares (Abogacía de la Comunidad Autónoma)-.

CONSENSO EN MATERIAS IMPORTANTES

La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha mantenido este lunes una reunión con los comisionados independientes de transparencia de las comunidades autónomas para buscar el consenso en materias importantes respecto al impulso de la transparencia en España, como la aplicación de la Ley de Transparencia y la elaboración de una agenda para los cargos públicos que impulse esta materia.

Durante el encuentro se ha abordado la metodología única de evaluación de la Ley de transparencia -que aplicarán todas las Administraciones públicas de forma homogénea a partir de 2017-, el criterio conjunto del Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos para la elaboración de una agenda de transparencia para los cargos públicos, la incidencia de la aplicación de la Ley del procedimiento común de las Administraciones públicas y la certificación electrónica y el balance de los convenios con varias comunidades para que el Consejo tramite sus reclamaciones.