El Fiscal retira el delito de estafa a Muñoz y deja en seis meses la petición de cárcel para el exconsejero

El Fiscal ha retirado el delito de estafa que le imputaba al exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz y le ha mantenido los de tráfico de influencias y blanqueo, pero con una rebaja sustancial de la petición de pena. En total, de cinco años y nueve meses le baja la petición a seis meses de cárcel. Tendrá que pagar una multa de 276.875 euros.

Inicialmente, la acusación pública solicitaba tres años por estafa.

Este jueves se está celebrando una nueva sesión del juicio que salpica a Muñoz en la construcción del parque solar de Torremontalbo a través de la sociedad Emfrisa con las conclusiones de las partes.

El Ministerio Fiscal ha retirado el delito de estafa que le imputaba al exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz y le ha mantenido los de tráfico de influencias y blanqueo, lo que supone una rebaja de la petición de pena.

El Fiscal ha modificado sus acusaciones y, así, al empresario acusado de mediar con Muñoz, A.G.R, le mantiene el delito de estafa, pero le retira el de blanqueo de capitales.

Al otro acusado, A.G.C, le mantiene el delito de estafa; y a la mujer de Muñoz, C.M, le retira las acusaciones de estafa y blanqueo, y le considera exclusivamente participe a título lucrativo.

Al abogado I.M, que se ha defendido a si mismo, le retira la acusación por estafa. En cuanto a los responsables civiles subsidarios, retira la responsabilidad a la sociedad Emfrisa y a Narrauri, y la mantiene a Logroinversiones 2.000 y Provif.

El Fiscal, que ha decidido aplicar la atenuante de dilaciones, ha visto acreditada una actuación administrativa ilegal auspiciada por Muñoz.

En su relato, ya definitivo, el fiscal entiende que A.G.R y Muñoz pidieron al alcalde de Torremontalbo que acelerase los trámites, y es que “tenían prisa porque eran participes de un parque que iba a dar importantes beneficios al amparo de la normativa de energías renovables, con un tarifa muy beneficiosa”.

Con la “decidida voluntad de acogerse a este régimen, si para ello había que torcer la voluntad de funcionarios se haría, y se hizo”, ha relatado el Fiscal, quien ha visto en la Consejería de Industria “actuaciones, algunas de materia delictiva, aunque no se esté juzgando a funcionarios”.

Ha señalado, como momentos concretos en los que se ve la influencia de Muñoz, cuando, en noviembre de 2007, “tuerce el criterio de Industria, que acaba fallando a favor del parque” aportando un “criterio determinante para la concesión de licencia de obras”.

También, cuando Provif “comienza ilegalmente a ejecutar el parque”, ya que “comienza las actuaciones sin licencia” y Muñoz le asegura “que no habrá consecuencias”.

Por último, “cuando se presenta la certificación final de obra, que permite la puesta en marcha del parque sin la obra finalizada por influjo de Muñoz”.

“En todas las actuaciones se ha contado con la colaboración” de A.G.R “quien, por incompatibilidad de Muñoz, desarrollaba todas las actuaciones necesarias”.

En su relato ha señalado que, una vez que estaban listas las licencias, hacía falta el dinero y, para eso, se “engaña” a Bellomonte sobre el procedimiento de construcción del parque, de manera que se consigue dinero para “beneficiar a los socios de Emfrisa y a la sociedad de Muñoz y su familia” (Narrauri).

Para ofrecer más detalles de este relato, el fiscal se ha remontado a los inicios de Emfrisa, sociedad en la que sus partícipes no realizan aportaciones de capital más allá de la compra de acciones, y no les llega la información de que el parque va a costar más de lo que ellos pensaban al hacerse partícipes de la sociedad.

“Sí lo sabe Muñoz”, siguiendo la declaración del responsable de Iberdrola, quien manifestó que acudió a él para hablar del precio de enganche, ha señalado el Fiscal.

“Esto acredita que son Muñoz y A.G.R quienes llevan el control de los asuntos de Emfrisa, control incompatible con el cargo de Muñoz”, ha dicho.

En mayo de 2007, se publica el decreto que establece la obligación de constituir avales. “Si Emfrisa sólo tiene capital social y tiene que garantizar con su patrimonio, o avales, la operación se agrava”, ha relatado el Fiscal.

En julio de 2007, ha seguido contando, se produce el colapso del sistema crediticio en todo el mundo. “Si ya era difícil que los bancos otorgaran crédito, ahora va a ser imposible”, por lo que hacía falta inversores.

Pasa el tiempo y, además, el parque se encuentra al borde de perder la posibilidad de beneficiarse del régimen retributivo del decreto de parques fotovoltaico. “Y el primero que es consciente es Muñoz”, ha dicho.

En verano de 2007, la sociedad de Muñoz y su familia (Narrauri) compra parte de Provif, ejecutora del parque y empresa de A.G.R. Entonces, se reactiva la operación, “que había estado parada”, presentándose en el Ayuntamiento de Torremontalbo Muñoz y A.G.R “como artífices de la operación”.

Industria emite “un informe incondicionado” propuesto por el jefe de servicio. “Este informe es ilegal porque va en contra de los actos de la administración”, ha resaltado el Fiscal señalando cómo ese mismo informe, en primera instancia, fue rechazado. Todo, ha aseverado, “bajo la influencia de Muñoz”.

La falta de capital propicia la participación de Bellomonte. A.G.C “contacta con ellos porque tiene interés en conseguir alguien que compre los parques por la pérdida de expectativas del mercado”.

Se gana su confianza y Bellomonte accede sabiendo que había “contactos políticos” que facilitarían la gestión. “Sabía que la operación podía salir bien porque había esos contactos” y, de este modo, “pagó antes de revisar la documentación”.

Bellomonte, ha añadido el Fiscal, aportó el dinero para que A.G.R comprase las acciones del resto de participantes de Emfrisa que, sin haber hecho nada, recibían cinco euros por cada euro invertido y, por tanto, se mostraron más que satisfechos.

“Muñoz se encargaba de solucionar problemas”, ha destacado recordando la intervención de un testigo.

Para el Fiscal, la obtención de lucro de Muñoz, “ilícito por el tráfico de influencias”, y la venta de acciones, aún siendo esta última legal, incluyen el delito del blanqueo de capitales.

El fiscal también se ha referido al hecho de que el proyecto de ejecución no estaba aprobado en mayo de 2008, y en la autorización administrativa habla de las obras preparatorias, definiendo que se centran en vallado y acondicionamiento del terreno, por lo que, al no estar lista esta autorización, A.G.R construyó “de forma ilegal” porque “se cuenta con el manto protector de que no va a ocurrir nada”.

Industria, alega el Fiscal, tiene conocimiento de ello, cuando un particular presenta alegaciones, “y no hace nada”.

En este punto, ha señalado, está la incoación de una causa paralela, dado que el certificado final de obra es de 26 de agosto de 2008 (con sello del colegio de Arquitectos del mismo día), dos días antes de la autorización administrativa aprobando el proyecto de ejecución, lo cual demuestra “que se ha ejecutado sin autorización”, por lo que sería necesaria una inspección.

El funcionario, incluso, “vuelve más tarde de sus vacaciones” para no firmar el expediente, y lo firma “quien no ha intervenido” en la gestión, “confiando en que el funcionario ha obrado correctamente” e, inmediatamente, pasan al director general, Florencio Nicolás.

Por tanto, hay una actuación “ilegal” con una beneficio a la empresa constructora del parque y a la que la gestiona (Emfrisa y Provif) y “se ha comprometido la integridad de la función pública”. Todo, cuestiones de las que considera culpable a Muñoz.

En cuanto a la mujer de Muñoz, ha entendido que “firma lo que su marido le dice, pero no tiene noción ni conocimiento de las operaciones”. Prueba de ello, ha añadido, es que no era consciente de que la operación podría comprometer patrimonio. “Lo cual no quiere decir que no se beneficie”, ha añadido.

La acusación particular: “Emfrisa no hubiese llegado a nada” sin Muñoz

El abogado de la acusación particular de Bellomonte, quien denuncia engaño a sus clientes en la compra del parque de Torremontalbo, ha apuntado que “sin la aportación del exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz, Emfrisa no hubiese llegado a nada”.

En sus conclusiones, la acusación particular se ha adherido a la explicación del fiscal de las licencias y ha señalado cómo, cuando sus clientes (Bellomonte) compran el parque pensaban que estaban listos los avales, pero no era así, y, entonces, “el valor de las acciones eran cero”. Algo que se les ocultó.

Ha destacado que se concedió “la cédula de habitabilidad antes de construir” y se concedió “el fin de obra antes de que el parque esté terminado”. “Y eso”, ha aseverado, “no se podía haber obtenido sin una mano detrás”; y esa mano, ha dicho, era “Muñoz”.

Ha añadido que ha habido “acciones por parte de Muñoz” y también, de su mujer, “que hacen obvio que no se han apartado”.

“Se ha hecho ver que mis clientes son unos estafadores, cuando la única empresa que puso algo fue la mercantil Bellomonte”, ha dicho al tiempo que ha afirmado que “la realidad es que nadie en Emfrisa tenía predisposición de poner un euro más y pretendían construir un parque”.

La acusación particular no ha compartido la “bajada de escalón” en la petición de penas del Fiscal y ha entendido que el parque nunca debió haber conseguido autorización, viendo en el trámite muchas cosas “raras”.