El Gobierno asegura que los requerimientos del Tribunal de Cuentas son “un mero trámite”

Según se ha filtrado en los últimos días, el Fiscal del Tribunal de Cuentas señala directamente hasta diez actuaciones con posibles irregularidades por parte del Ejecutivo regional durante los ejercicios 2010 y 2011. Sin embargo, la consejera de Hacienda, Concepción Arruga, ha señalado que se trata de “un mero trámite” y que no hay absolutamente ningún temor por parte del gobierno.

Asegura que se trata de un informe totalmente confidencial al que ni siquiera ella ha tenido acceso y por lo tanto, dice no conocer los detalles. En cualquier caso, según sus explicaciones, se trataría solo de una solicitud de información por parte del Fiscal en algunos asuntos concretos, “algo perfectamente normal”. De hecho, ha recordado que “no existe ningún antecedente de medidas penales en La Rioja” y ha mostrado su total seguridad de que “todos estos asuntos serán archivados”.

Además, ha señalado que, al igual que el informe del Fiscal del Tribunal de Cuentas, se ha filtrado también el del Abogado del Estado que indica “que la ejecución es absolutamente respetuosa con la legalidad”.

Respecto a la recomendación del Tribunal de cambiar los criterios de adjudicación en las obras públicas, Arruga ha aclarado que es una postura que respetan pero no comparten. En su opinión, el criterio económicono debe asumirse como exclusivo ya que “lo más barato no es siempre lo mejor para el ciudadano y hay otros muchos factores a valorar a la hora de adjudicar un proyecto”.

Tampoco comparte el Gobierno regional la sugerencia respecto a la Agencia de Desarrollo Económico. Según el Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo riojano no debería correr más riesgos de los necesarios pero, según la consejera de Hacienda, “si lleváramos al extremo nuestro nivel de exigencia, no habríamos podido dar algunas ayudas y subvenciones a empresas y entidades que lo necesitaban”.

Se da el gobierno por enterado de otros apuntes del Tribunal referentes a la fiscalidad de entidades como Dialnet o el Consejo de la Juventud pero señalan que “las medidas a tomar son cosa suya”.

Si se han adoptado otras recomendaciones del órgano auditor como la redacción de una Ley de Hacienda o la creación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública, la puesta en marcha de la administración electrónica o la uniformidad de criterios entre administraciones.