El Gobierno revisa 16 convenios del anterior Ejecutivo que ve lesivos para el interés general
El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha procedimientos de lesividad contra 16 convenios firmados por el anterior Ejecutivo (la Consejería de Fomento y Política Territorial) entre el 2 de julio y el 14 de agosto de 2019, cuando estaba en funciones, con 15 ayuntamientos.
Así lo ha informado el consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, en rueda de prensa tras la reunión de Consejo de Gobierno en la que se ha autorizado el inicio de este proceso de revisión, al entender que estos convenios han dañado el interés público.
Según ha detallado Ocón, durante el mencionado periodo de verano de 2019, el titular de la Consejería de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, suscribió un total de 16 convenios por un valor de 4.114.429,94 euros con los ayuntamientos de Berceo, Tudelilla, Manzanares de Rioja, Leza de Río Leza, Ajamil de Cameros (Torremuña y Larriba), Ocón, Nalda, Casalarreina, Cirueña, Tobía, Alcanadre, Bobadilla, Huércanos, Sojuela y Viniegra de Arriba, en virtud de los cuales a estos consistorios se les concedían de forma directa subvenciones para la realización de diferentes obras, “ninguna de ellas de carácter urgente”.
El consejero ha explicado que el inicio del proceso de lesividad “se encuentra sustentado en notorias irregularidades” en torno a los siguientes ejes básicos:
Por un lado, la Ley 8/2003 del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros “impide que un Ejecutivo en funciones asuma compromisos de gasto que anulen la capacidad de gestión futura, especialmente cuando ninguna de estas obras tienen carácter urgente o son de interés general para los ciudadanos. De hecho, limita su actuación al despacho de asuntos ordinarios”, ha recalcado Ocón.
En segundo lugar, cinco estos convenios, cuyos beneficiarios fueron los Ayuntamientos de Ajamil de Cameros (con intervenciones en Larriba y Torremuña), Nalda, Alcanadre y Huércanos, “no estaban reflejados en el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020, pese a ser requisito esencial y previo a la concesión de cualquier subvención”.
Además, para los 11 convenios restantes sí incluidos en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General de Política Local 2018-2020, “se reprogramaron sus presupuestos de ejecución, las cuantías de subvención y su distribución plurianual, de modo que terminaron aumentando el porcentaje de financiación de la Comunidad en un 37,43% y llevando la mayor carga presupuestaria al ejercicio 2020 –uno de ellos incluso al ejercicio 2021”, ha concluido.
Ocón ha destacado que tanto la Oficina de Control Presupuestario como la Intervención General “ya advirtieron en sendos informes que la firma de estos convenios no contaba con la necesaria suficiencia presupuestaria”. Informes que el Ejecutivo de Ceniceros “desoyó”, ha criticado.
De hecho, ha detallado, el Consejo de Gobierno tuvo que aprobar con fecha 20 de junio de 2019 una modificación de 4,5 millones de euros para afrontar los compromisos adquiridos, detrayendo fondos de las Consejerías de Fomento y Política Territorial y de Desarrollo Económico e Innovación procedentes de partidas destinadas a otras finalidades públicas para dotar de crédito al Fondo de Cooperación Local.
E igualmente, “la Oficina de Control Presupuestario también alertó del elevado grado de discrecionalidad de la concesión de subvenciones articuladas mediante estos convenios, sin suficiente motivación y justificación, comprometiendo gastos para ejercicios futuros de elevado importe”, ha añadido.
Por todo ello, “con el objetivo de salvaguardar el interés general”, el Consejo de Gobierno ha aprobado la suspensión de la ejecución de los convenios y el inicio del procedimiento de lesividad preceptivo a su posterior anulación.
El Gobierno de La Rioja ha considerado este procedimiento, con una extensión de seis meses, como el más adecuado “para abrir un proceso de consulta y negociación con los ayuntamientos, entendiendo que éstos no son responsables de la mala práctica en la que haya podido incurrir el anterior Gobierno regional”.
La Consejería de Gobernanza Pública y su Dirección General de Política Local iniciarán este proceso de negociación para “poder reformular la mayor parte de proyectos posibles alcanzando acuerdos con los ayuntamientos buscando el menor perjuicio posible”. Estos son los 16 convenios que el Ejecutivo quiere revisar por ser “lesivos” para los intereses regionales.
Ocón ha pedido comparecer en el Parlamento de La Rioja para explicar esta cuestión y ha avanzado que ahora se abre un plazo de 15 días para que los ayuntamientos presenten alegaciones. El consejero ha asegurado que el anterior Gobierno “firmó convenios de manera arbitraria, no tenían dinero para ejecutarlos, desoyeron todas las advertencias y emplearon a su antojo el dinero de todos los riojanos.”
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