El sector agrario y ganadero español exige precios justos

El sector agrario y ganadero español echa en falta en la reforma de la Política Agraria Común (PAC), presentada por la Comisión Europea, medidas de mercado o de intervención y apoyos para garantizar que el agricultor o el ganadero reciban un “precio justo”.

Esta es una de las primeras conclusiones del seminario “¿Qué Política Agrícola Común (PAC) después de 2013?. El Parlamento Europeo decide”, organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, que ha reunido en Logroño a representantes de instituciones, asociaciones económicas y organizaciones agrarias.

Según ha informado la Oficina del Parlamento Europeo en España, en una nota, en la reunión ha habido alusiones a la necesidad de conseguir cambios en las leyes de competencia para aumentar el poder del productor frente a los grandes supermercados.

Los asistentes también han puesto de manifiesto la preocupación especial de todo el sector por la desaparición de mecanismos que regulan la producción, como las cuotas de azúcar o los derechos de plantación de viñas.

En el documento se recalca que esta reforma despierta una preocupación generalizada y el rechazo “rotundo” de las Administraciones españolas y del sector.

El futuro del presupuesto es uno de los principales motivos de incertidumbre porque las discusiones sobre la reforma se producen cuando aún no se ha decidido el marco financiero para la Unión Europea y, sobre todo, por los temores de que se reduzcan los fondos de la PAC asignados a España, añade el documento.

Respecto al cambio a un pago básico por hectárea, conocido como “tarifa plana”, los asistentes han constatado que hay bastante oposición y críticas porque el sector cree que no se está primando al profesional dedicado a la agricultura.

En el caso español, existe la preocupación de que este pago suponga complicaciones y enfrentamientos entre el Gobierno y las autonomías a la hora de repartir las ayudas, añade el documento.

También existe la impresión de que la reforma no ha tenido en cuenta las características de la producción mediterránea.

En relación a los nuevos criterios para “reverdecer” o hacer más ecológicas las ayudas, las conclusiones detallan que la Administración y el sector cuestionan esta idea y consideran que puede suponer “fuertes costes” para el agricultor, que ya cumple exigencias ambientales, aunque los ecologistas apoyan esta medida.

Estas últimas críticas refuerzan la opinión de que el productor europeo ve que tiene que asumir más requisitos, mientras que la competencia que generan las importaciones de países terceros es cada vez mayor.

En este sentido, el sector estima que la reforma no garantiza la preferencia comunitaria, según se ha concluido en el seminario, en el que también ha habido referencias al desarrollo rural, por la complejidad de las propuestas y el incremento de la cofinanciación.