El Senado veta el nuevo sistema de financiación autonómica

La Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado aprobó hoy un veto al nuevo sistema de financiación autonómica gracias a los votos de PP, CiU y BNG, de forma que las dos leyes que articulan el modelo serán enviadas ahora al Pleno de la Cámara para que se pronuncie y levante el veto o lo ratifique y remita el texto al Congreso.

El veto que salió adelante a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la ley ordinaria que la acompaña fue el presentado por el BNG, que consiguió sumar el apoyo de PP y CiU, pese a que estas formaciones habían registrado sus propios vetos. El veto salió adelante con los 27 votos justos que necesitaba para alcanzar la mayoría absoluta y 23 votos en contra.

Ambas leyes serán enviadas ahora al Pleno de la Cámara Alta, que volverá a debatirlas en su sesión de la próxima semana. Allí, el PSOE confía en poder levantar el veto gracias al apoyo de todas las demás fuerzas parlamentarias, según indicaron a Europa Press fuentes socialistas.

Según expuso el senador del BNG, José Manuel Pérez Bouza, su veto se basa en la idea de que “sin autonomía fiscal no hay autogobierno”, por lo que propuso una territorialización plena de los tributos con “plena capacidad normativa” y una agencia tributaria propia en cada comunidad.

Esta propuesta fue rechazada por todos los demás senadores, pese a lo que el representante del PP, José Manuel Barreiro, anunció su intención de apoyar el veto del BNG por la necesidad de que el Gobierno “recapacite” sobre el modelo de financiación presentado. “No queremos un modelo que no sea solidario y menos un modelo que se apoye en una cesta propia, pero vamos a votar a favor en aras a esa reflexión”, argumentó.

Por su parte, el senador del PSOE José Ignacio Pérez Sáenz rechazó un sistema de concierto para Galicia similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra y advirtió de que generalizar este sistema “haría desaparecer el Estado”. “Hay veces que por un exceso de requerimientos y extravagancias nacionalistas se llegan a pedir cosas que perjudican al territorio”, advirtió el portavoz socialista en la Comisión.

Pero además de estas discrepancias “de fondo”, Pérez Bouza criticó que el acuerdo alcanzado tiene un resultado “decepcionante y perjudicial” para los intereses de Galicia, ya que a su juicio “pierde peso relativo” en el conjunto de comunidades autónomas de régimen común y no pondera de la manera adecuada el coste de los factores que en Galicia tienen mayor incidencia en la prestación de los servicios.

SISTEMA HECHO “DE ESPALDAS” A LA CRISIS

Por su parte, la senadora del PP María del Mar Angulo justificó su rechazo al modelo en el hecho de que, a su juicio, no garantiza la provisión de recursos suficientes para que las comunidades autónomas presten las competencias que tienen asignadas, ya que considera que su diseño se llevó a cabo “de espaldas” a la actual situación de crisis económica.

La senadora 'popular' censuró además que el nuevo sistema llega a su tramitación parlamentaria sin el consenso político necesario y supone “un reparto insolidario de los recursos públicos”. “No está presidido por el principio de igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos básicos”, justificó.

El socialista Pérez Sáenz rechazó estos argumentos acusando a los demás partidos de “exagerar la catástrofe” y garantizó que el sistema propuesto por el Gobierno y aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) “no perjudica” a ninguna comunidad autónoma y “beneficia” a todos los ciudadanos.

CiU: “INCUMPLE EL ESTATUT”.

Por su parte, el veto de CiU, según explicó su portavoz, Jordi Vilajoana, se articula en torno al “incumplimiento” que a su juicio supone el nuevo modelo de financiación autonómica con el Estatut de Cataluña. Según defendió el senador, el sistema incumple un total de nueve artículos del texto estatutario catalán, una disposición adicional y una disposición final, un hecho que calificó de “muy grave”.

Vilajoana rechazó además este sistema de financiación de las comunidades autónomas porque “penaliza a quien hace un mayor esfuerzo fiscal” y criticó que tampoco “tiene en cuenta los costes diferenciales de prestación de servicios públicos” en las diferentes comunidades autónomas.