El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto “la gestión opaca y sectaria del Gobierno”

El PSOE ha valorado el informe del Tribunal de Cuentas del año 2012, un informe que, según el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pablo Rubio, “revela indicios de posible responsabilidad penal en las cuentas del Gobierno de La Rioja y pone de manifiesto la desastrosa gestión del Ejecutivo regional con una gestión opaca, poco transparente y sectaria”.

Según Rubio, el órgano fiscalizador aprecia indicios de “responsabilidad penal en la gestión del Gobierno regional: irregularidades en la contratación pública y discrecionalidad en el reparto clientelar del dinero público”.

Unas acusaciones que no han gustado a los populares. De hecho el PP asegura que “ni el Gobierno de La Rioja, ni el Partido Popular conocen el Informe que el PSOE tampoco debería conocer”. Por eso exgien al PSOE que explique “cómo disponen de un informe que es reservado y confidencial, entre otras razones por su carácter provisional”.

Las explicaciones de los socialistas también llegaron. Y de hecho aseguran que el Informe del que habla Pablo Rubio está disponible en la web del Tribunal de Cuentas.

Y según este informe, asegura Rubio, “nos encontramos ante una gestión opaca y poco transparente, que no sigue criterios objetivos y una gestión sectaria unida a cuestiones que no están justificadas”.

El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que las cuentas de la Comunidad Autónoma de La Rioja “no son todas las cuentas”, ya que hay una “parte importante de la gestión que no se estudia por el órgano fiscalizador”.

Así, ha dicho, desde la administración regional “no se facilitan” al Tribunal las cuentas de las fundaciones, organismos autónomos y entidades de importante volumen como es el Servicio Riojano de Empleo y el Servicio Riojano de Salud, por lo que “el Tribunal no ha podido fiscalizar todas las cuentas de la Comunidad”, ha dicho Rubio.

En cuanto al volumen de gasto de las cuentas examinadas, “el Tribunal detecta irregularidades contables dentro del marco administrativo y también posibles irregularidades de carácter penal”, ha afirmado Rubio. Dentro de las irregularidades contables, el portavoz parlamentario ha destacado que “han prescrito cerca de 700.000 euros por falta de la acción del Gobierno de La Rioja”.

También que hay alguna contratación administrativa en las que “falta reglas de concurrencia y justificación, como es la gestión del servicio de diálisis domiciliario por dos empresas privadas sin concierto, por 636.000 euros”, también el Tribunal aprecia que “falta justificación en una obra importante como es la del Palacio de Justicia”, hay “deficiencias también en la adjudicación y ejecución en el contrato de servicio para la constitución de una red de asesorías de comercio internacional en el extranjero, con posible irregularidad penal y deficiencias en las facturaciones”.

Por lo que respecta a las responsabilidades penales, el informe del Tribunal de Cuentas señala que hay algunas muy concretas como por ejemplo que se adquieren alimentos por parte del SERIS “de forma irregular al no hacerlo en un único contrato”, es decir, que “existe un fraccionamiento en el objeto de los contratos para la adquisición de alimentos por el Servicio Riojano de Salud”.

También se señala como posible irregularidad penal la “indeterminación del objeto con deficiencias en la adjudicación y ejecución en el contrato de servicio para la constitución de una red de asesorías de comercio internacional en el extranjero”.

El “reparto subjetivo y opaco por parte del Gobierno de Sanz de las subvenciones”, también lo cataloga el Tribunal como “posible irregularidad penal”, ya que de unos 150 millones de euros de subvenciones, 100 millones, más del 60%, “se hacen por concesión directa sin los criterios de concurrencia, publicidad, como en el caso de la ADER, que además se realiza con deficiencias”.

El informe también señala que la Comunidad presentaba un “remanente de tesorería negativo de 206 millones de euros que significa que hay más compromisos de gastos que de ingresos”, ha señalado. Además “frente a manifestaciones que han efectuado en ocasiones desde el gobierno regional” el plazo y tiempo medio de pago a los proveedores es de 209 días, lo cual “es un ejemplo de que se está creando a las PYMES una situación difícil en su tesorería”.

Hemos subido un 462% por ciento el endeudamiento financiero, por lo que “estamos hipotecando el futuro de La Rioja”, ha indicado Rubio. Todo ello, ha anunciado, conduce a que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, pidan la comparecencia de la Consejera de Administración Pública y Hacienda.

El Partido Popular por su parte subraya que Informe definitivo de Fiscalización de La Rioja relativo a 2012 es público y es el que el día 17, presentó la Consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, ante los medios de comunicación. Un Informe que está a disposición de todos los riojanos en el Portal de la Transparencia del Gobierno de La Rioja.