Falsas empresas, falsos contratos y 800.000 euros de fraude a la Seguridad Social

La investigación arrancó el pasado año con la Operación Brillo I, en la que se desarticularon tres empresas de estas características que habían conseguido dar de alta de forma fraudulenta en la Seguridad Social a unos 500 supuestos trabajadores. A partir de ahí, se fue desmantelando toda la red, con el resultado final de esos 136 imputados y 70 detenidos en un total de once empresas falsas más.

Se trataba de un grupo de unas 12 personas, entre ellos varios ciudadanos pakistaníes y rumanos y un portugués. Todos ellos figuraban como empresarios o gerentes de empresas constituidas al amparo de sociedades civiles. Una vez formadas esas empresas y dotadas de un CIF, otro grupo de personas denominadas “facilitadores”, en su mayoría ciudadanos pakistaníes, se dedicaban a captar clientes entre ciudadanos, mayoritariamente extranjeros, a los que ofrecían contratos de trabajo, nóminas y certificados de supuestos trabajos realizados en dichas empresas.

De esta forma obtenían diferentes cantidades de dinero que oscilaban entre los 150 y los 300 euros en el caso de las nóminas y 3.000 en el caso de los contratos. Así, los solicitantes de estos documentos podían luego solicitar al Servicio Estatal las prestaciones por desempleo, y a la Oficina de Extranjería los permisos de residencia.

Como consecuencia de todos estos fraudes, se ha generado una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de unos 800.000 euros. Los 70 detenidos, que se encuentran en libertad con cargos por los delitos de Falsedad Documental y Estafa, se enfrentan a diversas penas de cárcel que varían entre seis meses y tres años, multas que van de 501 a 10.000 euros y otras medidas de carácter administrativo.

Esta operación ha sido posible gracias al trabajo conjunto del Cuerpo Nacional de Policía, la Oficina de Extranjería, la Inspección Provincial de Trabajo, el Servicio Estatal Público de Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social.