Fisioterapeutas, podólogos, ópticos y logopedas piden reducir su actividad a las urgencias

Los Consejos Generales de fisioterapeutas, podólogos, óptico-optometristas, logopegas, terapeutas ocupacionales y dietistas-nutricionistas han reclamado de manera conjunta la inclusión de sus profesionales entre los establecimientos de obligado cierre al amparo del RD 8/2020, exceptuando las urgencias que pudieran ayudar a no colapsar el sistema sanitario público.

Justifican que no pueden garantizar evitar a contribuir al contagio de los pacientes porque estas intervenciones terapéuticas implican contacto directo, muy próximo y sostenido en el tiempo.

Apuntan también que la gran mayoría de los procedimientos terapéuticos se realizan por procesos patológicos que pueden ser aplazados por su carácter no urgente, para evitar así contribuir a la propagación del virus entre la ciudadanía que acude a nuestros centros. Según consideran, el riesgo que supone el desplazamiento y el contacto mantenido para realizar el tratamiento es mayor que el beneficio que producirían nuestros procedimientos terapéuticos.

Como el 90 por ciento de estos colegiados trabajan en el sector privado, señalan que “no disponemos de material de protección necesario y tampoco podemos proceder a su adquisición debido a la carencia general existente”.

“La asistencia de la ciudadanía con frecuencia a nuestros centros, y sin poder tomar las medidas de protección adecuadas, provocará un aumento en el número de contagios, aspecto especialmente capital si tenemos en cuenta que el sector poblacional que normalmente acude a nuestros servicios en consideración a su edad y patologías previas”, señalan estos sanitarios.

Ante estos hechos, solicitan el cierre de sus centros y piden que su actividad se reduzca exclusivamente en aquellas situaciones en las cuales la actuación urgente del profesional sean fundamentales para la evolución del paciente.

Esta situación, unida a la Orden SND 232/2020 que indica claramente que nuestros establecimientos pueden permanecer abiertos, provoca una indefensión manifiesta para poder acceder a las medidas que, en el ámbito laboral, ha determinado el Consejo de Ministros.

Finalmente, ha querido poner todas sus instalaciones a disposición del Ministerio de Sanidad.