‘Human Rights Watch’ denuncia la detención de drogodependientes en China

La organización defensora de los Derechos Humanos ‘Human Rights Watch’ (HRW) ha afirmado hoy en un nuevo informe que las autoridades chinas están encarcelando a drogodependientes en centros de detención. A los detenidos se les niega el acceso a un tratamiento para superar su drogodependencia y son puestos en riesgo de abuso físico y obligados a realizar trabajos forzados sin remuneración.

La información se encuentra recabada en un informe elaborado por la organización tras haber realizado diversas investigaciones en las provincias de Guangxi y Yunan. Estas investigaciones documentan que la reciente ley anti-drogas ratificada en junio de 2008 incrementa los riesgos para la salud de los drogodependientes y no vela por los Derechos de los detenidos.

Según las informaciones de HRW, estas personas son encarceladas durante períodos de tiempo muy largos, que llegan a pasar los siete años en algunos casos. Las penas de prisión, además, son decretadas sin ningún tipo de juicio ni supervisión judicial, al margen del sistema jurídico.

La ley anti-drogas de 2008 tampoco aclara los procedimientos a seguir para las apelaciones legales ni ampara a los detenidos a la hora de denunciar ningún tipo de conducta abusiva. El texto, por otro lado, no contempla la posibilidad de proporcionar a los presos tratamientos contra la drogadicción.

Respecto a este texto legal, el director de la división de Salud de HRW, Joe Amon, ha afirmado que “en vez de poner en marcha tratamientos efectivos contra la drogodependencia, la nueva legislación china somete a los presuntos drogadictos a la permanencia arbitraria en centros de detención y a un tratamiento inhumano”.

La información recogida por Human Rights Watch revela escenas escalofriantes en estos centros e detención. Según este informe, los detenidos adictos a las drogas son obligados a trabajar durante más de 18 horas diarias sin percibir ningún tipo de salario. Los presos son sometidos, además, a maltratos físicos y no tienen acceso a tratamiento médico.

Según ha explicado Amon, sin embargo, el Gobierno chino “ha explicado la ley como una medida progresiva hacia el reconocimiento de los drogadictos como ‘pacientes’, pero no se les han dado los derechos de los que disfrutan otros prisioneros”.

De acuerdo con esta ley, los drogodependientes son sentenciados a una “rehabilitación”. No obstante, tal como refrenda la información ofrecida por HRW, nada similar a dicha rehabilitación se les ofrece a los presos en los centros de detención y tampoco se impulsa que aprendan habilidades que les permitan una buena reinserción en la comunidad.

El Gobierno chino se escuda en supuestas políticas progresivas

En el momento de la publicación de la ley, el Ejecutivo del país insistió en que el texto legal avanzaba progresivamente. China hizo hincapié en el reconocimiento de los drogodependientes como pacientes y en su intención de reducir los daños de estos detenidos.

En este país asiático existen elevados índices de consumo de drogas y, como respuesta a ellos, se creó en 2008 la ley anti-drogas, con supuestos fines de rehabilitación. Según afirmaba un comunicado de la Oficina de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos “tratamiento contra la drogadicción y la rehabilitación están de acuerdo con los principios humanos”.

Las buenas intenciones que aseguraba tener el gobierno chino están, no obstante, muy lejos de la realidad. Para HRW esta nueva legislación, no sólo no ha paliado la situación, sino que la agrava día a día. Según la organización, la ley agrava los riesgos sanitarios de los detenidos e incrementa su marginación social, estigmatizándolos.

Estas nuevas medidas judiciales aumentan las penas anteriores, que pasan de ser de entre seis y doce meses a un mínimo de dos años. Por otro lado, no se han tomado medidas contra los abusos físicos y la falta de cuidados sanitarios que los drogodependientes sufren en los centros.

Esta nueva legislación contempla asimismo la “rehabilitación basada en la comunidad”, que puede prolongarse durante más de cuatro años. Esta medida legal permite a las autoridades chinas alargar de facto las detenciones por períodos superiores a los siete años.

Para redactar el informe, los miembros de HRW se entrevistaron con antiguos drogadictos detenidos en estos centros. Éstos confirmaron que, en determinados casos, los abusos han tenido como consecuencia la muerte de los presos.

Joe Amon, al presentar el informe, declaró que “el Gobierno chino debería dejar estos abusos y asegurar que los derechos de los drogadictos son respetados totalmente”. Recordó también que “abordar el consumo de drogas requiere un tratamiento voluntario, que se base en la comunidad y mejore los enfoques hacia la drogadicción” y, finalmente, sentenció que “almacenar grandes números de drogadictos y someterlos a trabajos forzosos y a abusos físicos no es una rehabilitación”.

La denuncia de HRW se suma a la de otras muchas organizaciones no gubernamentales sobre la carencia de respeto a los Derechos Humanos por parte del Gobierno chino. Entre las quejas están la indiscriminada aplicación de la pena capital por parte del sistema judicial del país, el maltrato a las minorías étnicas o las condiciones abusivas a las que se somete a los presos en las cárceles. Este cúmulo de denuncias contra el ‘gigante asiático’ son cada vez más habituales y sitúan al país como uno de los que más vulnera los Derechos Fundamentales.