IU exige luchar contra la economía sumergida en La Rioja

Izquierda Unida La Rioja va a exigir en el próximo pleno del Parlamento que se intensifique la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Y es que según se señala en el informe ‘La competitividad fiscal de las comunidades autónomas’ del Instituto de Estudios Económicos, la economía sumergida mueve en La Rioja algo más de 2.000 millones de euros, lo que equivale al 22,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma, que alcanzó aproximadamente los 8.867 millones de euros en 2019.

En una semana marcada por la noticia de los 'Pandora papers' y el escándalo del fraude fiscal masivo de las grandes fortunas del mundo, IU cree que “toca también mirar hacia el interior de nuestra casa, pues no todos los defraudadores lo hacen a través de paraísos fiscales”.

“La economía sumergida en nuestro país, esa que escapa de los controles de la hacienda pública sin necesidad de escapar a otro país, es igual de preocupante que la evasión a paraísos fiscales. Todas estas formas de fraude y evasión son distintas aristas de un mismo problema”, asegura IU, que cree que “de nada serviría reformar nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo, algo sin duda necesario, si una cuarta o quinta parte de la economía se escapa del control de hacienda”.

Por ello, en primer lugar, piden al Gobierno de La Rioja la realización de un estudio para evaluar de manera oficial la economía sumergida en La Rioja, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos. Evaluados el fraude fiscal, la economía sumergida y la elusión, reclaman que se acuerde una planificación temporal estableciendo unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas que supongan un punto de inflexión en la curva creciente de la economía sumergida y la elusión a corto plazo y un ritmo de control tributario que nos equipare a las tasas medias de los países europeos de nuestro entorno a medio plazo, hasta poder aspirar razonablemente a estar entre las regiones con menor fraude fiscal y laboral a largo plazo.

Además, también se incluyen varías propuestas que necesitan de la cooperación estatal, por lo que se insta al Gobierno de España a facilitarlas, tales como la coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas para compartir las mejores prácticas y detectar los focos de fraude y elusión y la creación de una Base de Datos Fiscales Única, compartida por las administraciones tributarias central y autonómica, directamente accesible para quienes trabajan en el control tributario en ambos ámbitos.

Por último, instan a que a través de la Agencia Tributaria se realice un control exhaustivo de las sociedades patrimoniales, de las entidades que no reparten dividendos e incrementan sus reservas indefinidamente y de las que declaran perdidas de forma continuada, para evitar la elusión del IRPF de socios y administradores.