IU La Rioja pide que se declaren nulas las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia

El Gobierno central ha hecho pública la lista con los 34.961 bienes que fueron inmatriculados (es decir, inscritos por primera vez en el registro) por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. La publicación de este listado, según ha comunicado el Ejecutivo, permitirá que puedan iniciarse procesos de reclamación por parte de particulares y administraciones, en caso de que haya conflictos en torno a su titularidad.

“Desde Izquierda Unida entendemos que estas inmatriculaciones deben ser declaradas nulas, y que el patrimonio expoliado ha de ser devuelto a la sociedad”, señalan desde IU.

Según este listado, 266 bienes inmatriculados (16 con título de certificación eclesiástica), 3 de ellos están en Logroño donde destacan una finca de 4588 metros en el Barrio de La Estrella o el frontón del Barrio El Cortijo.

En la lista que se ha hecho pública no solo figuran iglesias, parroquias o ermitas, sino que en diversas localidades hay numerosas fincas rústicas y urbanas, viviendas, solares y edificaciones que son propiedad de la Iglesia a pesar de que poco tienen que ver con la actividad religiosa. De hecho, 14.947 de la totalidad de los bienes a nivel estatal son fincas con otros destinos, según la información publicada por el Ejecutivo.

En 2020 la diputada de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ya preguntó en un Pleno sobre el listado de bienes al que esta semana se ha tenido acceso.

En 1998 el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el Registro de la Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública y por tratarse de bienes fuera del comercio. Ante la carencia de títulos de propiedad sobre los mismos, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas aprobadas durante el franquismo, en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario.

“El primero equiparaba a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin necesidad de aportar título de dominio. El segundo artículo equiparaba a los diocesanos con notarios, de forma que podrían certificarse a sí mismos la propiedad de un inmueble no inscrito. A través de este procedimiento irregular, desde 1998 se han inmatriculado, sin aportar título alguno, miles de bienes en España de toda índole (40.000 en palabras de la propia Conferencia Episcopal)”, señalan desde IU.

Consideran que la invitación del Gobierno central a que cualquier persona física, jurídica o administración pública reclame por vía administrativa o por la vía de los tribunales la titularidad de estos bienes “no es de recibo, ya que se estarían promoviendo miles de litigios judiciales, cuando lo lógico sería declarar nulas estas inmatriculaciones. Cabe recordar que la Iglesia no es un organismo público que pueda dar fe para registrar todos estos bienes”.

La publicación de este listado evidencia, en opinión de IU, “una situación injusta con la que la Iglesia ha obtenido cuantiosos beneficios a lo largo de varios años, gracias a normas que incluso fueron en su momento reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se trata de una cuestión de índole religiosa, sino de recuperar un patrimonio expoliado a toda la sociedad, y que en gran parte ha sido mantenido y restaurado gracias a inversiones públicas”.