La Cámara defiende la consolidación de la Defensoría y PSOE-PR piden que siga

Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Mixto, formado por los regionalistas, han defendido hoy la consolidación de la institución de la Defensoría del Pueblo Riojano, cuya continuidad han pedido expresamente el PSOE y el PR, mientras que el PP cree que no era el momento de este debate.

Los portavoces popular, Carlos Cuevas, socialista, Francisco Martínez-Aldama, y regionalista, Miguel González de Legarra, han hecho estas apreciaciones en el pleno del Parlamento celebrado, en el que la Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, ha presentado su cuarto informe anual, correspondiente a 2010 y cuyo mandato finalizará el próximo mes de diciembre.

Díez Jalón, quien también ha defendido la “consolidación” de la institución, ha señalado que entre los retos de la Defensoría figuran su propia subsistencia y ha recordado sus principios de autonomía, independencia política y cercanía al ciudadano.

Ha expresado que, desde que fue nombrada por unanimidad del Parlamento primera Defensora del Pueblo Riojano, se ha dedicado con ilusión, esfuerzo y responsabilidad a colocar los cimientos de esta institución, que está al servicio de los ciudadanos.

Cuevas ha recordado que si alguien no quisiera que existiera la Defensoría del Pueblo Riojano no la hubiera creado, lo que se produjo mientras el PP presidía el Gobierno y el Parlamento regionales; y ha agradecido que la oposición haya reconocido que los populares, que “siempre aciertan”, no se equivocaron con la elección de Díez Jalón.

También ha dicho que le satisface que el PSOE y el PR “sigan” mucho a la presidenta de Castilla-La Mancha, la popular María Dolores de Cospedal, quien ha decidido suprimir la Defensoría del Pueblo en su comunidad; y ha añadido que esta institución, en el caso de La Rioja, “se ha asentado” en la sociedad.

Respecto al informe presentado hoy, ha afirmado que el número de quejas presentado en 2010 no ha aumentado de “forma desorbitada”, lo que indica que las administraciones públicas funcionan con “satisfacción” de cara a los ciudadanos; y que existe voluntad de colaborar y de mejorar por parte de las administraciones al haber aceptado muchas de las recomendaciones de la Defensoría.

Martínez-Aldama ha insistido en que los socialistas desean que continúe la Defensoría, “mejorando su funcionamiento y dando respuesta a la necesidad de velar por los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones”.

Cree que si los motivos que ponen en cuestión esta figura son económicos, deben aplicarse mayores criterios de austeridad que los actuales para que “siga adelante”; y, si son políticos, el PSOE defenderá su continuidad por el “bien” de los riojanos.

También ha deseado a quien ostente la Defensoría a partir del próximo mes de diciembre, que avance en la consolidación de la institución y que defienda su posición “crítica” e “independiente”, que será la garantía de la defensa de los derechos de los riojanos y el compromiso con la mejora del Estatuto de Autonomía.

González de Legarra ha recordado que el PR siempre ha apoyado la creación y consolidación de la Defensoría, aunque su inicial “recelo” por la elección de Díez Jalón se ha convertido, tras el trabajo de ésta, en una apreciación de “acierto”, a la que ha felicitado por su labor, que ha calificado como “muy bien hecha”.

Ha defendido la utilidad y eficacia de la Defensoría y ha considerado como “precipitada”, “equivocada” y “restrictiva” de los derechos de los ciudadanos la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de suprimir esta institución en su territorio.

La Defensora ha relatado que la institución de la que es responsable, durante 2010, contabilizó 2.503 actuaciones, de las que 1.638 fueron consultas, 557 quejas, 28 procedimientos de oficio, 165 entrevistas personales y 115 charlas y conferencias.

Ha recordado que la Defensoría presentó un informe sobre el estudio de las consecuencias jurídicas del “blindaje” de las normas forales tributarias vascas en La Rioja, en el que se recomendó la presentación, por parte del Parlamento riojano, de un recurso de inconstitucionalidad.

Aspectos relacionados con la crisis económica, como la reducción de las retribuciones de los empleados públicos, el recorte “considerable” de la oferta de empleo público y la finalización de las prestaciones por desempleo han sido motivo de quejas y consultas ante la Defensoría.

También han ocupado un lugar importante las referidas a la aplicación de la Ley de Dependencia, el ruido medioambiental causado por la “tensión” entre el derecho al descanso y la diversión, la contaminación olfativa, el proceso de admisión de alumnos en los centros educativos y la comprobación de valores en los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Transmisión del Patrimonio.

Respecto a las 1.638 consultas planteadas en la Defensoría, un 9,48% del total se refieren a un asunto institucional; un 8,30% a bienestar social; un 7,33% a justicia y un 6,90% a trabajo y seguridad social.

Un 48,23% de las consultas registradas han aludido a aspectos vinculados a la administración autonómica; un 19,15% a lo local; y un 17,54% a la estatal.

Las 557 quejas contabilizadas el año pasado, que afectaron a 149 municipios riojanos se centraron, sobre todo en las áreas de función pública, con un 15,08%; medio ambiente, con un 14,36%; y bienestar social, con un 13,82%.