La Defensora resuelve a favor de pequeños propietarios del Camino Fuenmayor
La Defensora del Pueblo Riojano, María Bueyo Díez Jalón, ha resuelto a favor de los pequeños propietarios de fincas afectados por el Plan Parcial “Camino de Fuenmayor”, quienes no tienen la obligación de pagar las derramas que les exigen un pequeño grupo de promotores constituido en Junta de Compensación.
En una nota, la Defensora del Pueblo Riojano ha anunciado que se reunirá próximamente con la futura alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, para informarle sobre éste y otros asuntos pendientes, y para establecer vías de colaboración con el nuevo Gobierno municipal.
Más de 50 pequeños propietarios de fincas del “Camino de Fuenmayor”
acudieron a la Defensora del Pueblo Riojano el pasado mes de enero, solicitando su ayuda ante la falta de información por parte del Ayuntamiento de Logroño sobre la tramitación del Plan Parcial de urbanización de la zona.
Si se aprobase definitivamente este plan, todos los propietarios estarían obligados a financiar los costes de la urbanización, pese a que la iniciativa privada que lo promueve no representa a la mayoría de los dueños de los terrenos de la zona y que, dada la situación actual del mercado inmobiliario, parece difícil recuperar las inversiones.
Además, algunas de las empresas promotoras se encuentran en concurso de acreedores y otras han desaparecido, por lo que los afectados temen que no se disponga de los recursos económicos para ejecutar el plan.
En estas circunstancias, y sin estar formalmente constituida la Junta de Compensación, los promotores han estado exigiendo el pago de derramas -con un importe de 0,60 euros por metro cuadrado- a los pequeños propietarios a través de cartas enviadas a sus domicilios.
En cuanto a la exigencia del pago de derramas (no firmadas), la Defensora considera que, aunque no existe responsabilidad del Ayuntamiento, sí tiene el deber de informar a los propietarios de sus derechos y obligaciones.
En su resolución se indica a los afectados que, en el momento actual y hasta que no se constituya legalmente la Junta de Compensación -mediante acuerdo de los propietarios que representen más del 50 por ciento de la superficie afectada por el Plan-, no tienen obligación de pagar, ni puede ponerse en marcha el procedimiento de apremio sobre sus patrimonios en caso de impago.
Durante su investigación del caso, la Defensora constató que existen “dudas evidentes” sobre la viabilidad económica y técnica del Plan, y sobre la solvencia de las empresas promotoras.
El presupuesto estimado no recogió todas las necesidades de la urbanización, así, no incluyó la construcción de la subestación eléctrica que requeriría la zona.
El plan pretende obtener financiación a través de créditos concedidos por entidades financieras, pero sin contar con ningún compromiso por parte alguna de estas entidades.
Aún no se ha realizado el necesario informe de sostenibilidad para comprobar que, una vez realizada la urbanización, el Ayuntamiento puede asumir el coste de su mantenimiento.
Tampoco se han encargado otros informes técnicos, entre los que destaca el de inundabilidad por la situación del sector.
En la zona existen numerosas viviendas sin vender, así como parcelas ya urbanizadas que no se han llegado a ejecutar, lo que hace pensar que, con el estancamiento actual del mercado inmobiliario, no debe darse por supuesto que la inversión será rentable sin un estudio más profundo.
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