La lista de los 266 bienes inmatriculados por la Iglesia en La Rioja

La Iglesia católica de España inmatriculó “a la luz de la legalidad” un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015, según el listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno y enviado este martes 16 de febrero al Congreso de los Diputados. Una ley que permitió a la Iglesia registrar por primera vez como su propiedad.

En La Rioja, son un total de 266 los bienes inmatriculados, 130 de ellos templos o dependencias complementarias y 136 otros bienes como parcelas, solares, viviendas o locales. Del total, 250 cuentan con certificación eclesiástica y 16, con un título distinto.

Un amplio listado que puedes consultar aquí y en el que destacan las numerosas fincas, solares y huertas en Ezcaray, el municipio con más bienes inmatriculados.

“Las inmatriculaciones se han producido al amparo de una situación legal, otra cosa es que, a lo largo de los años, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el gobierno de Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad”, ha declarado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De las 34.961 inmatriculaciones, 20.014 corresponden a templos de la Iglesia católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y las 14.947 restantes se relacionan con otros usos: terrenos, solares, viviendas o locales, según ha concretado Calvo.

Además, 30.335 bienes fueron inmatriculados en virtud de certificación eclesiástica y en el caso de otros 4.626 bienes, la inmatriculación consta a otro título distinto, a título “bastante y suficiente para la demostración”.

A partir de la publicación de este listado, cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe, puede reclamar alguno de estos bienes, ya sea por “vía administrativa”, para que la Administración General del Estado abra la investigación correspondiente o por “la vía de los tribunales”.