La nueva Ley de Contratos garantiza la trasparencia en los procesos públicos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha afirmado que la nueva Ley de Contratos del Sector Públicos “garantiza la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procesos”, así como la “no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, aspectos fundamentales de la gestión pública”.

Ha sido en la inauguración del curso 'La nueva regulación de la contratación del sector público; fiscalización y enjuiciamiento por el Tribunal de Cuentas', que hasta el viernes se celebra en el Palacio de Justicia de La Rioja. Junto a De la Fuente en la apertura han participado el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de La Rioja, Miguel Escanilla, los decanos de los Colegios de Registradores y Notarios, Pilar Oliva y Carmelo Prieto, respectivamente, y el directo del curso, José Manuel Suárez.

En su intervención, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha destacado la aprobación de la nueva Ley de Contratos de Sector Público, cuya entrada en vigor ha sido en marzo de este mismo año. Con ello, la contratación pública se configura como “un instrumento básico para conseguir en el mercado interior un crecimiento inteligente, sostenible, integrador, garantizando un uso de los fondos público con mayor racionalidad económica”, y se encamina a “incrementar la eficacia del gasto público y facilitar la participación de las pymes en la contratación pública”.

Además, ha señalado que se trata de “simplificar los trámites, a desarrollar sistemas más eficientes, transparentes e íntegros para un mejor cumplimientos de los objetivos públicos”, así como “impulsar que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo a los objetivos sociales, comunes y conseguir una mejor relación calidad-precio”.

De la Fuente también ha indicado que “en conexión con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y el control del gasto, y el principio de integridad, la Ley persigue una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación mediante la exigencia de una definición previa de las necesidades a satisfacer, con la salvaguardia de la competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

Recomendaciones

El Tribunal de Cuentas insiste en que es necesario “dotar de más transparencia a la contratación, justificar la misma de la mejor manera posible, contar con informes económicos, estudios de coste o de mercado que avalen razonadamente los presupuestos y la sostenibilidad de lo contratado”.

Además ha destacado que hay que “emplear un mayor rigor en las fases de planificación, de preparación y de tramitación de los expedientes de contratación, y tener mayor vigilancia y control más estricto en la ejecución de los contratos, hasta imponer penalidades que sean necesarias por retraso o incumplimientos”.

Avance rendición de cuentas

Por su parte, el presidente riojano ha apuntado, en su intervención, que la nueva Ley de Contratación del Sector Público responde a la necesidad de dar mayor publicidad al proceso, simplificar los trámites e incrementar los controles. Asimismo, ha afirmado que las resoluciones y aportaciones del Tribunal de Cuentas han contribuido a “reforzar la transparencia y a avanzar en la rendición de cuentas al conjunto de la sociedad”.

En este sentido, ha explicado que las recomendaciones que formula en los informes de fiscalización “aportan no solo una evaluación crítica sino también una guía esencial para la toma de medidas de mejora de la praxis administrativa” en los departamentos del Gobierno de La Rioja. “La presencia de un control externo y de garantías nos ha ayudado a mejorar y a avanzar en términos de rigor, eficacia y transparencia”, ha asegurado José Ignacio Ceniceros.

Para concluir, Ceniceros ha indicado que La Rioja ha sido una de las primeras comunidades integradas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, “por lo que los licitadores riojanos acceden ya al procedimiento simplificado convocado por cualquier poder adjudicador de España”.