La Rioja registró el año pasado más de 3.800 accidentes laborales, siete de ellos mortales

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha impulsado una reunión de coordinación entre las distintas administraciones y entidades públicas para luchar contra la siniestralidad laboral. En 2020, se produjeron 3.820 accidentes de trabajo en La Rioja, de ellos 7 mortales -6 durante la jornada de trabajo y 1 in itinere-. En 2019, fueron 4.625 los accidentes laborales, 5 de ellos mortales -4 durante la jornada de trabajo y 1 in itinere-.

Tras la reunión celebrada este martes, la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán, ha señalado que “es una prioridad para los poderes públicos llevar a cabo acciones pertinentes para garantizar el derecho de los trabajadores a la vida y al desempeño de su trabajo en condiciones de seguridad y salud adecuadas, destinando todos los medios disponibles para luchar contra los elevados índices de siniestralidad existentes”.

Marrodán ha explicado que “desde Delegación de Gobierno hemos querido impulsar una reunión para tratar el tema de la intervención en los casos de accidentes laborales graves, de la ejecución de sentencias y de cómo se trabaja ante estas situaciones que nos preocupan”.

En la primera reunión para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias han participado, además de Marrodán, Ignacio Arreche, director general de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales Gobierno de La Rioja, y miembros de la Fiscalía, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que estos últimos actúan como policía judicial en los casos de accidentes graves.

La delegada de Gobierno ha manifestado que “se ha impulsado este encuentro en un intento de analizar los posibles aspectos de mejora en el tratamiento de estas situaciones y generar elementos de coordinación y diálogo permanente entre las diferentes administraciones implicadas con el fin de dar una mejor respuesta en los casos de siniestralidad laboral”.

Asimismo, ha concretado que se ha incidido en la necesidad de la prevención para desarrollar el trabajo en condiciones seguras y sin poner en riesgo la salud ni la

vida de los trabajadores. “Es necesario promover esa cultura de la prevención para que tanto las empresas como los trabajadores asuman su parte y se pueda desarrollar el trabajo de forma segura”,

ha añadido.

Por otro lado, ha aclarado que “la coordinación y comunicación entre los organismos implicados es cercana y existe un contacto estrecho entre ellos, pero hay que ahondar en más mecanismos de colaboración para detectar esos espacios de mejora”. Para ello, ha anunciado que en esta primera toma de contacto de las administraciones dedicadas a la salud laboral se ha acordado convocar una reunión cada seis meses para compartir información concreta, analizar cuál es la situación

en La Rioja y avanzar en ámbitos específicos de coordinación.

Además, Marrodán ha explicado que “es preciso que los poderes públicos desarrollen una eficaz actuación encaminada a evitar que se produzcan los accidentes laborales y la impunidad de los sujetos responsables del mismo, articulando una respuesta satisfactoria cuando se ha producido un resultado lesivo”.

La delegada ha concretado que debe garantizarse que la investigación se realice del modo más eficaz posible, recabando los datos necesarios para la instrucción del oportuno procedimiento judicial y preservando la integridad de las pruebas.

Por todo ello, ha puntualizado que “el objeto de esta reunión ha sido analizar los problemas o deficiencias que puedan existir en este momento, así como para proponer soluciones o mejoras a los procedimientos actuales, con el fin de intensificar la cooperación y coordinación entre las distintas instituciones que intervienen en la investigación de los accidentes de trabajo y establecer canales de comunicación ágiles entre las partes para garantizar la investigación eficaz y rápidade los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias”.