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“Las acusaciones de Abogados Cristianos son una falsedad y difamación intolerable”

"Las acusaciones de Abogados Cristianos son una falsedad y difamación intolerable"

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La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha comparecido hoy de forma urgente para responder a la demanda anunciada esta misma mañana por el colectivo Abogados Cristianos contra el consejero de Educación y otras personas por la polémica creada por ellos mismos en torno a la actividad de educación en materia afectivo sexual en el colegio Vicente Ochoa de Logroño.

“A las riojanas y riojanos, padres y madres, que las acusaciones realizadas esta mañana por un colectivo ultraconservador contra el consejero, el equipo directivo de un centro docente y contra profesionales de la educación constituyen una falsedad y difamación intolerable”, ha comenzado Andreu.

Ha continuado señalando que “toda la educación impartida en La Rioja cuenta con todas las garantías legales. La amenaza de emprender acciones legales con el único fin de amedrentar supone un ataque directo al derecho constitucional de libertad de cátedra y este gobierno no va a consentir ninguna acción en contra”.

Ha querido ser breve para “no dar más importancia a esta gente ultraconservadora que sólo quiere hacer ruido”. “No os amedrentéis, vuestro compromiso y vuestro trabajo son fundamentales para el progreso de esta tierra y sus ciudadanos y por eso el Gobierno de La Rioja os va a defender de todos los ataques infundados que recibáis de colectivos extremistas sólo por hacer bien vuestro trabajo”, ha defendido la presidenta de La Rioja.

A la vista de las “acusaciones infundadas”, se han puesto las mismas en manos de los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja. Ha concluido diciendo que este gobierno defenderá siempre a los docentes y profesionales.

También el consejero de educación, Luis Cacho, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la sociedad y las familias riojanas. “Los mensajes malintencionados sólo pretenden desestabilizar el clima en la sociedad educativa”, ha continuado.

Respecto al PIN parental al que hacen referencia estos colectivos, la consejería ha señalado que los centros están obligados a recogerlo y será la consejería la que dará respuesta a las familias que quieran reclamar algo pero, estimando que no tienen derecho a esa elección y al consentimiento expreso que solicitan para los padres en materia de educación sexual.

Estos colectivos hacen referencia al artículo de la Constitución que habla del dercho a la libertad en la educación religiosa y moral, “la moral que dice lo que se debe y no se debe hacer, esto no es la educación sexual que ofrecemos a nuestros jóvenes que es todo lo contrario, se imparte para lo que dice el artículo anterior, para el desarrollo de la personalidad, de la que forma una parte importante la libertad afectiva y sexual, para garantizar esta libertad es para lo que se hace esta formación”.

“La educación sexual no es una cuestión moral sino una materia para el desarrollo de las libertades”, ha subrayado. Asimismo, ha señalado que la programación de actividades complementarias de los centros son elaboradas por profesionales y supervisadas por todo el centro y los equipos de valoración psicopedagógica de la comunidad. “Todo esto que dicen son bulos malintencionados”, ha añadido.

En cualquier caso, para las familias que no estén de acuerdo con este tipo de educación, el consejero ha apelado a la libre elección de centro porque “cada centro es libre de elegir su proyecto educativo y cada familia es libre de elegir qué centro se ajusta a sus necesidades, pero no tienen derecho a solicitar la educación que se imparte en un centro, ni ha recibir una información u otra o si sus hijos deben asistir o no a estas actividades porque las actividades complementarias son de participación obligatoria”.

Con todo ello, el consejero ha insistido en el apoyo incondicional del Gobierno a la comunidad educativa riojana, el apoyo y tranquilidad a las familias demandando sus confianzas en el sistema educativo riojano y en el derecho del Gobierno a responder jurídicamente a este tipo de demandas “infundadas y calumniosas”.

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