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Las atenciones del Defensor al Profesor crecen un 40% en un año en La Rioja

Las atenciones del Defensor al Profesor crecen un 40% en un año en La Rioja

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El Defensor del Profesor de La Rioja atendió en el pasado curso académico 22-23 un total de 18 casos, lo que supone “un incremento notable” de incidencias con respecto al anterior cuando se contabilizaron 11. Como ha explicado el responsable del servicio, Andrés Toledo, “los motivos son variados pero se demuestra un deterioro en la convivencia de los centros y, a su vez, una mayor conciencia del profesorado para denunciar este tipo de situaciones”.

Entre la problemática más detectada este último año, Toledo ha explicado que “hemos detectado que la tendencia es ir hacia una violencia más sutil. No ha habido agresiones físicas, o al menos no nos han llegado, pero sí que hay más faltas de respeto, falsas acusaciones, presiones por las calificaciones... es un tipo de violencia que no se ve y el profesorado ve más difícil defenderse”. “Al profesorado se le cuestiona todo”, ha indicado el responsable.

ANPE ha presentado este jueves su informe anual del 'Defensor del Profesor' del curso 2022-2023. El Defensor del Profesor es un servicio pionero creado por el sindicato ANPE en 2005 en la Comunidad de Madrid, que se halla presente también en el resto de comunidades autónomas y en todo el ámbito nacional desde 2006.

Atiende de forma gratuita y anónima a cualquier docente de niveles no universitarios en los conflictos que se le presenten derivados del ejercicio de su profesión, independientemente de su origen (familias, alumnado, profesorado, administración) ya que, con frecuencia, no existen medios ágiles para atajar estas situaciones ni cauces adecuados que los docentes puedan emplear para afrontar estos conflictos con éxito.

Los objetivos de este servicio son:

  • Contribuir a la resolución de situaciones conflictivas en los centros educativos.
  • Asesorar, ayudar e informar a los docentes en riesgo.
  • Recopilar casos y elaborar informes que analicen las causas de los conflictos y su incidencia
  • Exigir a las Administraciones competentes que adapten la normativa vigente a las necesidades reales de los centros educativos y del profesorado.
  • En definitiva, mejorar la convivencia escolar y la calidad educativa.
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