Las tierras de los Quechua, en peligro
El pueblo indígena quechua ecuatoriano Sarayacu teme por su tierras y acusa al estado de dar sus tierras en régimen de concesión en 1996, a una empresa petrolera argentina sin consultar al pueblo. Por ello pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que proteja sus tierras sagradas y su identidad cultural.
En la audiencia que comenzó este jueves han declarado el líder espiritual de la comunidad Sarayacu, Santiago Gualinga, y la líder femenina, Patricia Gualinga, que en nombre de todo el pueblo han denunciado la llegada de la argentina Compañía General de Combustibles (CGC) en 2002, que les ha causado daños ambientales y afectado negativamente a su vida cotidiana.
El caso se remonta a 1996, cuando el Gobierno ecuatoriano otorgó una concesión para la exploración y explotación petrolera a la CGC en tierras del pueblo Sarayacu, pero sin consultar a esa comunidad de 1.200 habitantes ubicada en la amazonía ecuatoriana. Además, según la demanda, en 2002, con ayuda del ejército, se colocaron alrededor de 1,4 toneladas de explosivos en la selva justificándolos como trabajos de exploración, de los cuales, algunos fueron detonados y otros se mantienen enterrados, esto supone un riesgo para los habitantes del pueblo, que ya no pueden cazar ni moverse por la selva, que consideran tierra sagrada.
El líder espiritual de la comunidad agregó que con la lucha contra la petrolera pasaron cuatro años sin realizar festividades tradicionales en las que los jóvenes aprenden cantos, bailes y pinturas, y que muchos tuvieron que dejar de trabajar para proteger el territorio.
Por su parte, la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía, afirmó que esta demanda busca proteger la identidad cultural y la forma de vida de las poblaciones indígenas , y garantizar que se les consulte.
Por otro lado, el Estado se ha protegido y ha presentado como testigo al indígena David Gualinga, quien ha asegurado que la empresa petrolífera realizó una consulta a diversas comunidades indígenas ecuatorianas y que la mayoría estuvo de acuerdo con la exploración petrolera. También ha acusado a la comunidad Sarayacu de actuar con violencia contra otros pueblos que apoyaron esa explotación.
En 2010 el Gobierno ecuatoriano rescindió el contrato con la petrolera que no pudo concluir sus obras debido a la frontal oposición de la comunidad indígena que les ha impedido de manera constante poder elaborar su trabajo. Aunque estas obras estén paralizadas, el pueblo Sarayacu afirma que el Gobierno pretende dar en concesión de nuevo los yacimientos petroleros en sus tierras.
La audiencia terminará mañana sábado con los alegatos finales de ambas partes y el fallo de los jueces podría estar dispuesto para este mismo año.
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