El Ayuntamiento recurrirá la sentencia al Tribunal Supremo

El equipo de Gobierno recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Logroño contra la declaración de interés supramunicipal del proyecto de recalificación del Monte El Corvo para la construcción de 3.000 viviendas, lo que el Gobierno regional del PP llama 'ecociudad'.

El fallo conocido esta mañana “no valora la idoneidad del proyecto”, ya que como reconoció recientemente el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Antonino Burgos, “aún no existe”, indicó el Ayuntamiento en un comunicado. La sentencia apunta tan sólo que el Gobierno regional ha seguido los trámites para realizar una declaración de interés supramunicipal, pero apunta que “no puede posicionarse” sobre si el proyecto 'Ecociudad Monte El Corvo' se ajusta a los condicionantes establecidos por la Ley, ya que el desarrollo del proyecto no existe.

El Ayuntamiento acata el fallo, pero entiende que “no es lógico que un proyecto que afecta a un municipio que acoge a más de la mitad de la población de la Comunidad Autónoma de La Rioja no pueda participar en una decisión que le afecta de forma esencial, única e irreparable, ya que supone la destrucción de un paraje protegido medioambiental y paisajísticamente”.

Por ese motivo, el equipo de Gobierno ha decidido presentar recurso ante el Tribunal Supremo.

Del mismo modo, el Ayuntamiento “no entiende las incoherencias del Gobierno regional”. Siempre ha dicho y lo mantiene que la 'ecociudad' forma parte de la política de lucha contra el cambio climático, que va a ser un ejemplo de sostenibilidad energética y que encima va a ser la mayor promoción de VPO de La Rioja, pero hace tan sólo diez días “paraliza el proyecto2. Si el proyecto es tan bueno y excelente ”¿Por qué lo paraliza? ¿A qué tiene miedo? Más bien, todos esos argumentos forman parte del absolutismo y de la forma de actuar irregular de la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, respaldada por la complicidad del presidente Sanz y el consejero de Vivienda, Antonino Burgos“.