El sindicato de policía SPPME exige la destitución de Miguel Sainz

El sindicato SPPME de Logroño ha solicitado la comparecencia de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y la destitución inmediata de Miguel Sainz como concejal de Interior “por los graves daños producidos a la imagen de la Policía Local”.

Como han indicado en un comunicado, el pasado mes de febrero, los diferentes grupos políticos que forman la oposición en el Ayuntamiento de Logroño formularon una denuncia respecto al uso fraudulento del multacar para beneficiar los intereses privados de la empresa que gestiona el parking central Gran Vía. Según denunciaban, responsables de la empresa habían mantenido comunicación con Miguel Sainz, quien a su vez había dado directrices al comisario jefe de la Policía Local de Logroño, Fernando Fernández Beneite, para modificar la ruta del multacar y centrarse en las calles “que más perjudican” al citado parking.

“Debido a esta denuncia, a las vagas explicaciones ofrecidas publicamente por el concejal y portavoz del PP en Logroño y tras haber podido comprobar cómo no se trataba de una simple queja vecinal, de las que se atienden de igual manera, sin ningún tipo de favoritismo”, desde la Sección Sindical del SPPME Logroño han solicitado una reunión urgente con la alcaldesa de Logroño.

Este jueves, representantes del sindicato han mantenido una reunión con Sainz en la que, “lejos de mostrar arrepentimiento, reconocer haber cometido un error o tan solo mostrar un atisbo de humildad en aras de encontrar solución al problema planteado, se ha mostrado altivo, poco dialogante e irremediablemente intransigente, actitudes a las que ya estamos acostumbrados por su parte”.

Aseguran que no ha ofrecido “justificación alguna” para realizar el cambio en el servicio y que no ha explicado por qué, si se trataba del tratamiento normal dado a cualquier queja, tras la denuncia de estos hechos se ha retornado al sistema anterior, dejando desatendidos los intereses del parking o, dicho de otra forma, “por qué esta queja sólo ha sido atendida hasta la publicación de la existencia de un correo electrónico entre la responsable del parking y él mismo”.

Tampoco ha dado ninguna explicación al “hecho de no hacer ningún caso a los mandos policiales mientras el funcionamiento del multacar parece basado en intereses privados. No ha explicado por qué, con este equipo de Gobierno, ”parkings de titularidad o explotación privada se convierten en empresas más rentables mediante la inyección de dinero público como en el dedicado al nuevo depósito municipal de vehículos o el lamentable tratamiento dado a los usuarios del estacionamiento del Hospital San Pedro, o, como el caso que nos ocupa, usando a la Policía Local para aumentar los ingresos del parking“. Sus servicios jurídicos están estudiando qué acciones legales se deben emprender y si puede constituir un delito de cohecho.